A partir de esos acuerdos se desarrollaron compromisos en materia de formación que obviaban el marco general para el desarrollo de la formación continua y se comprometió la capacidad de la Administración para realizar la transposición de la Directiva sobre tiempos de trabajo.

También se bonificó hasta el 50% la cuota del IAE y se habilitó a las Comunidades Autónomas para que pudieran eximir a los transportistas del pago del “céntimo sanitario”, además de acordar el establecimiento de un “gasóleo profesional” aplicando el tipo impositivo mínimo que permitiera la regulación europea y se estableció una rebaja de las primas por cotización a la Seguridad Social para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Asimismo, el Gobierno aprobó una reducción de las tarifas por contingencias profesionales de un 4 por ciento en 2007 y otro 4 por ciento en 2008, y en los acuerdos de estos últimos días ha comprometido una nueva reducción para 2009 que se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado.

Tras más de un año de paralización de la transposición de la Directiva 2002/15/CE sobre tiempos de trabajo, la Administración, ante las amenazas de imposición de sanciones por parte de la Comisión Europea y la presión sindical, se vio obligada a incorporar sus disposiciones a la legislación nacional. Ahora se compromete de nuevo a someter a discusión la transposición vigente.

La rebaja de las primas por cotización a la Seguridad Social para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se ha mostrado incompatible, como ya denunciamos en su día, con el acceso a la jubilación anticipada, porque afectaría al equilibrio presupuestario, siendo esta medida únicamente posible con la imposición de un recargo en las cotizaciones para que pudiera ser viable.

La exclusión de los transportistas del abono del “céntimo sanitario” no ha sido aplicado por ninguna Comunidad Autónoma.

El establecimiento de un “gasóleo profesional” aplicando el tipo impositivo mínimo que permita la regulación europea no forma parte de la solución, puesto que España está obligada por la Unión Europea a elevar los impuestos indirectos de los hidrocarburos un 9,3 por ciento antes del 1 de enero de 2012 en el gasóleo, pues en la actualidad se encuentran por debajo del mínimo exigido para el conjunto de la Unión.

Un nuevo cierre patronal ilegal que se ha intentado legitimar como “movilización social” para enmascarar lo que son reivindicaciones empresariales que excluyen la dimensión sociolaboral como se ha señalado, ha desembocado en una reedición de los mismos acuerdos (no contemplan ninguna medida nueva) puestos en cuestión por el conflicto anterior.

No se puede confundir el derecho a la huelga regulado y protegido constitucionalmente desde el respeto a la concurrencia con otros derechos constitucionales, con un cierre patronal.

Los acuerdos son negativos desde el punto de vista del diálogo social, porque se pactan medidas que atentan contra la autonomía de las partes, contra la legitimación y representatividad de las mismas, arrogándose la potestad de determinar en qué foros y con qué mecanismos se acuerdan cuestiones relativas a la negociación colectiva, a la reforma de las leyes y reglamentos y al establecimiento de medidas de inspección, de fiscalidad, de seguridad social y de negociación colectiva, excluyendo una vez más a los agentes sociales.

La situación actual demuestra que muchos de los compromisos alcanzados, o bien tienen un carácter coyuntural, o no se pueden desarrollar de manera unilateral entre la Administración y las asociaciones de transportistas excluyendo a los interlocutores sociales, o están, como mínimo, limitados por las disposiciones comunitarias.

El transportista autónomo está excluido de la legislación comunitaria que regula y limita los tiempos de trabajo. Muchos de los que han alimentando la movilización, días antes competían entre sí a la baja por los precios para captar cargas, que es precisamente una más de las causas de la situación que denuncian.

Este sector se encuentra en la fase final de su liberalización, que concluirá próximamente con el levantamiento progresivo de las limitaciones para contratar cargas en los distintos países miembros, sin distinción o limitación alguna por el origen del transportista cuando éste pertenezca a un país comunitario.

Es necesaria y urgente una reforma estructural que tenga entre sus objetivos un adecuado dimensionamiento del sector fruto del ajuste entre oferta y demanda, el apoyo a la concentración y a un adecuado dimensionamiento empresarial, el fomento de las empresas que aportan valor añadido a la actividad y a la integración logística e invierten en I+D+i, así como el establecimiento de un sistema transparente de la gestión de las bolsas de carga y de los mecanismos para el establecimiento de los precios.

Asimismo es imprescindible apostar decididamente por la intermodalidad y la integración eficaz del ferrocarril en la cadena de transporte.

No se deben adoptar políticas que tengan como efecto directo un aumento del consumo de gasóleo y no se puede olvidar que la intervención exclusiva por la vía de la reducción o bonificación de los impuestos que lo gravan en ningún caso frenará el incremento continuado del precio del petróleo, además de seguir alimentando la espiral alcista.

A la vez es necesario seguir avanzando de manera decidida en la modernización del marco de relaciones laborales, en una regulación eficaz de los tiempos de trabajo y descanso sin excepciones, en los sistemas de inspección, en la reducción de la accidentalidad vial y en el aumento de la seguridad y salud en el trabajo.

Queda patente la ineficacia de los instrumentos actuales como el Comité Nacional de Transportes, por lo que es imprescindible desarrollar nuevos marcos de negociación y diálogo donde participen los agentes económicos y sociales del sector sin exclusiones, para que junto con la Administración se establezca un nuevo plan de reestructuración y futuro del sector en un entorno plenamente liberalizado.

Se ha desaprovechado un tiempo precioso marcado por el crecimiento económico para abordar en las mejores condiciones posibles una reestructuración integral del sector que lo adapte de manera definitiva al marco europeo.

Desgraciadamente, el Gobierno reincide en la búsqueda de soluciones cortoplacistas y no parece que esté entre sus intenciones abordar de manera directa y decidida las reformas que se necesitan de manera urgente.

Javier Jiménez Martín, Responsable de Política Sectorial de la Federación Estatal de Comunicación y Transporte de CCOO y Consejero del Consejo Económico y Social de España