Pero en ingeniería solamente el periodo de retorno no es lo decisivo, sino que éste se conjuga con las consecuencias del fenómeno correspondiente, para evaluar lo que se define como el riesgo del fenómeno. Este riesgo, por lo tanto, no depende sólo de la probabilidad de que algo pase, sino también de los daños asociados a que ello suceda (cuando escribo este artículo Japón está en alarma nuclear porque se ha producido un proceso de fusión nuclear en una de sus centrales atómicas). La probabilidad de fallo era muy reducida, pero si éste se produce los daños pueden ser de tal magnitud que cuestionen totalmente las ventajas, en este caso, de las nucleares (hay contaminación radioactiva que puede afectar de forma muy grave a muchos millones de habitantes, entre ellos los de la propia capital, Tokio).

Tal vez el lector se esté preguntando qué tienen que ver estas reflexiones con la pregunta que nos hacíamos al principio del artículo respecto a qué pasa con nuestras costas. Y la respuesta es, sin embargo, muy evidente. Hasta no hace mucho tiempo nuestras costas eran espacios abiertos y despoblados en su inmensa mayoría, con un paisaje natural asociado a una agricultura no especialmente productiva. Las dinámicas de regresión o acrecimiento de las playas venían definidos casi exclusivamente por los periódicos temporales que incidían sobre las mismas, y sobre lentísimos procesos geológicos de levantamiento o hundimiento de la corteza terrestre frente al mar, ligados a la dinámica-tectónica de placas y a la deriva continental.

Hasta la aprobación del Plan de Estabilización, de 1959, el aislamiento de la sociedad internacional y una economía que hacía de la autarquía y del nacionalismo españolista su principal virtud, llevaban a que la actividad productiva se concentrara en Madrid y Barcelona, fundamentalmente, y a que se produjeran unos fuertes flujos migratorios al medio urbano, de una población que buscaba la supervivencia en unas difíciles condiciones económicas, sociales y políticas del medio rural y, en particular, de nuestras costas; los municipios litorales, salvo algunas capitales o áreas industriales, perdían población y sus condiciones de vida se endurecían. Por entonces, la entrada de visitantes extranjeros se situaba alrededor de los 2,5 millones de personas, pero tras el citado Plan de Estabilización de 1959 y la apertura de España al exterior, las cosas en nuestro litoral empiezan a cambiar. Primero, con un turismo selectivo, de fuerte poder adquisitivo que valora la singularidad y calidad de nuestros paisajes; después, con la progresiva transformación de ese turismo en un turismo de masas (en 1978, año de aprobación de la Constitución, el número de visitantes extranjeros se situaba alrededor de los 35 millones y el turismo representaba del orden del 10% del PIB español) que elevó esta actividad productiva al 12% del PIB total en 1999; ahora, tras haber esquilmado y degradado los paisajes y recursos que sirvieron de base al inicio y consolidación de un proceso de tremendo beneficio para el desarrollo de este país, la aportación del turismo es decreciente en la economía (nuevamente la cifra del 10% del PIB, del año 1978 para el año 2009, pero con más de 60 millones de visitantes extranjeros) con un claro deterioro de la productividad turística por visitante extranjero.

Este deterioro ha estado muy ligado a los irracionales procesos de transformación del litoral costero y a su participación en la última burbuja inmobiliaria producida en España (1998-2007) incentivada –sin medir sus consecuencias- por la ley del suelo de 1998, del partido popular en el Gobierno, por la normativa y actuación de algunas Comunidades Autónomas más pendientes del negocio que del patrimonio e intereses a largo plazo de sus territorios, y por unos municipios que han actuado de una manera absolutamente depredadora sobre sus espacios, propiciando el enriquecimiento rápido y desmedido de unos cuantos y actuando, en demasiados casos, al margen de la legalidad, y, a veces, con la complacencia o permisividad de la correspondiente Comunidad Autónoma (buenos ejemplos de esta situación se pueden encontrar en la Memoria de las II Jornadas de Legalidad Territorial y Ambiental, publicada por el Cabildo de Lanzarote).

El cambio de gobierno en 2004 no sirvió para poner freno y apaciguar una dinámica que claramente, como estamos comprobando, nos llevaba a una situación desastrosa. Aunque en costas, desde el mismo año 2004 se adoptaron medidas claras con objetivos precisos, recogidos en la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa aprobada por el Gobierno en 2007, los resultados no fueron suficientes por distintos motivos. Por un lado, por la oposición, ausencia de colaboración o reticencias de algunas administraciones territoriales –gobernadas por partidos políticos de distintos signos-, por la propia lentitud de los procesos judiciales, por el retraso o inejecución de sentencias, o por la dificultad de hacer comprender a una gran parte de la sociedad que eran necesarias medidas ejemplares que demostraran que cualquier incumplimiento de la legalidad que afectara a los derechos, intereses y patrimonio de los ciudadanos iba a tener resultados muy perjudiciales para los que las realizaran.

La finalidad de la vigente, pero parece que olvidada Estrategia de Sostenibilidad de la Costa era la de disponer de un documento de planificación estratégica, integrada y concertada con las administraciones territoriales y la sociedad civil, que permitiera avanzar hacia la consecución de los Objetivos de “asegurar la protección y conservación de la integridad de los sistemas litorales y marinos”; “garantizar el acceso y uso público de la costa”; “recuperar el paisaje y la calidad en aquellos bordes marítimos urbanizados degradados” y “colaborar para el desarrollo de un urbanismo y un turismo sostenible y de calidad”. Para la consecución de estos objetivos se establecían cuatro líneas de acción (retos) que debían ser la clave para el diseño de las actuaciones a desarrollar:

a) frenar la ocupación masiva de la franja costera;

b) recuperar la funcionalidad física y natural del litoral, atendiendo a que los procesos erosivos y la desaparición de las playas se están agravando de forma manifiesta en ciertos tramos del litoral;

c) prevenir futuros procesos de retroceso de la línea de costa, tanto como consecuencia de la elevación del nivel del mar, como por los posibles riesgos asociados al incremento de temporales o tsunamis costeros; en efecto, el cambio climático introduce nuevos elementos de incertidumbre para el futuro de nuestras costas, ya que, de cumplirse las previsiones disponibles, en pocas décadas se reducirá sustancialmente la anchura de la mayor parte de nuestras playas y varias urbanizaciones y numerosas edificaciones quedarán sometidas al efecto directo del oleaje. Los resultados de cada nueva investigación sobre el proceso tienden a agravar y a acortar en el tiempo los efectos previsibles (véase al respecto el último estudio de la NASA sobre el deshielo de los polos). Y en este sentido, aunque ya ha habido decisiones tomadas por Comunidades como Asturias, Cantabria o Cataluña, con 500 metros de prohibición de nueva construcción en la zona de servidumbre, ésta política debería generalizarse, al menos puntualmente, porque en las próximas décadas, los casi 900 km de fachadas marítimas urbanas situadas en zona de playa en el arco mediterráneo, Andalucía occidental y los archipiélagos, están expuestos a sufrir daños significativos y crecientes por la acción del mar; y

d) cambiar el modelo de gestión de la costa poniendo el acento en la prevención, ya que el coste de recuperar zonas degradadas es mucho más elevado que el de prevenir la degradación futura de las mismas.

Como soporte para el desarrollo de los anteriores objetivos y líneas de acción, tenemos la suerte de disponer de un texto –La ley de costas de 1988- cuyas virtudes en cuanto a la utilidad para su consecución y en cuanto adelanto en la previsión de los problemas que se avecinan, han sido reiteradamente destacadas a nivel internacional. Pero se han generalizado, incomprensiblemente los ataques a esta ley de costas en aras de recuperar el tipo de construcción que es uno de las principales responsables de la crisis actual en España. Se olvidan los riesgos a que hacíamos referencia al inicio del artículo y se vuelven a subordinar los objetivos generales a largo plazo a los intereses particulares a corto plazo de unos pocos.

La información interesada de “asociaciones de propietarios” que, con el apoyo de ciertos medios de comunicación hacen prevalecer sus intereses sobre los generales de todos los ciudadanos, con argumentos que son en su inmensa mayoría desautorizados por los tribunales, les ha llevado a propugnar y presionar directamente por cambios en la ley de costas vigente con, desgraciadamente, un eco creciente entre los distintos partidos políticos, también presionados por unos ayuntamientos y comunidades autónomas que, en muchos casos, siguen anteponiendo el negocio inmobiliario a un desarrollo sostenible asociado a una industria y servicios turísticos profesionalizados y de calidad, que valoren el patrimonio territorial como potencial de desarrollo a mantener.

Las Administraciones Públicas deberían tener claro que los objetivos de prevención de riesgos desproporcionados, mantenimiento de la calidad de las aguas y mantenimiento del patrimonio territorial de nuestras costas, a la vez que la sostenibilidad de un turismo de calidad generador de renta y empleo compatible con los objetivos anteriores, exigen una política de conservación de las costas todavía en estado aceptable, y una política de regeneración del territorio degradado, que implican el freno radical de nueva urbanización en ámbitos saturados desde hace muchos años; una política de retirada de la urbanización del litoral en las cada vez más amplias áreas de riesgo donde la intervención pública de defensa es cada vez más cara e inviable; y la plasmación de estos objetivos en un planeamiento territorial litoral, cuya materialización debe realizarse en un marco de concertación entre las administraciones, el sector turístico y el resto de la sociedad civil. Los cambios que se están introduciendo en la normativa costera no van en esta dirección. Y cuanto más tarde la sociedad en darse cuenta del camino que hay que adoptar, más altos serán los costes de las actuaciones precisas y mayor el riesgo inadecuadamente previsto para muchos ciudadanos.