A pesar de este diagnóstico, las recetas que propone para corregir esta situación no son nuevas ni aportan nada original en las actuales circunstancias: remitir la negociación colectiva a los centros de trabajo, limitando al máximo los convenios sectoriales; establecer el contrato único, igualando todos los contratos con una indemnización baja por despido; además de mejorar las políticas activas de empleo; y reformar la educación secundaria y terciaria. En definitiva, desregular aún más nuestro mercado de trabajo y devaluar el peso de la negociación colectiva sectorial -individualizando las relaciones de trabajo-, con el propósito de reducir los salarios y disminuir el poder sindical y, como consecuencia, su capacidad de movilización, como ya lo está haciendo la reforma laboral. Lo que no reconoce la OCDE es que esta política ha generado una fuerte violencia contra los más débiles y ha agravado el desempleo y la precariedad de nuestro mercado de trabajo, con el consiguiente aumento de la desigualdad y de la pobreza. De la inversión, del consumo interno, de las políticas fiscales y de la redistribución de la riqueza la OCDE no dice nada; por el contrario, el informe ratifica las políticas de austeridad, de acuerdo con el FMI, la Comisión Europea y el BCE. Como agravante, la propuesta de la OCDE -compartida por todos- de reactivar las políticas activas de empleo no está siendo considerada por el Gobierno en absoluto, como lo demuestra el desplome de la inversión en esta materia que se ha producido en los dos años del Gobierno de Rajoy. Sin duda, se trata de un informe ideológico y de marcado carácter tecnocrático; en resumen, un informe para olvidar por su nula aportación a la rápida salida de la crisis, así como al crecimiento económico, a la creación de empleo y al bienestar social de la ciudadanía.

Por el contrario, los informes de los sindicatos sobre la igualdad de género -que se han realizado con motivo del Día de la Igualdad Salarial celebrado el pasado 22 de febrero, como antesala del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora- resultan demoledores y anteceden a los últimos y terribles datos publicados sobre la violencia de género en la UE. Según UGT, la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en el 22,99% de media anual, 0,5% por encima del año anterior. Dicho de otra manera: las mujeres tendrían que trabajar 84 días más que los hombres para percibir el mismo salario. La crisis y la reforma laboral también han empeorado la situación de las mujeres en relación con el empleo, la precariedad y, en consecuencia, con la desigualdad y pobreza. El desempleo femenino alcanza a 2.827.000 mujeres y casi un triple más de mujeres que de hombres trabajan a tiempo parcial y además con un salario menor. Por otra parte, la situación actual de la mujer en el mercado de trabajo afectará de manera considerable a la protección social. Si las diferencias actuales en salarios se mantienen las mujeres tendrían que trabajar como media 47 años y dos meses para cobrar la misma pensión que un hombre que trabaje 38,5 años para poder acceder al 100% de la pensión. Además, el 71,8% de las mujeres con una pensión de jubilación perciben unos ingresos igual o por debajo del SMI, mientras que en los hombres ese porcentaje alcanza sólo el 24,48%. En cuanto a la decreciente prestación por desempleo, de los casi tres millones de mujeres en paro más del 60% no perciben ningún tipo de ingreso.

Esta realidad y las cifras que la acompañan resultan intolerables y demuestran las profundas desigualdades retributivas que se producen en nuestra sociedad en cuanto a igualdad de género. El poner remedio a esta situación debe ser una prioridad de nuestros gobernantes. En este sentido, la recuperación de la muy baja tasa de actividad de las mujeres y la promoción de políticas públicas de igualdad que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral deben ser una exigencia para todos, al margen de las medidas que se puedan lograr a través de la negociación colectiva -como propone CCOO- a través de planes de igualdad y de acciones positivas que doten de mayor transparencia a los sistemas retributivos, adecuen los complementos salariales a esta realidad, revisen las categorías profesionales y desarrollen medidas estructurales en el mercado de trabajo que combatan la segregación y la brecha salarial.

Nada de esto ha sido abordado por el Gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación, donde ha destacado, muy a pesar de su escaso contenido, dos decisiones anunciadas por el presidente Rajoy y dimensionadas por los medios de comunicación afines: la exención del IRPF a las rentas inferiores a los 12.000 euros y la tarifa plana de 100 euros al mes para los nuevos contratos indefinidos, que la ministra Báñez no ha dudado en calificar -de una manera impropia, exagerada y triunfalista- como:la medida más importante de impulso al empleo estable de toda la historia de España.

El Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) ha ridiculizado la decisión del Gobierno relativa al IRPF, como se contempla en Nueva Tribuna. Según GESTHA, la medida, que entrará en vigor en 2015, apenas alcanzará a 402.000 contribuyentes entre asalariados y pensionistas con ingresos brutos entre 11.121,2 y 12.000 euros y supondrá un desembolso de 19,7 millones de euros para las arcas públicas y, por consiguiente, un ahorro de 49 euros anuales por cada mileurista. Debemos recordar que los asalariados y pensionistas que perciben rentas del trabajo inferiores a 12.000 euros son más y ascienden a 12 millones de personas; sin embargo, pocos se verán afectados por esta nueva medida debido a que la mayoría -los que ganan menos de 11.121,2 euros- ya no tributan nada a Hacienda desde 2010. Sin duda, se trata de una burda medida electoralista que hace abstracción de la necesaria reforma fiscal pendiente que debe estar dirigida a combatir el fraude fiscal, la evasión fiscal y a que paguen más los que más tienen (Sicav, transferencias financieras, impuesto al patrimonio, sucesiones…).

En relación a la tarifa plana debemos manifestar que representa el ejemplo más claro del fracaso de la actual reforma laboral en la creación de empleo -en particular del empleo indefinido- y en la superación de la precariedad de nuestro mercado de trabajo. No debemos olvidar que, según CCOO, en los dos años de vigencia de la reforma laboral contabilizamos 1.354.000 empleos menos y 621.0000 cotizantes menos a la seguridad social. Desgraciadamente, esta medida no resolverá nuestro problema del desempleo y significará más ayudas a los empresarios y, por lo tanto, una nueva transferencia de rentas del trabajo al capital (las rentas del trabajo han caído el 49% al 44%, mientras que las rentas del capital han crecido del 41% al 45%), sin que ello necesariamente nos garantice crear empleo neto ante el posible efecto de sustitución de unos trabajadores por otros con tarifa plana y dinero público. El empresario que tiene necesidad de contratar lo hará, al margen de la tarifa plana, ante la demanda de sus productos. Por el contrario, el empresario que no tiene necesidad de contratar porque no tiene demanda no lo hará a pesar de las ventajas que representa la tarifa plana. En todo caso, se pretende poner un parche temporal a un grave problema que no se resuelve con medidas insignificantes, puesto que el empleo depende del crecimiento de la economía (sin crecimiento del PIB en el entorno del 2% no hay empleo consolidado), así como de medidas capaces de impulsar políticas activas de empleo y, finalmente, de la configuración de un nuevo modelo productivo diversificado a medio y largo plazo, que supere la atomización empresarial (microempresas) y dote de tecnología, investigación, organización y logística a las empresas.

Por otra parte, una medida de estas características resulta nociva sin paliativos para las cuentas de la seguridad social. Las últimas medidas del Gobierno relacionadas con el recorte del poder adquisitivo de las pensiones sólo han tenido una justificación: la sostenibilidad del sistema de la seguridad social. Por eso, esta medida contradictoria demuestra que nos encontramos ante una decisión que tiene un fuerte contenido político encaminado a favorecer a los empresarios (reivindicación histórica de la CEOE) a costa de los trabajadores y de los pensionistas. Por otra parte, si lo que se pretende es reducir la contratación temporal lo que se debe hacer es penalizarla y no volver a subvencionar la contratación indefinida. Resulta evidente que el Gobierno o bien nos engañó con el recorte del poder adquisitivo de las pensiones o bien nos está tomando el pelo con estas nuevas medidas unilaterales que terminan por golpear, una vez más, a la seguridad social precisamente cuando es deficitaria como denuncia UGT: durante 2013 se dispusieron de 11.648 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Los hechos descritos demuestran y confirman que la globalización está presidida por unas políticas de marcado carácter neoliberal y que las organizaciones internacionales (OCDE, FMI, Comisión Europea, BCE…) tienen como prioridad garantizar las políticas de ajuste y la estabilidad fiscal a las que se supeditan las políticas relacionadas con el crecimiento de la economía, la generación de empleo y el bienestar social. En este marco, como ha quedado sobradamente demostrado, el Gobierno se encuentra muy cómodo y no se siente obligado a modificar su política, a pesar de la fractura social que está generando y de que las previsiones electorales al Parlamento Europeo indican una severa caída del partido en el Gobierno (PP) que, cuando menos, perdería su mayoría absoluta en futuras elecciones generales.

De la misma manera, y como consecuencia de estas políticas, llama la atención la creciente desigualdad y pobreza que se produce en nuestro país, afectando particularmente a jóvenes, mujeres, pensionistas y parados de larga duración y la nula preocupación que merece este grave problema al Gobierno, a pesar de que los ciudadanos continúan movilizándose en torno a los recortes y conflictos en los servicios públicos, sectores y empresas y, además, se vislumbra una nueva ofensiva de las Mareas en defensa de Otra política es posible a la que practica el actual Gobierno.

Por último, el debate sobre el Estado de la Nación ha demostrado, una vez más, los estragos que está produciendo la mayoría absoluta de la derecha (PP), así como la poca credibilidad que tiene el actual Parlamento, que terminará por deteriorar aún más la imagen de la Clase Política. También ha demostrado la soledad del Gobierno, muy despegado del conjunto de la ciudadanía. Efectivamente, Rajoy vive en El País de las Maravillas; en un país irreconocible para la inmensa mayoría de los ciudadanos acuciados de una u otra manera por el desempleo, la precariedad, la desigualdad y la pobreza. Esta dura realidad social no se corregirá por la fuerte propaganda gubernamental, ni tampoco por la manipulación o las medias verdades de los medios de comunicación afines al Gobierno; por eso, en vísperas de las elecciones europeas, la gran mayoría de los ciudadanos esperan de la izquierda un serio y rotundo compromiso en defensa de la democracia, el empleo y las políticas redistributivas.