Pero en los nuevos documentos los discursos y políticas siguen siendo los mismos, propugnando las mismas políticas que desde diciembre de 2011 está aplicando el Gobierno popular, pese a que con estas políticas espere que siga creciendo el paro, este año, y que en el año 2015 se encuentre por encima de las cifras que encontraron en el 2011; a que el déficit no se haya reducido (en términos homogéneos y comparativos, el déficit de España, en 2011, era del 9,4% y en 2012 ha sido del 10,6%, con un incremento de más de un 12%, según las cifras oficiales de EUROSTAT); la deuda ha pasado de un 69,3%, en 2011, a un 84,2%, en 2012, con un incremento de más del 21%; o el deterioro de la Sociedad del Bienestar y de las condiciones de vida de las familias ha alcanzado niveles impensables.
Los nuevos Programas Nacional de Reformas 2013 y de Estabilidad 2013-2016 presentados en Bruselas siguen incidiendo en los tres Ejes cuya priorización ya han demostrado nefastos resultados para la sociedad española: Consolidación Fiscal; Reforma del Sistema Financiero y Reformas Estructurales, donde los objetivos que se propugnan son los de facilitar el acceso al crédito, ajustarse a las exigencias de la Unión Monetaria (déficit y nivel de deuda), solvencia de las entidades financieras (como supuesto camino para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva y favorecer el crecimiento) y aportar flexibilidad y competencia a la economía (que se supone favorecerá el crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora del bienestar social).
Estos Ejes reiteran objetivos y medidas ya presentes en los documentos de abril y septiembre de 2012, algunas de las cuales se han desarrollado, y otras sufren un respetable retraso sobre las previsiones realizadas en aquellos documentos. Ya en el documento de septiembre de 2012 se recogían cinco líneas políticas en el primer Eje, cinco en el segundo y diecisiete en el tercero, que ahora han sido en parte reordenadas para definir un total de 23 líneas en los Programas actuales. De ellas hay un conjunto (dinamización del sector transportes, nuevo enfoque del sector inmobiliario y protección del medio ambiente, incluyendo la reforma propuesta de la Ley de Montes) que tienen una mayor incidencia en el campo territorial y ambiental, y presentan ya desarrollos legislativos muy avanzados o aprobados, que trataremos con detalle en las próximas semanas. Hoy nos centraremos en las principales del resto, no centradas específicamente en temas territoriales o ambientales, aunque todas ellas tienen efectos directos o indirectos sobre los mismos.
La Consolidación Fiscal, que sigue siendo el principal Eje de intervención, mantiene la pretensión de la “racionalización” de las Administraciones Públicas por la vía de la contracción del consumo y de la inversión pública, que llegará a representar la insólita cifra del 1,5% del PIB para 2016, abocando a la sociedad española a una crisis todavía mayor en la Sociedad del Bienestar, por la vía de impedir las inversiones de reposición o de nuevas inversiones con tasa de retorno superiores al coste de la deuda pública, que deberían ser propugnadas y defendidas como motor de lucha contra la crisis en campos como, por ejemplo, la energía sustitutoria de la dependencia energética española, o en campos como la I+D+i, con inversiones compartidas con el sector privado para aumentar la productividad de nuevos empleos en sectores de demanda fuerte. Complementariamente, desde el punto de vista territorial, las exigencias a las comunidades autónomas y administraciones locales, abocadas a la misma línea política que la del Gobierno central, también tienen consecuencias prácticas en la inviabilidad de mantener la sociedad del bienestar, y de obligar a continuar en su degradación en la enseñanza, sanidad, dependencia, equipamiento y dotaciones públicas, ya muy deterioradas en los últimos dieciséis meses de experiencia en la consolidación fiscal a cualquier coste. Y en aquellos territorios en los que la intervención pública compensatoria de las desigualdades tenía un mayor peso, los efectos negativos volverán a incidir con mayor fuerza, reduciendo aún en mayor medida los niveles de cohesión territorial logrados.
Ni que decir que esta Eje de actuación tiene otras consecuencias que quedan claramente reflejadas en la externalización (privatización) de servicios públicos. Nuevas normas para, por ejemplo, los procuradores, registradores, o la reforma de la administración local (ya comentada en otro artículo) son buenos ejemplos de esta previsible privatización, bien vista y aplaudida por el sector empresarial, pero con claros efectos negativos para la ciudadanía en el acceso a esos servicios, tanto en términos económicos como de calidad y garantía de los servicios (véase lo sucedido ya en sanidad y educación).
Y ni que decir tiene que el medio ambiente y la sostenibilidad ambiental, de supuesta escasa rentabilidad económica a corto plazo, quedan relegados a una situación anecdótica con esta consolidación fiscal, y supeditados a la rentabilización económica privada, como nos muestran la reforma de la ley de costas o las reformas en materia de impacto ambiental, ejemplos paradigmáticos al respecto, con efectos desastrosos a largo plazo para el ciudadano, de muy difícil reversión (imposible reversión en algunos casos). Pero, con la acostumbrada tendencia a denominar a las leyes con consecuencias contrarias a las que producen (para facilitar una venta pública más favorable) se recoge entre las líneas previstas una “revisión de la tributación con criterios de convergencia europea, en especial la fiscalidad medioambiental”, donde se señala el objetivo de desplazar la fiscalidad desde el trabajo hacia los consumos que presentan mayores externalidades negativas, con nuevos impuestos medioambientales y la modificación de los impuestos especiales. En un próximo artículo nos referiremos más específicamente a este tema.
La Reforma del Sistema Financiero constituye el segundo Eje de intervención, cuyas líneas directivas van en la misma dirección de la seguida hasta la actualidad, de traslado al conjunto de la sociedad de los costes de saneamiento del “festival especulativo inmobiliario” que tan magros beneficios han significado para algunas entidades especulativas y sus gestores; pero cuyo coste se hace recaer ahora sobre todos los ciudadanos. El problema es que la Consolidación Fiscal y la caída en la actividad y producción que genera sigue alimentando la morosidad de un sistema financiero cuya connivencia con la especulación inmobiliaria lleva a que la fiabilidad sobre el coste total que el proceso puede seguir implicando en el futuro, hace temer que quede mucho camino por recorrer, y muchos más pagos adicionales por parte del conjunto de la sociedad ante la renuncia a hacer pagar a los responsables del proceso el coste que el mimo implica. Es más, el proceso de oligopolización del sistema financiero hacia el que se avanza a marchas forzadas (se ha pasado de 50 Bancos y Aajas de Ahorro, en 2009, a 12, en 2012) hará entrar cada vez más en la nefasta justificación del “demasiado grandes para caer” que era, en teoría, una de las líneas a evitar para disminuir la dependencia de la toma de decisiones políticas de la influencia de este sector. Y, desde luego, no parece el camino más adecuado para asegurar el acceso al crédito a la pequeñas y medianas empresas (Pymes) que son la base de la economía no sólo en España sino en toda la UE (donde representan del orden del 99% del total de empresas) y que en España sustentan el 70% del empleo total. Y porcentajes mucho más elevado en las provincias de menor renta per cápita, donde las dificultades de acceso son mucho más elevadas y las consecuencias de estas dificultades mucho más graves. Un nuevo efecto para la disminución de la cohesión socioeconómica y territorial, y con graves repercusiones en los aspectos ambientales, en los que la existencia de efectos externos positivos no internalizables en los precios hace que sólo con la colaboración administrativa muchas de las acciones sean viables, si la Administración asegura la percepción de esos beneficios externos para el conjunto de la sociedad actual y futura, mediante las correspondientes acciones regulatorias, ahora cada vez más extrañas en las normas que se van aprobando.
El tercer Eje se centra en el conjunto de Reformas Estructurales, teóricamente ligadas a la competitividad, que se ligan a cuatro líneas: la reforma laboral y de las políticas de empleo, el apoyo al emprendimiento, las reformas en la educación y las medidas de apoyo al crecimiento.
Con respecto a las primeras, se continúa con las políticas emprendidas a lo largo de 2012, cuyos nefastos resultados sobre el empleo registrado a lo largo de 2012 y en la EPA del primer trimestre de 2013, ya han sido comentados en otros artículos. Lo preocupante es que el propio Gobierno considera que el PIB (observado o potencial, según la metodología de la Comisión Europea) irá creciendo en el período 2014-2016, pero se mantendrá en órdenes de magnitud del 1,2% hasta 2021; y que sólo se creará empleo a partir de 2015. Pero estas cifras de crecimiento del PIB difícilmente serán capaces de disminuir el paro si no es por pérdida de población activa (saldo emigratorio) o de tasa de actividad (renuncia de la población a buscar trabajo ante la imposibilidad de encontrarlo, fundamentalmente en el campo femenino, incrementando la desigualdad de oportunidades hombre-mujer). Un futuro inadmisible que no parece que sea particular objeto de preocupación para este Gobierno.
El apoyo al emprendimiento y las acciones que se señalan son tradicionales en las políticas públicas; y sus efectos también son históricamente reducidos y de escasa influencia en la generación de empleo, actividad o ampliación y mejora sensible de la minifundista estructura empresarial española. En todo caso, bienvenidas sean y ojala su aplicación obtenga mejores resultados en esta ocasión, aunque sean marginales y no ayuden a modificar sensiblemente el cuadro general de empleo y paro antes señalado.
En educación es difícil compaginar las políticas generales ya impuestas, fuertemente regresivas y territorialmente desequilibradoras, con fuertes afecciones negativas a los pequeños y medianos municipios, con las supuestas ventajas de una ley de reforma educativa que ha tenido la virtud de poner en su contra a todos los grupos políticos, a todos los implicados en el sector, menos a la iglesia católica, y cuya durabilidad, en un tema estructural y que exige consistencia a largo plazo, no parece –y es deseable- que no vaya a ser muy larga. Escaso favor hacen a la sociedad española nuevas leyes educativas que no se hagan con el apoyo y consenso de la inmensa mayoría de la sociedad que asegure su durabilidad y sus resultados. Otra reforma donde los intereses particulares vuelven a primar sobre los objetivos colectivos, y que poco va a ayudar a la salida de la crisis. Y, donde nuevamente los más débiles, tanto en el aspecto social como en el territorial, van a sufrir las peores consecuencias, con una merma adicional en la igualdad de oportunidades en el conjunto del territorio español.
La última línea de intervención en este Eje se centra en lo que denominan medidas de apoyo al crecimiento, donde, curiosamente, se incluye la contención del déficit de tarifa eléctrica, con actuaciones que ya han sido objeto de comentario en esta sección, y cuyos resultados están siendo lograr una inseguridad generalizada en el sector, un fuerte incremento del coste de la energía para el usuario, y el cuestionamiento de sectores punta en energías renovables, olvidando los retornos internacionales ligados a las investigaciones y desarrollos logrados en España en este ámbito y expandidos por el conjunto del planeta. La lucha entre intereses privados y el poder del oligopolio tradicional en el sector marcan una trayectoria errática, cuyas consecuencias pagaremos todos los ciudadanos y nuestras posibilidades de desarrollo económico energéticamente no dependiente.
Las otras dos líneas destacadas son la libertad de horarios y de implantación comercial, y el apoyo a la internalización de las empresas para favorecer la exportación. La segunda es, como en el caso de los emprendedores, una línea tradicional de intervención de la Administración con respecto a la que cabe señalar los mismos considerandos que ya se hacían allí. Bienvenida sea y ojala tengan más éxito que el logrado hasta ahora, y logre potenciar el ingente esfuerzo realizado por las empresas españolas ante la ausencia de demanda interna por salir al exterior (pasando las exportaciones de representar del orden del 27% del PIB en el período 2002-2009 a del orden del 33% en la actualidad). Con respecto a la libertad de horarios comerciales, sus consecuencias son muy diferentes de unos territorios a otros y, consecuentemente, deben ser las comunidades autónomas las que adapten esta libertad y sus condiciones a las circunstancias específicas de los distintos territorios, si no se quiere que una aplicación generalizada de lugar a una pérdida neto de empleos y de producción, y a unas transformaciones urbanísticas de efectos mucho más negativos que los beneficios que las justifican.
Para finalizar conviene señalar que, del conjunto de líneas incorporadas en los tres Ejes citados, el Gobierno destaca ocho reformas en lo referente a sus efectos económicos, a algunas de las cuales ya nos hemos referido en páginas anteriores:
1. Saneamiento de las cuentas públicas: medidas de consolidación fiscal y Seguridad Social.
2. Seguimiento de la reforma del mercado laboral.
3. Ley de Desindexación de la Economía Española.
4. Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y Plan de Racionalización Normativa.
5. Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización.
6. Modernizar y Racionalizar la Administración Pública: Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
7. Ley de Colegios y Servicios Profesionales.
8. Reforma del Gobierno Corporativo.
En el epígrafe 2.2. del Programa Nacional de Reformas se simulan los efectos sobre el PIB y el empleo que se asocian a cada una de ellas a corto (un año) y largo (diez años) plazo (que se detallan en el Anexo IB) y en la página 45 se recogen los objetivos y último dato con respecto a los Objetivos de la Estrategia de la Unión Europea EU2020. Sorprende que el Ministerio incorpore estos datos sin darse cuenta que la comparación con los recogidos en el documento similar de septiembre de 2012 pueden inducir a desconfianza a más de uno. Aunque, como veíamos en el artículo anterior de esta sección, el propio FMI no tiene ningún empacho en proponer medidas para países que le permiten hacer unas previsiones ligadas a las mismas, en abril de 2010, que, en dos años, demuestran que han llevado a situaciones un 3.000% diferente (Grecia) o un 500% diferente (Portugal). Y, sin embargo, las medidas que se siguen propugnando son básicamente las mismas. Como diría un buen castizo: ¡Que dios nos coja confesados!
