Y es que la democracia y una judicatura independiente –un componente esencial del Estado de Derecho- son dos instituciones que no siempre se refuerzan mutuamente. Al lado de las deficiencias estructurales de la Justicia, la independencia de los jueces es un viejo problema que no garantiza su imparcialidad política o su neutralidad, a partir del dato contrastado de la ideología predominante conservadora en la carrera judicial española. No hay razones para concluir que los jueces estén más allá de los políticos. Los jueces son “semiguardianes no elegidos” que a veces limitan el proceso democrático. Jueces independientes pero no neutrales pueden tener un papel crucial en las iniciativas de los políticos y ofrecer oportunidades para que se produzca un conflicto entre los tribunales y la democracia. Los jueces tercian en el debate político porque socialmente se les exige una respuesta no en clave de ley o de Derecho, sino en clave de Justicia material. Pero al actuar de esta manera el juez abandona su exclusivo papel de aplicación de la ley y de las garantías del proceso para sobrepasar los límites del ejercicio de su potestad.

Necesitamos una nuevas política que dé respuestas a la insoportable deficiencia de medios que impide la eficacia de la Justicia y, al tiempo, la independencia judicial. En este sentido, hay que abordar de una vez por todas en el programa electoral las reformas pendientes en España para el acceso a la judicatura. Hay que ofrecer a los ciudadanos una apuesta decidida por el cambio en el sistema de reclutamiento de los jueces; un cambio basado en los principios de igualdad, merito y capacaidad.Porque no se puede seguir tolerando que un poder del Estado democrático siga conformándose por el sistema vigente de “oposición” que provoca la endogamia en el reclutamiento para acceder a la Escuela Judicial a través de un único examen memorístico de exposición oral en tiempo tasado. Se trata de sustituirlo por un sistema que combine la selección de los jueces mediante una formación práctica y sin exámenes de acceso. Consistiría así en una oferta o llamamiento público a los jóvenes titulados en Derecho en función de los meritos académicos, seguido de un intenso y extenso periodo de formación práctica.

Por otra parte, después de 30 años de experiencia con la instauración de variados métodos para la elección de los Vocales del CGPJ y de los magistrados del TC, su renovación periódica sigue siendo un problema. Los socialistas somos respetuosos con las reglas establecidas en la Constitución y las leyes orgánicas sobre la duración de los mandatos, y apostamos por la mejora del sistema, que sólo es posible mediante un acuerdo vinculante de las fuerzas políticas para que a estos órganos constitucionales sean designados, en todos los casos, los juristas más capacitados y de indiscutido prestigio en sus currículos. Y, por último, no se puede gravar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. A diferencia de otros servicios públicos no hay alternativa en el sector privado. La Justicia es a un servicio público y exclusivamente público: no hay Justicia privada. Por todo ello, el llamado «copago» ni siquiera se puede plantear como pretende el PP en el servicio judicial,- no sede que se quieran resucitar las tasas de los tribunales y juzgados españoles que en 1986, fueron sepultadas para el avance en la modernización de la Justicia y en la erradicación de intolerables corruptelas en los juzgados.