Y es mendaz porque se intenta justificar desde la falsedad. Sus protagonistas no buscan el diálogo, como dicen, porque el diálogo ya lo tienen. Tampoco persiguen la mejora y la modernización del servicio que prestan, porque nunca como ahora se han dado pasos tan decididos y eficaces en este sentido. Ni diálogo ni modernización. La algarada judicial responde a la voluntad de echarle un pulso al gobierno para defender viejas prebendas corporativas, y para frenar las reformas que persiguen superar una de las últimas reminiscencias franquistas de la sociedad española.

Claro que hay aún mucho camino por recorrer en la dignificación del servicio judicial. Faltan jueces, faltan recursos administrativos y falta tecnología. Cierto. Como también lo es que este es el Gobierno que ha habilitado más plazas de jueces, de fiscales, de secretarios y de funcionarios en nuestra historia democrática. Como lo es que desde 2004 se ha duplicado la inversión pública en Justicia, y que nunca se dedicaron tantos recursos tecnológicos a este cometido. La mesa de diálogo, de la que se levantaron los convocantes de la algarada, se creó para intensificar incluso este esfuerzo.

Pero el problema no está en los recursos. Los jueces de la algarada han convivido perfectamente con Gobiernos que dedicaban muchos menos recursos a la Justicia. El problema está en el caso Mari Luz. Por vez primera, los jueces se ven en el blanco de la crítica pública. Ya no son intocables. Cuando meten la pata, también han de retratarse y pagar. Y no están dispuestos.

El problema no está en los ordenadores. Nunca tuvieron tantos como ahora. El problema llega cuando los poderes ejecutivo y legislativo pretenden modernizar el servicio de la Justicia, reservando para los jueces la función constitucional de “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, y restándoles otras funciones administrativas, como la fijación de fecha para las vistas. El problema llega cuando el legislador intenta otorgar más funciones al fiscal en detrimento del juez instructor en las investigaciones judiciales, para ganar en agilidad sin perder garantías. ¿Cómo se atreven a tocar sus privilegios, por absurdos e ineficientes que sean?

Puede que el Ministro Bermejo haya cometido un error estético en la montería de Jaén. Y puede que su carácter sea controvertido. Pero eso no justifica ni la algarada ni la mentira. Los jueces levantiscos se quejan de este Ministro porque no les pierde la cara, y también se quejaban del anterior, a pesar de la cuerda que les daba. La contestación no tiene que ver con la personalidad de un ministro u otro. Se trata de un pulso corporativo y de poder.

La respuesta a la algarada debe ser contundente. Las reformas para la mejora y la modernización de la Justicia deben proseguir. Con diálogo y con firmeza. El agujero legal por el que se ha colado la huelga de los jueces debe ser cubierto. Los jueces no hacen huelga, ni los ministros, ni los diputados. Ni el Rey.

Y una cosa más. Si el Parlamento, en virtud del sistema electoral, refleja los valores y la opinión de la sociedad española. Si el Gobierno nace y responde ante esos mismos valores y esas mismas opiniones. ¿Cuánto tiempo habrá que aguantar que el otro poder, el de los jueces, se mantenga en manos de un cuerpo con valores y opiniones mayoritariamente de derecha extrema, que se ejercen en cada una de sus actuaciones y sentencias? Una de las reformas inevitables y pendientes en la Justicia española es la que debe garantizar un sistema realmente democrático para el acceso a la carrera judicial, que supere la endogamia corporativa, y que haga factible la llegada de la Transición a un cuerpo lastrado por la nostalgia franquista.