La presentación de los PGE ha estado precedida de una fuerte campaña mediática del Gobierno, encaminada a trasladar a la opinión pública la imagen de que estos presupuestos representan el principio de la recuperación económica en nuestro país. Sin embargo, a pesar de los denodados esfuerzos del Gobierno, estos presupuestos no están generando ninguna ilusión en la ciudadanía, ni se espera que resuelvan los problemas derivados de la crisis; simplemente porque las cifras demuestran que estamos ante unos presupuestos continuistas y plenamente coherentes con las directrices de la UE y del FMI, que tienen como objetivo la corrección del déficit y el pago de la deuda pública; todo ello a través de una drástica política de austeridad: lo primero es corregir el déficit y pagar los intereses de la deuda.
Por lo tanto, el empleo debe esperar, como si eso fuera posible en términos económicos y sociales: sin empleo no hay ingresos fiscales y, por lo tanto, no hay inversión ni crecimiento económico; y, sin crecimiento tampoco podremos pagar los intereses de la deuda pública (cercana al 100% del PIB), las pensiones, las prestaciones por desempleo y las políticas sociales (dependencia). A pesar de estos poderosos argumentos, el Gobierno sigue empecinado en defender las políticas de ajuste en detrimento de los más débiles, como se viene haciendo a lo largo de la crisis, con los resultados que ya conocemos: desempleo, precariedad, marginación, desigualdad, pobreza y conflictividad social; mientras esto ocurre, continúan las transferencias de renta del trabajo al capital, la falta de transparencia del rescate bancario, la congelación del crédito a familias y empresas, el fraude fiscal y la economía sumergida; con el agravante de que los ricos son cada vez más ricos, a pesar de que algunos de sus más preclaros representantes manifestaron, al comienzo de la crisis, que había que refundar el capitalismo.
Los PGE para el 2014 insisten en la devaluación interna, a pesar de las impertinencias del ministro Montoro. Nuevamente se congelan las retribuciones de los empleados públicos y, por lo tanto, de nuevo perderán poder adquisitivo, acumulando una pérdida de más del 20% en los últimos cuatro años y un 39,5% desde 1982 (El País, 26 de septiembre de 2012), además de establecer la tasa de reposición en un 10% (tan sólo se cubre una de cada diez bajas en la Administración Pública, con el agravante de que en el último año y medio se han perdido, según UGT, 290.000 empleos en el sector público).
También se congela el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), con repercusión directa en las rentas más bajas (subsidio asistencial, becas, ayudas ), lo que consolida una pérdida acumulada del 7,7% desde 2009. Lo mismo puede ocurrir con el Salario Mínimo Interprofesional (el Gobierno tomará la decisión próximamente sin atender a las reivindicaciones sindicales) que acumula un descenso del 6,1%, desde 2010, lo que representaría un nuevo atropello a los más desfavorecidos por la crisis. A todo ello hay que añadir la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, para reducir el déficit (como lo ha confirmado, incluso, el CES, con el voto de los empresarios), no para garantizar la sostenibilidad de las pensiones como reitera sin fundamento y rigor el Gobierno, lo que no deja de representar un nuevo ataque a la inteligencia. Por último, la inversión pública se desploma con los efectos negativos que ello tiene en el conjunto de la economía y, particularmente, en el empleo, con el agravante de que también disminuye el gasto dedicado a las políticas activas de empleo.
Estas son las razones y los argumentos del conjunto del movimiento sindical que se escucharon en el congreso del Metal, Construcción y Afines, oponiéndose a los PGE y denunciando una política que no da ninguna respuesta a los seis millones de trabajadores desempleados. Por eso, resulta comprensible la denuncia nítida y contundente que hacen los sindicatos y el anuncio de nuevas movilizaciones en el marco de la Confederación Europea de Sindicatos (CES); no debemos olvidar que representan la última trinchera, el último baluarte de la izquierda, para frenar el agresivo avance de las políticas más reaccionarias que pretenden instalarse para siempre al abrigo de la crisis que estamos sufriendo. El último baluarte también para defender los logros sociales (Estado de Bienestar Social), que ahora se están eliminando y por los que lucharon miles de militantes obreros en defensa de la causa de los trabajadores.
En la actualidad, nadie duda de que, en las empresas donde están presentes los sindicatos, los trabajadores tienen mejores condiciones de trabajo. Nadie duda de su representatividad, ni de que son imprescindibles en la negociación colectiva y en la concertación social, ni de que les ampara la Constitución, ni de que defienden a todos los trabajadores sin discriminación de ningún tipo -no solamente a sus afiliados-, a pesar de que no paguen ningún dinero directamente por la intervención sindical.
A pesar de ello, el Gobierno viene actuando sistemáticamente contra ellos. Lo primero que ha hecho es enterrar el diálogo, la concertación social y, recientemente, el Pacto de Toledo. Además, ha vaciado de contenido la negociación colectiva y ha fomentado el miedo y la resignación, utilizando para ello la crisis económica, el desempleo, la precariedad de nuestro mercado de trabajo y el desequilibrio a favor de los empresarios, que produce la tan denostada reforma laboral. En segundo lugar, los sindicatos (víctimas de una feroz campaña antisindical de marcado carácter ideológico, que ha derivado en una auténtica causa general contra ellos) han visto sustancialmente reducidas las ayudas públicas (en todo caso, menores de las que reciben los sindicatos en los países más avanzados de la UE), que venían recibiendo por su participación en la formación, en la negociación de las condiciones de trabajo y por su presencia en las instituciones del Estado relacionadas con el empleo, la sanidad, la educación, la seguridad social, la salud laboral, la igualdad, la tercera edad…
Por si fuera poca la contribución responsable de los sindicatos a la solución de la crisis, conviene recordar también la reciente historia (transición democrática) y, particularmente, su pleno compromiso con la libertad, la democracia, la modernización de las estructuras económicas, el pleno empleo, la lucha contra la inflación, la reconversión industrial (naval, siderurgia, textil, línea blanca ) y la flexibilización de nuestro mercado de trabajo. Los mismos que participaron en esa política de responsabilidad son los que ahora reclaman prioritariamente medidas audaces que apuesten por un empleo decente y con derechos, así como defienden una política industrial competitiva y una mano de obra altamente cualificada, integrada en un nuevo modelo productivo que sea capaz de competir a través de la tecnología, la investigación, la organización del trabajo y la fabricación de productos con alto valor añadido. Son también los mismos que exigen mantener el Estado de Bienestar Social: servicios públicos, pensiones, prestaciones por desempleo y dependencia.
Dicho esto, sería iluso desconocer que la fuerte campaña antisindical (con fuerte proyección mediática) se ampara en algunas críticas que se vienen haciendo a su acción sindical (defensiva ante la crisis y encaminada a limitar daños) y en las denuncias contra los sindicatos por financiación irregular y facturas falsas, que no han sido suficientemente explicadas; por eso, el conjunto del movimiento sindical debe abrir un proceso de revisión a fondo de su acción sindical, de su política organizativa y de su financiación a todos los niveles, que trate de mejorar su relación de fuerzas y adaptarse a una nueva situación cambiante.
No podemos olvidar que el Gobierno ha roto el diálogo social, lo que hace imposible que los sindicatos desarrollen la negociación colectiva a partir de grandes acuerdos, sobre todo después del fiasco del acuerdo salarial (AENC, 2012-2014) y del último acuerdo de pensiones. Como consecuencia, no hay otra alternativa que llevar la acción sindical a la empresa y hacerlo a partir de la negociación colectiva de ámbito estatal, regional o provincial en los sectores de producción y servicios (negociación articulada). El ámbito de la acción sindical debe presidir la política organizativa que, en todo caso, debe estar empeñada en aumentar la afiliación, la representatividad en la empresa y la participación de los trabajadores en las estructuras internas del sindicato (democracia interna y superación de los riesgos de burocratización), lo que exigirá el uso eficaz y justificado de las horas sindicales, que reconoce el Estatuto de los Trabajadores (ET), para llevar de manera organizada el sindicato a las pequeñas empresas (incluso, a las microempresas), donde actualmente el movimiento sindical está muy poco presente. En definitiva, la pretensión no es otra que desarrollar un sindicalismo de base con capacidad para financiarse, prioritariamente a través de la cuota, aprovechando el trabajo militante y la acumulación de las horas sindicales contempladas en el ET.
Mientras tanto -si finalmente se demuestra algún tipo de irregularidad-, hay que depurar responsabilidades actuando con rapidez, transparencia, contundencia y ejemplaridad. En coherencia con ello, la investigación externa que se está llevando a cabo -en el caso de UGT- debe condicionar las actuaciones a seguir, que no deben descartar la exigencia de medidas disciplinarias, la colaboración decidida con la justicia y con las Administraciones Públicas, además de la devolución de dinero si procede.
Estas severas medidas pretenden evitar que se alimenten dudas sobre el compromiso de los sindicatos con los trabajadores y menos que se comparen sus cuentas con los casos probados de financiación ilegal y de corrupción generalizada en torno al partido que gobierna (PP) -que está produciendo vergüenza y escándalo en la ciudadanía-, simplemente porque sus actuaciones están a años luz de esas prácticas corruptas. A pesar de ello, hay que eliminar la sensación de que estamos ante casos similares o de que se quiere tapar algún tipo de irregularidad, como divulgan personas y medios de comunicación interesados y comprometidos a fondo con la campaña antisindical.
Finalmente, en este marco, hay que fortalecer aún más la autonomía de los sindicatos (sin descartar la convergencia estratégica con la izquierda, que la situación demanda) en relación con todos los gobiernos y, sobre todo, con los empresarios. También la unidad de acción sindical en un contexto particularmente difícil para los sindicatos. Ello resulta imprescindible a la hora de movilizar a trabajadores y ciudadanos contra una política que está produciendo efectos devastadores en el Estado de Bienestar Social y, particularmente, entre los más desfavorecidos; todo ello se agrava considerablemente porque compromete seriamente nuestro futuro y el de nuestros jóvenes.
