Qué está pasando para que un 82,6 por ciento de los ciudadanos esté de acuerdo o muy de acuerdo con la frase de que “esté quien esté en el poder, siempre busca sus interés personales”.

Qué está pasando para que un 66,3 por ciento de los ciudadanos esté de acuerdo o muy de acuerdo con la frase de que “la gente como usted no tiene ninguna capacidad de influencia en la política”.

Pues está pasando que existe una crisis de representación en España que debilita la democracia, como consecuencia de unos gobiernos que son percibidos por los ciudadanos como representantes de los intereses de las élites económicas y políticas, en lugar de estar a su servicio para mejorar la calidad de vida de la población en general.

La política es la única palanca de cambio con la que cuentan los ciudadanos, que solo tienen su voto, para hacer que exista más igualdad y bienestar en las sociedades en las que viven. Sin embargo, la desafección ciudadana por la política crece en España al mismo ritmo que las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy hacen aumentar las desigualdades, el sufrimiento y la inseguridad de millones de españoles.

Este alejamiento, es fruto, entre otros motivos, del incumplimiento sistemático tanto de los programas electorales con los que los partidos políticos se presentan a las elecciones como de las promesas que realizan a lo largo de la campaña electoral para conseguir más votos. Se produce no solo el olvido de lo escrito y comprometido, sino que se realizan acciones de gobiernos totalmente contrarias. ¿Dónde estaba la privatización de la sanidad, los recortes en educación, en pensiones, el recorte de derechos laborales, la reducción de las becas, los recortes en la ley de dependencia…. en el programa electoral del PP? No estaban. Y por tanto, es fraude electoral.

Este fraude, que hoy en día es tolerado y consentido, debe ser perseguido democráticamente, pero también legalmente. Porque como dice el diccionario de la lengua española un fraude es la “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete.” Por tanto, debe pasar a ser un delito democrático con consecuencias.

¿A qué me refiero? Pues a que se hace necesario garantizar a los ciudadanos que las propuestas que les han llevado a decantar su voto por una determinada fuerza política se cumplen. Es cierto que la realidad es dinámica y puede cambiar la coyuntura económica o formarse gobiernos de coalición. Muy bien, pero estos cambios no pueden ser la excusa para hacer en cuestiones estratégicas políticas totalmente contrarias a las prometidas.

Si dices derecho a la educación, a la sanidad, a las pensiones o a la dependencia, luego no se puede cambiar el criterio y privatizar. Y si se hace, tienen que existir mecanismos, algunos en manos de los ciudadanos, que permitan penalizar esas conductas antes de las siguientes elecciones. Ya sea con cumplimiento obligatorio del programa electoral en algunos apartados estratégicos o con mecanismos revocatorios como los que existen en numerosos Estados de los Estados Unidos de América o en algunas constituciones como la colombiana.

En las democracias del siglo XXI no pueden volver a repetirse engaños y frases como la de Esperanza Aguirre: “Si en dos años, algún madrileño tiene que esperar más de 30 días para ser operado, yo dimito de la presidencia del Gobierno». NO cumplió y no dimitió. O la más reciente de Mariano Rajoy: “No he podido cumplir mis promesas electorales porque he tenido que cumplir con mi deber como presidente del Gobierno”.

Un gobernante es elegido para llevar a cabo el programa electoral con el que se presentó y pidió el voto a los ciudadanos. Una vez en el cargo, no puede incumplirlo sistemáticamente, porque eso es fraude electoral y una concepción poco democrática y muy paternalista. Pensar que cuando llega al poder debe hacer algo distinto de lo que le ha sido mandatado es propio de aquellos que consideran al pueblo incapaz de saber cuáles son las soluciones a los problemas que tienen.

Para formar gobierno se pueden establecer alianzas y coaliciones sobre principios estratégicos que no pueden ir en sentido contrario a los planteamientos que llevaron a los ciudadanos a dar su apoyo a esas fuerzas políticas. Y para ello, se deben formalizar acuerdos programáticos que permitan el control no solo parlamentario sino también ciudadano.

Otra cosa distinta es engañar a las personas, como dice el diccionario: “dar a la mentira apariencia de verdad. Inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas”.

Qué está pasando…. Que los ciudadanos quieren ser protagonistas.