Tenemos pendiente un debate muy delicado en torno a la respuesta que debe ofrecer la sociedad y sus instituciones ante determinados conflictos laborales con graves afecciones al interés general. En concreto está por dilucidar hasta dónde ha de llegar el derecho de huelga de los trabajadores en servicios esenciales, cuando su movilización en defensa de unas condiciones laborales razonables genera graves perjuicios a la colectividad.

Pero interesa aclarar que este debate pendiente e importante no tiene nada que ver con el vigente conflicto provocado por los controladores del tráfico aéreo en España. Por dos razones. Primero, porque los controladores españoles jamás han convocado una huelga. Ellos acostumbran a ejercer presión poniéndose “enfermos” de forma masiva y organizada, en los momentos en los que más daño y quebranto ocasionan sobre los ciudadanos que hacen uso del transporte aéreo. Es decir, ellos practican la huelga salvaje e ilegal, secuestrando a miles de viajeros durante horas de retrasos injustificados y socavando premeditadamente la calidad del sector turístico, clave en el desarrollo de la economía española. Intentan así quebrar la voluntad del Estado y multiplicar su cuenta corriente.

La segunda diferencia reside en las condiciones laborales que defienden unos y otros. Las condiciones que disfrutaban los controladores vía convenio hasta la promulgación de la reciente Ley del control aéreo no pueden considerarse derechos, sino privilegios inaceptables e intolerables. Los controladores españoles eran los mejor pagados y los menos productivos de toda Europa, responsables además de que nuestros aeropuertos contaran con las tasas de navegación más elevadas del mundo.

Sueldos de más de 600.000 euros anuales a cargo de los presupuestos públicos, menos de 15 horas de trabajo semanal efectivo, jubilación voluntaria con salario íntegro desde los 52 años, auto-organización del trabajo, auto-gestión del ingreso en la profesión… A iniciativa del Gobierno socialista, y con el respaldo de la gran mayoría de los grupos parlamentarios, la Ley aseguró la eficiencia en el servicio de control, rebajó las tasas aéreas y acabó con estos privilegios. Y ahora los controladores hacen un pulso al Estado, con los veraneantes como rehenes, para tumbar la ley y recuperar sus prebendas. La cosa es tan simple como esto.

Pero este pulso debe ganarlo la sociedad y el Estado español. Porque sería inaceptable que estas conductas ilegales e inmorales obtuvieran un éxito que sirviera de precedente a otros colectivos. Porque en el contexto presente de crisis y austeridad en los recursos públicos, incluso en la gestión de las pensiones, resultaría impúdico dar satisfacción a las demandas bochornosas de estos elementos. Y porque nuestro país y nuestro transporte aéreo requieren de una gestión eficiente y competitiva, con tasas reducidas y equiparables a las propias de las naciones de nuestro entorno.

El Gobierno y AENA disponen de instrumentos en la Ley para salvar el chantaje de los controladores y para asegurar un transporte aéreo eficiente. A los controladores que defrauden a la Seguridad Social simulando enfermedad falsa hay que denunciarlos ante la Justicia. A los que efectivamente estén aquejados de “estrés” y “ansiedad” debe abrírseles un expediente que podría culminar en su salida de la profesión, porque si hay un servicio público incompatible con el “estrés” y la “ansiedad” ese es el del control del tráfico aéreo.

Mientras tanto, el operador aéreo sigue aplicando una Ley que le permite recuperar la organización del servicio de control, adjudicar turnos de trabajo, formar nuevos aspirantes y contratar personal debidamente acreditado en otros países y mejor dispuesto a cumplir con las normas y con el trabajo debidamente asignado. El Gobierno ya ha anunciado incluso su propósito de ofrecer la gestión del servicio de control a empresas privadas en determinados aeropuertos.

Aquí solo hay dos bandos. El bando del cumplimiento de la ley y el interés general, con pleno respeto a los derechos legítimos de todos los trabajadores. Y el bando de las huelgas ilegales en defensa de privilegios intolerables. La gran mayoría de los ciudadanos tienen claro su bando. El Gobierno también. La lástima es que ese afán del PP de situarse siempre frente al Gobierno le ha llevado, una vez más, a situarse en el bando contrario al interés de España.