En España, desde inicios de los años ochenta del siglo XX hasta mediados de los noventa, buena parte de las prostitutas eran jóvenes consumidoras de sustancias psicoactivas, que recurrían a esta ocupación como medio para financiar su adicción. Junto a este perfil tan definido, vinculado a los estragos de la heroína y la cocaína sobre la juventud española de aquellos años, también se dedicaban a estos menesteres mujeres que respondían a un perfil más tradicional, algunas de ellas de edad avanzada (todavía hoy en día se pueden encontrar) y, junto a las anteriores, meretrices ocasionales, amas de casa, que la ejercían esporádicamente (sin el conocimiento explícito de sus familias) para ayudar mensualmente en el pago de los gastos familiares. A finales de los años noventa y primeros años del siglo XXI el perfil de las prostitutas comenzó a cambiar, afectado por el fenómeno de la inmigración. La globalización conlleva también una globalización de la prostitución, con el surgimiento de mafias internacionales que, dedicadas a la explotación sexual, captan a mujeres jóvenes, incluso a menores y las envían bajo engaños desde los países menos desarrollados hacia los países más ricos, con deudas de viaje tan elevadas que se convierten en esclavas del sexo.

No es tarea sencilla cuantificar en España las personas que desempeñan esta actividad (incluyendo a mujeres y varones) a consecuencia de su invisibilización legal. Si en el año 1995 el Instituto Nacional de Estadística ofrecía la cifra de 300.000 personas, en 2005 ascendía a 500.000, según la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA), en su inmensa mayoría mujeres, ya que la prostitución en España es fundamentalmente femenina (80%). Además, se estima que el 90% son extranjeras, básicamente en situación de “sin papeles” y proceden de zonas geográficas poco desarrolladas: Hispanoamérica, África subsahariana y Europa del Este, un hecho que se encuentra estrechamente relacionado con la trata de personas y la explotación sexual.

El informe de la Federación de Mujeres Progresistas “Lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual”, de 2008, denunciaba que el número de víctimas de explotación sexual reveladas cada año en nuestro país sobrepasa las 18.000 personas; menos de la mitad de las existentes por esta causa según esta institución. Estas mujeres pasan a manos de los proxenetas, quienes las explotan y vulneran recurrentemente sus derechos humanos, obligándolas a prostituirse bajo condiciones indignas y sometidas a los deseos de clientes sin escrúpulos, que pueden maltratarlas e incluso arrebatarles la vida. Sobre el resto de las prostitutas, máxime en tiempos de crisis económica, la mayoría se inician empujadas por necesidad económica o por estar inmersas en la vivencia de procesos de exclusión social.

En Europa hay tres enfoques legales para abordar la prostitución. El primero de ellos, propio del Reino Unido, Holanda, Austria, Alemania, Letonia, Hungría y Grecia, es el reglamentalista. En estos países, es una práctica que no está prohibida, siempre y cuando se ejerza siguiendo la ley, de forma que las prostitutas son consideradas trabajadoras del sexo, con derechos y obligaciones. El segundo enfoque es el prohibicionista de Irlanda, Lituania, Rumania y Malta, en donde está prohibida y es castigada con penas pecuniarias o privativas de libertad, tanto para las prostitutas, los proxenetas y los clientes. Suecia se desenvuelve dentro de un modelo neo-prohibicionista, que considera delincuente al cliente y víctima a la prostituta. La última perspectiva es la abolicionista, en donde se enmarcan España, Portugal, Chequia, Eslovaquia y Bulgaria. Adoptan una posición intermedia entre los modelos anteriores. No prohíben la prostitución, tampoco la legalizan, y esperan la integración social de las prostitutas, el castigo de los proxenetas y la disuasión de los clientes. Finalmente, encontramos un modelo neo-abolicionista basado en no prohibirla, pero no permitir la existencia de burdeles. Se sigue en Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia, Dinamarca, Finlandia, Estonia y Chipre.

Convendría que reabriéramos el debate sobre su legalización con el objetivo de dar seguridad y dignificar el trabajo que realizan estas mujeres, teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno ante el que no existe información transparente, pero sí sabemos que hay fuertes intereses económicos implicados. No en vano se trata de un negocio que se calcula mueve en España 18.000 millones de euros anuales. A esta cantidad habría que sumarle las cuantías que legalmente genera, por ejemplo con los anuncios de contactos en periódicos. La Comisión de Estudios del Consejo de Estado, en su sesión del pasado 9 de marzo, respaldó la decisión del Gobierno de prohibir los anuncios de prostitución en prensa escrita por considerar que “la información transmitida por el conjunto de esta publicidad no resulta respetuosa con los diversos principios constitucionales y el efecto sobre los menores puede ser perjudicial para su desarrollo personal».

Esperemos que este sea un primer paso para abordar con madurez y sentido de justicia una realidad tan compleja y con tantos efectos personales y sociales.