En todo caso, se trata de unos Presupuestos que mantienen la fracasada política de austeridad y de recortes de años anteriores (priorizan la corrección del déficit y el pago de los intereses de la deuda pública -que se contabilizan en 35.519 millones de euros- en lugar de promover la inversión y las políticas sociales). Por lo tanto, no son los Presupuestos adecuados para reactivar la economía, crear empleo, mejorar el funcionamiento de los servicios públicos y proteger a los más desfavorecidos.

En este contexto político y social destacan en concreto cuatro medidas de profundo calado económico y social aprobadas por el Gobierno: la congelación por quinto año consecutivo de las retribuciones de los funcionarios públicos (acumulan una pérdida de poder adquisitivo que ronda el 20%), junto a una nueva destrucción de empleo público (según la FSP-UGT, la tasa de reposición pasa del 10% al 20%, pero sólo en los servicios públicos esenciales, por lo que de 100 empleos a reponer el Gobierno destruye 80); el aumento ridículo de las pensiones en un 0,25% para el próximo año (perderán poder adquisitivo con una previsión de inflación del 0,6%); el fuerte recorte de la financiación de las prestaciones por desempleo (cuando hay más de 3,5 millones de desempleados, según la EPA, sin ayuda) así como del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), que sufrirá una caída del 22,6%; y, finalmente, los escasos recursos destinados a políticas activas de empleo, destinadas sobre todo a subvencionar a las agencias privadas de colocación y a bonificar, una vez más, a las empresas por la contratación de trabajadores. Estas limitaciones del gasto público confirman la contradicción y el desatino del Gobierno al mantener la reducción de impuestos, de manera especial a las rentas más altas y a las grandes empresas, cuando la situación demanda aumentar los ingresos fiscales y perseguir, sobre todo, el fraude fiscal y la economía sumergida.

A todo ello hay que añadir el fuerte compromiso del Gobierno por continuar con la devaluación salarial, a pesar de las conclusiones del estudio de la OIT en el que se descalifica dicha devaluación salarial. El informe final es concluyente: la devaluación salarial excesivamente prolongada resulta insostenible en términos sociales (es injusto que los trabajadores paguen exclusivamente el costo de la crisis) y económicamente hablando representa un error, por su fuerte y negativa repercusión en el consumo, en el crecimiento de la economía y finalmente en el empleo. Con la publicación de este estudio resulta aún más incomprensible el empecinamiento del Gobierno en congelar las retribuciones de los empleados públicos y el Salario Mínimo Interprofesional.

Lo más preocupante de estos hechos es que la ciudadanía no ve salida a la situación actual y está instalada en la desilusión y en la desesperanza, al comprobar de nuevo que los PGE-2015 no contemplan ninguna medida relacionada en concreto con la creación de empleo (el pronóstico del director general de la OIT, Guy Ryder, recogido por El País el pasado 6 de octubre, es que con estas políticas hay que esperar al año 2023 para alcanzar el desempleo vigente en el 2007), por lo que no es extraño que haya pasado muy desapercibida su presentación para la opinión pública. Existe el convencimiento de que el actual Gobierno no tiene ninguna capacidad política, dialéctica, ni de presión para convencer a la señora Merkel de que la actual política de austeridad puede ser soportable para Alemania, pero no para España, con índices de desempleo intolerables que nos sitúan a la cabeza de los países de la OCDE.

A ello hay que añadir que el reparto del costo de la crisis es injusto e insolidario. Por eso están aumentando considerablemente las desigualdades y la pobreza (según UGT, el 27,3% de la población está en riesgo de pobreza y este riesgo se eleva a cerca del 40% en los desempleados), lo que termina por indignar a la ciudadanía que, por otra parte, observan con estupor claros incumplimientos programáticos, casos frecuentes de corrupción, sueldos desorbitados y abusos escandalosos de todo tipo. Los últimos ejemplos conocidos de Gallardón (8.500 euros brutos mensuales, coche, secretaria y despacho), así como el uso indiscriminado y abusivo de tarjetas de la antigua Caja Madrid (un auténtico expolio) resultan particularmente lacerantes e incomprensibles para la ciudadanía, con el agravante de que estas noticias se han conocido en un contexto de crisis económica y social generalizada.

Tampoco la socialdemocracia en la Unión Europea está demostrando que es capaz de modificar la actual política económica y social y se limita a convivir con la derecha neoliberal en el poder, como ocurre en Alemania, donde la socialdemocracia ha conseguido unas migajas en el Gobierno de coalición a cambio de legitimar la política de la señora Merkel y renunciar a defender una política progresista y claramente diferenciada de la derecha en el marco de la Unión Europea, lo que ha terminado por repercutir muy negativamente en los partidos socialdemócratas de los países del sur de Europa en su intento de presentar alternativas diferenciadas a la derecha neoliberal y de recuperar la credibilidad y confianza perdida de los ciudadanos.

Por otra parte, la izquierda alternativa a la socialdemocracia europea carece por el momento de una relación de fuerzas favorable y, por lo tanto, su capacidad para cambiar las cosas es prácticamente nula, al margen de las protestas y críticas aceradas denunciando la supeditación de la democracia a los intereses de los acreedores (fundamentalmente alemanes) y de la banca internacional y de que pueda llegar a gobernar en Grecia (el movimiento emergente Syriza), después de la celebración de sus futuras elecciones generales, con un programa de gobierno que previsiblemente pondrá en entredicho el pago total de su deuda pública que, debemos recordar, soporta en un 10% nuestro país.

A pesar de todo ello, el acierto de los dirigentes de la izquierda alternativa en el diagnóstico de la actual situación económica y social es notable. Además, han demostrado suficientemente que tienen una fuerte capacidad para conectar con los medios de comunicación de masas, lo que les está garantizando que se hable con reiteración de este fenómeno cuyo ejemplo más significativo en España es el grupo emergente Podemos -según muchos de marcado carácter populista-, que nace en un contexto favorable por el desplome de la socialdemocracia y el desprestigio de los distintos gobiernos. Debemos recordar también que estos movimientos emergentes se alimentan de los efectos negativos de las políticas de austeridad (que son auténticas fábricas de generar populismos), de una amplia corrupción insuficientemente combatida (impunidad consentida), de los incumplimientos programáticos de los Gobiernos de turno y de las carencias y errores del principal partido de la oposición (PSOE) en su etapa anterior de Gobierno.

Por último, los sindicatos presentes en la Confederación Europea de Sindicatos (CES) tampoco cuentan con instrumentos capaces de cambiar la política económica y social y, por lo tanto, conviven con la actual situación en su apuesta por limitar daños, esperando que la situación mejore. Mientras tanto se hacen llamamientos a la movilización social (el último el 7 de octubre, Día Mundial del Trabajo Decente) en defensa principalmente de un trabajo seguro y de mejor calidad y de reforzar la protección social de los más desfavorecidos por los efectos de la crisis.

Por su parte, en España, UGT y CCOO se afanan en mantener el diálogo social, a pesar de unos PGE-2015 que no facilitarán los acuerdos, como tampoco lo harán la reforma laboral y la proclamada reducción de impuestos. A pesar de esta objetiva dificultad, el propósito no es otro que arrancar un Plan de Choque por el Empleo dirigido prioritariamente a los jóvenes (muchos de ellos obligados a exilarse para encontrar un empleo) y a los parados de muy larga duración; mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores; extender la prestación por desempleo a los desempleados sin cobertura; aumentar la dotación económica dirigida a las políticas activas de empleo; garantizar unos servicios públicos de calidad; y, finalmente, acordar una renta mínima garantizada para atender a los cerca de 740.000 hogares que no tienen ningún tipo de ingresos y en los que viven nada menos que 1,4 millones de personas. En definitiva, recuperar los logros y derechos adquiridos (y expropiados) después de decenas de años de lucha para mejorar las condiciones de trabajo.

Por eso, ¿a quién le puede extrañar que en la actual situación aparezcan movimientos sociales emergentes (al margen de los partidos políticos tradicionales) y que la ciudadanía se movilice? Pensándolo bien, es lo mejor que nos puede ocurrir en la situación actual como alternativa a la abstención y al desprestigio de la política. Ello demuestra que la sociedad civil, y en particular los jóvenes, mantiene su capacidad de respuesta y que por lo tanto hay esperanza y capacidad para construir a medio y largo plazo un mundo más justo y sostenible en términos sociales y medioambientales.

No debemos olvidar que lo que está ocurriendo no es una fatalidad sin remedio. Se trata, lamentablemente, de las consecuencias intolerables de una política económica encaminada a defender los intereses de unos pocos (acreedores) en detrimento de la gran mayoría de la ciudadanía. Esto se hace, además, con total impunidad y prescindiendo, en muchos casos, del ejercicio de la propia democracia.