Hoy, después de las violentas agresiones a los policías ocurridas en las calles de Madrid, hay que condenar y perseguir a los violentos, pero me reafirmo en ese pensamiento. Y me pregunto, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno en esa política? ¿Y si dentro de ella, son capaces de forzar negligencias deliberadas para conseguir sus fines a cualquier precio?

Es preciso denunciar, para que no vuelva a suceder, que el sábado día 22 de marzo se dejó desamparados a los policías por parte de los responsables policiales y políticos. Y también, condenar la violencia, pero sobre todo perseguirla con todos los medios que proporciona el Estado de Derecho. El lanzamiento de piedras, las agresiones con barras de hierro, el apuñalamiento de policías, y expresiones posteriores como: “Voy todo de subidón porque en las cargas de Recoletos fuimos capaces de rodear a un policía y yo le tiré una piedra en la cabeza cuando estaba en el suelo. Mañana lo veréis en las noticias, quedó inconsciente, se lo tuvieron que llevar arrastrao”, no tienen cabida en nuestra sociedad democrática. No hay excusa que valga.

Es cierto que los recortes impuestos por el Gobierno del Partido Popular están llevando a un número cada vez mayor de españoles a situaciones de riesgo de exclusión social, y a la pobreza. Al mismo tiempo, esos millones de ciudadanos ven como una minoría privilegiada concentra cada vez más riqueza y poder con el beneplácito de un Gobierno que actúa a su dictado. Se suprimen becas de comedor, se quitan ayudas de libros, se ponen copagos sanitarios, mueren dependientes sin que se les haya dado la prestación a la que tenían derecho, pero el Gobierno va al rescate de las empresas concesionarias de las autopistas de peaje para las que sí hay más de 5.000 millones de euros.

Esta realidad social, donde España es el país de la Unión Europea con más desigualdades y donde se incrementan más las diferencias de ingresos entre los que más tienen y los que menos, está provocando una ruptura social que de no corregirse va a ir en aumento, y va a provocar una inestabilidad social primero, pero política después de consecuencias terribles.

Hay que decirlo con claridad, el Gobierno del PP no puede seguir por más tiempo criminalizando las reivindicaciones ciudadanas, como excusa para recortar libertades y derechos. El Gobierno del PP es responsable de la acción de gobierno que realiza, porque así lo establece el marco constitucional. El Gobierno del PP debe cambiar de políticas para corregir el empobrecimiento de la clase media y el sufrimiento de millones de españoles que son pobres. Ya no sirve responsabilizar a unos y criminalizar a otros para, mediante el miedo y la inoperancia deliberada, someter y silenciar a la sociedad española.

Pero también, hay que decir con claridad que la defensa de los derechos constitucionales tiene que venir de la persecución de la violencia que realizan grupúsculos minoritarios, pero cada día más numerosos. Con la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con la ley en la mano, y con los jueces y fiscales aplicándola, no pueden volver a repetirse sucesos como los que ocurrieron el sábado en Madrid.

Las imágenes de violencia son terribles. Pero, ¿por qué sucedieron? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué responsabilidades se van a asumir? Muchos son los interrogantes, pero también hay algunas certezas:

1.- Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son muy profesionales. Están habituados a montar dispositivos ante manifestaciones que se puedan producir en la calle, y ante la violencia que puedan provocar grupos minoritarios que aprovechan esas concentraciones. ¿Cómo es posible entonces que se hayan producido errores tan graves en el dispositivo policial que han puesto en riesgo la vida de los policías?

2.- Días antes, por ejemplo el 20 de marzo, en algunos medios de comunicación aparecían titulares como “Guardia Civil y Policía Nacional temen un colapso en Madrid el 22 de marzo por la llegada de las ‘Marchas de la Dignidad. Alerta porque las casas okupas, la Coordinadora 25-S, Izquierda Castellana y los Bukaneros del Rayo Vallecano podrían aprovechar para provocar disturbios.”¿Se tuvieron en consideración estas informaciones por parte de los responsables políticos del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno en Madrid a la hora de prevenir posibles situaciones de violencia? ¿Por qué si tenían la información, el Gobierno ahora miente y dice que se vieron desbordados?

3.- El dispositivo policial desplegado para la denominada “Marcha por la Dignidad”, fue de los más amplios de los últimos años como reconocen desde los sindicatos policiales. Pero, ¿quién diseñó el operativo para que hubiera policías aislados y sin los medios adecuados para poder defenderse de los ataques de los violentos?

4.-Cuando los policías se quedaron aislados entre los violentos, y estaban siendo atacados brutalmente con barras y piedras, pidieron en numerosas ocasiones ayuda. ¿Quién ordenó aguantar, mantener estática la posición, defender la posición cuando estaban siendo agredidos y había refuerzos a escasa distancia? ¿Quién impidió a los efectivos policiales, que solicitaban acudir en su ayuda, ir a auxiliarlos?

5.-Ante la petición de ayuda, primero hubo silencio y después se tardó ocho minutos en dar respuesta. El resultado son 67 policías heridos. ¿Por qué no se auxilió desde el primer momento a los policías? ¿Hubo órdenes políticas? ¿O se quería por parte del Gobierno llegar a esta situación para justificar de ahora en adelante futuras desproporciones en las actuaciones al amparo de estos hechos?

No pueden quedar impunes estos actos de brutalidad y violencia. Hay que actuar contra los violentos utilizando todos los instrumentos del Estado de Derecho, porque la impunidad es contraria a la Democracia. Pero también, para fortalecer la Democracia, hay que reconocer que hubo errores policiales, tanto en la planificación del dispositivo como en la coordinación, que deben suponer la dimisión del responsable o responsables. Hay que reconocer que hubo errores políticos, al dar determinadas instrucciones a la policía que ahora el Gobierno niega que diera, que deben suponer la asunción de responsabilidades y la dimisión.