En este empeño, el FMI viene revisando la situación económica y financiera nacional, regional y mundial a través de un sistema formal de supervisión de las economías para mantener la estabilidad y prevenir crisis en el sistema monetario. Asesora a los países miembros y los “alienta” a adoptar políticas que promuevan la estabilidad económica, reduzcan la vulnerabilidad a las crisis económicas y financieras y mejoren los niveles de vida, respaldando estas medidas con financiación.

Hasta aquí, el lenguaje neutro de una organización que en sus varias décadas de existencia ha estado más asociada a la avaricia, el neoliberalismo y a ser punta de lanza de los más poderosos frente a los que menos tienen del Planeta. ¿Por qué? Porque siempre sostienen que hay que reducir los servicios sociales a los que más lo necesitan con medidas draconianas; porque para ellos es prioritario pagar la deuda externa aunque aumente el sufrimiento de las personas; porque imponen fiscalidades regresivas donde quien más tiene paga menos; porque el saneamiento de las cuentas públicas para ellos siempre pasa por reducir el gasto social; y la reiterada flexibilidad para ellos significa desregulación; porque intentan reducir el papel de los Estados para que tenga barra libre el mercado; porque hablan de servicios a clientes cuando estamos ante derechos fundamentales como la educación, la salud o los servicios sociales.

Cuando en enero de este año, Jörg Decressin, subdirector del Departamento de Análisis del FMI, decía que España se recuperaría más tarde y añadía:»lo que se necesita es más flexibilidad de los salarios para reanudar el empleo y mejorar la competitividad». La palabra «flexibilidad» se refería a una bajada de salarios en términos reales.

Cuando en febrero el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, declaraba en una entrevista en el diario económico francés Les Echos que «el restablecimiento de su competitividad (de España) puede necesitar grandes sacrificios, como una bajada de los salarios». Y a continuación añadía: “Ahora con la crisis, Portugal, España y Grecia tienen serias dificultades» que «implican ajustes muy penosos. Sobre todo cuando el entorno inflacionista es muy bajo». Estaba hablando a las claras para decir que los que tienen que pagar la crisis son los de siempre, los trabajadores y los más desprotegidos.

Es cierto que estas declaraciones, por escandalosas que sean, no son nuevas por parte del FMI. Pero, hay que responder a varias preguntas. Primero, quiénes son y cuántos estos supuestos expertos económicos que hablan con tanta rotundidad. Segundo, por qué si el FMI fue creado para evitar crisis como la actual no se han enterado de nada. Y tercero por qué hoy siguen con el mismo libro de recetas draconianas cuando todo ha cambiado y, además, ni ellos se aplican tales recetas en su organización.

La primera de las cuestiones, quiénes son, es muy reveladora. El FMI cuenta con 24 directores y aproximadamente 2.360 funcionarios procedentes de 143 países. Muchos son personas de prestigio como Olivier Blanchard, director del Departamento de Estudios y Consejero Económico del FMI. El economista francés era profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT) estadounidense.

Y claro, el prestigio hay que pagarlo, como demuestran las generosas condiciones laborales de todos los funcionarios y especialmente de los altos cargos que recoge la sección 14 de los Estatutos del FMI dedicada a las disposiciones sobre sueldos, gastos y prestación de servicios, donde hay dos cosas claras: ganan mucho y no pagan impuestos. Hasta el punto que si algún país no ha firmado el acuerdo de exención de impuestos es el propio FMI quien les dará a sus funcionarios una asignación adicional por impuestos.

Y en este apartado, sorprende las veces que se repite la palabra “razonable” para enmascarar lo evidente, es decir, las grandes remuneraciones y los privilegios para los trabajadores y sus familias. Así, a los gobernadores y sus suplentes se les rembolsarán –según se dice– los gastos razonables que sufraguen cuando asistan a las reuniones de la Junta de Gobernadores; el Fondo pagará también cualquier gasto razonable hecho por el Director Gerente en interés del Fondo (incluso los gastos de viaje y los de transporte de él y su familia, y de sus efectos personales.); a los directores ejecutivos y a sus suplentes se les rembolsarán, además, todos los gastos razonables de viaje en que incurran por asuntos oficiales del Fondo, y los gastos razonables en que incurran en relación con asuntos oficiales del Fondo para atender a altos funcionarios de los gobiernos o Bancos Centrales o a representantes apropiados de los círculos universitarios de los países miembros que los hayan nombrado, elegido o designado, así como a representantes apropiados de los medios de comunicación.

¿Y que es razonable para ellos?. Pues que el director gerente cobre 441.980 dólares de salario, que se complementan con 79.000 dólares para gastos. A las que hay que sumar por contrato las ventajas para el plan de pensiones, del que podrá cobrar hasta el 50% de sus aportaciones si está dos o más años en el cargo. Además, su sueldo se actualiza cada mes de julio según la inflación media que se registre en Washington. ¿También es razonable que un becario cobre al día en torno a 300 dólares?

La segunda cuestión, es cómo si el FMI fue creado para evitar crisis como la actual no se enteraron de nada. Aquí hay dos opiniones contrapuestas, las de quienes piensan que son las políticas del propio Fondo las que provocan la crisis con su sacrosanta desregulación de todo y su adoración al dinero y el poder de unos pocos. Y, claro, la del FMI que pretende continuar con sus privilegios. ¿Cuál es ésta?: la que les lleva a intentar parecer victimas de la situación, y sin ningún problema escribir informes como “Lecciones iniciales de la crisis”, elaborado por los Departamentos de Estudios, de Mercados Monetarios y de Capital, y de Estrategia, Política y Evaluación del Fondo Monetario Internacional. Aprobado por Olivier Blanchard, Jaime Caruana y Reza Moghadam, el 6 de febrero de 2009, en este momento no dudan en culpar de la crisis al optimismo y al fracaso de la política económica en regulación financiera, política macroeconómica y arquitectura mundial, como si ellos no tuvieran nada que ver. Y acto seguido recomiendan hacer el trabajo que ellos deberían haber realizado, y se hubiera evitado la crisis.

La crisis no la provocaron los trabajadores, ni los funcionarios, ni los pensionistas ¿Por qué la tienen que pagar?. O mejor aún, donde está la ética de la responsabilidad de los grandes directivos mundiales, incluidos los del FMI. Tenían que haber asumido su responsabilidad y marcharse, porque ellos sí son responsables directos de la crisis. Pero no, hay que culpar a otros para seguir en sus puestos cobrando salarios y prebendas millonarias y, una vez pasados los agobios iniciales, volver a dejar el disimulo y continuar con las recetas de siempre: ganar más, sin ninguna responsabilidad y a cualquier precio.

La tercera cuestión es por qué siguen con el mismo libro de recetas draconianas cuando todo ha cambiado y además ni ellos se las aplican en su organización. La respuesta es sencilla, porque les interesa y porque los gobiernos legítimamente elegidos en las urnas siguen consintiendo que triunfe un determinismo económico que arrincona a la política y a los ciudadanos para defender la acumulación de dinero y de poder en manos de unos pocos. De esta forma, el FMI se permite escribir que está clarificando y actualizando su cometido a fin de cubrir toda la gama de políticas macroeconómicas y del sector financiero que inciden en la estabilidad mundial.

La falta de coherencia del FMI tiene que llevar a la política, es decir, a los gobiernos, a reformular su papel y sus objetivos porque todas las políticas, sean o no económicas, deben de estar dirigidas a proporcionar la mayor calidad de vida posible a todos los habitantes del Planeta. Quien pide y reclama reformas y liberalización de los mercados de trabajo, quien exige la ampliación de la edad de jubilación, quien solicita bajada de salarios y de las indemnizaciones por despido, quien apela a la reducción de las ayudas a las familias y las ayudas sociales, no sólo no se aplica ninguna de estas recetas, sino que no da señales de que tenga la más mínima intención de apretarse el cinturón.

Frente al discurso del FMI que estima que la pérdida de poder adquisitivo y de derechos de los trabajadores es el precio que la sociedad debe pagar para salir de la crisis, hay que contraponer más derechos para crear una sociedad con más libertad, justicia e igualdad. Y decir que queremos para los trabajadores los derechos razonables que disfrutan en el FMI. Esto sólo es posible con más democracia y con responsables en los máximos niveles de representación, también del FMI, que se apliquen lo que estableció Confucio: “El que gobierna debe poner su ejemplo ante todos y ser diligente”.