Desde el pasado 22 de mayo, el líder del PP se ha presentado públicamente a sí mismo como una opción cierta para el gobierno de España. Y es verdad que los últimos resultados electorales avalan tal presunción como posible y probable. Sin embargo, hasta el momento Rajoy ha evitado exponer ni tan siquiera un esbozo de sus planes ante los principales retos del país. Tan solo verbaliza algunos tópicos o lugares comunes, tan hueros de contenido como contradictorios con su acción de gobierno en comunidades y ayuntamientos. Parece como si el PP quisiera evitar el coste potencial incorporado a toda concreción programática. Da la sensación de que la derecha española solicita una especie de cheque en blanco a sus electores. El mensaje sería algo así: denme su voto y su confianza a ciegas para echar a los socialistas, y una vez instalados en el poder ya se enterarán ustedes de nuestro auténtico programa. Se trata de un comportamiento inaceptable en democracia.

La situación del país es lo suficientemente grave como para que los ciudadanos conozcan las respuestas que cada fuerza política propone para afrontar la salida de la crisis y la lucha contra el paro. Las recetas socialistas podrán valorarse como mejores o peores, pero están a la vista y en pleno proceso de aplicación. Las recetas populares son una incógnita. Sabemos que no les gusta casi nada de lo que hace el gobierno socialista, incluidas aquellas medidas ineludibles que derivan directamente de nuestros compromisos internacionales para reducir el déficit o asegurar la financiación de la deuda. Y escuchamos cada día las cantinelas sobre la necesidad de “un gobierno serio y austero”, que “haga lo que hay que hacer”, eso sí “con eficacia y sin errores”, buscando “la recuperación de la confianza”, y apoyando “a los empresarios y autónomos que crean empleo”. Pero esto no es un programa, ni siquiera una declaración seria de intenciones. Se trata tan solo de la puesta en práctica de la estrategia de la ocultación, o el “evitemos que conozcan nuestro programa hasta que no tenga marcha atrás”.

En términos democráticos es un fraude. Los españoles merecen saber qué es lo que Rajoy, Montoro y compañía tienen en mente para gobernar este país. ¿Qué reforma laboral alternativa cabe esperar tras aquella frase célebre de Rajoy sobre “trabajar más y cobrar menos”? ¿Qué tiene pensado hacer el PP con los servicios públicos sanitarios y educativos tras la proclamación de “la insostenibilidad del Estado de Bienestar” por parte de Aznar? ¿Qué recorrido tendrá la apuesta pública de Valcárcel por el copago en la sanidad y la educación? ¿Dónde se ubicarán las nuevas centrales nucleares tras la apuesta del PP por esta fuente energética? ¿Actuarían con los impuestos del Estado tal y como han hecho con las subidas brutales del IBI en Madrid o con las rebajas tributarias pactadas con CiU en sucesiones y donaciones para las grandes fortunas catalanas? ¿La austeridad que proclama Rajoy para España se asemeja a la broma de Gallardón cuando pretende eliminar coches oficiales solo a los concejales de la oposición?

El previsible candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuenta con la ventaja, o la desventaja según se mire, de heredar el programa de reformas emprendidas por el gobierno del que forma parte. Todo completamente a la vista. Además, el Comité Federal del PSOE ya ha convocado para el próximo mes de septiembre una Conferencia Política que tendrá como misión definir los “cambios” que el candidato ha anunciado para el “nuevo proyecto socialista”. Tales cambios, claro está, deberán cumplir la misma exigencia de claridad, concreción y valentía que reclamábamos a Rajoy más arriba.

En democracia, las alternativas no solo son legítimas, sino incluso convenientes, especialmente en tiempos difíciles. Ahora bien, para ser creíbles, las alternativas deben explicitar sus planes y respuestas ante cada uno de los problemas y desafíos del país, sin trampas, sin simulaciones ni ocultaciones. Esa es la diferencia entre la política seria y el puro oportunismo. Los ciudadanos lo tendrán en cuenta.