Otro hecho diferencial de nuestro entorno, que agudiza nuestra crisis y pone en riesgo el futuro de nuestros jóvenes, es el escandaloso desempleo (más del doble que la media europea) que, según las propias previsiones del Gobierno, superará los seis millones de desempleados al finalizar el año y, lo que es más grave, la ausencia de un plan de empleo creíble para combatirlo. Estas cifras demuestran la tomadura de pelo que ha significado la reforma laboral en relación con la creación de empleo (debemos recordar las declaraciones del gobernador del Banco de España, del Gobierno y de analistas interesados en torno a FEDEA sobre la urgencia de dicha reforma laboral) y su utilización para devaluar los salarios y transferir rentas del trabajo al capital (se reducen los salarios a los trabajadores para dar ese dinero a los empresarios), como confirma Contabilidad Nacional: el reparto del valor añadido generado por la economía española vuelve a ser más favorable al excedente empresarial (46,6%) que a las rentas salariales (45,6%) y este reparto desfavorable para los trabajadores se ha acentuado al comienzo del año; debemos recordar que, hace sólo dos años, el excedente empresarial era del 43,2% y los salarios superaban el 48,5%. Esta reforma laboral, aprobada finalmente en el Parlamento, se produce con una prima de riesgo que duplica la que había en el año 2010, sin que ello haya calmado a los mercados y, por lo tanto, corregido el déficit.

A ello hay que añadir la corrección del déficit de las CCAA (hasta el 1,5% del PIB) y de los Ayuntamientos que está sirviendo de excusa al Gobierno para llevar a cabo en solitario una política generalizada de recortes en sanidad, enseñanza y servicios sociales con una visión ideológica determinada que culmina, en muchos casos, con la privatización de dichos servicios donde gobierna el PP. Esta batalla ideológica se está produciendo sobre todo en Andalucía, Asturias y Euskadi que es, precisamente, donde gobierna o va a gobernar el PSOE. Por eso, el conjunto de la oposición (sobre todo PSOE e IU) debe ser capaz de ofrecer alternativas que eviten los recortes en dichos servicios, al amparo de lo que está proponiendo la izquierda francesa y alemana. Efectivamente, las referencias del nuevo Gobierno francés y de la socialdemocracia alemana deben ser un nuevo aliciente para aplicar una política distinta y diferenciada, que haga compatible la corrección del déficit con la reactivación económica, sustentando por añadidura el concepto: “otra política es posible”.

Finalmente, Rajoy debe abordar, más pronto que tarde, la reforma fiscal (sin olvidar otras reformas: por ejemplo, la reforma del sector energético). No es de recibo que la presión fiscal en España esté más de seis puntos por debajo de la eurozona y que el fraude fiscal y la economía sumergida superen la barrera del 20%, según todos los datos disponibles. Los que más tienen deben hacer un mayor esfuerzo solidario para superar la crisis. Recuperar el impuesto del patrimonio, de sucesiones y donaciones; gravar las rentas escandalosas del trabajo y del capital; gravar las transacciones financieras (ayudaría además a frenar la especulación); y combatir los paraísos fiscales son algunas medidas a tener en cuenta. Si no se aplican algunas de estas medidas la crisis seguirá perjudicando a los más débiles y no resolveremos los problemas derivados del déficit y de la deuda que, fundamentalmente, se deben al desplome de los ingresos. Por eso, en este contexto, resulta incomprensible la amnistía fiscal del Gobierno, sobre todo cuando resulta injusta, absurda y poco relevante en cuanto a conseguir ingresos fiscales.

Ante semejante situación, que se agravará en lo que va de año y a lo largo de 2013, Rajoy sigue apostando por ser el campeón de los recortes y el mayor defensor de las políticas de la señora Merkel -a pesar de sus nefastas consecuencias para el empleo-, lo que explica sus serias reticencias a participar en un frente común en la UE, más favorable a impulsar el crecimiento de la economía y retrasar la corrección del déficit, ante el fracaso de las medidas de ajuste de la UE, como se ha demostrado en Grecia, Irlanda, Portugal y está ocurriendo en España e Italia. Además, la experiencia determina que con las actuales cifras de desempleo y la escasa actividad económica -junto al aumento de la prima de riesgo-, España (junto a otros países) no pagará la deuda que nos aqueja. Efectivamente, los datos de Contabilidad Nacional del I Trimestre del año certifican una caída del PIB del 0,3% respecto al Trimestre anterior, lo que demuestra que las políticas del Gobierno nos llevan a la recesión económica y a la regresión social (-1,7% del PIB para este año) sin resolver el problema del déficit y mucho menos el desempleo. Por eso, resulta comprensible que en estas circunstancias se estén poniendo en valor las alternativas de Hollande y de la socialdemocracia alemana con las que la izquierda pretende recuperar su prestigio y combatir la crisis.

Esta política inevitablemente enfrenta al Gobierno con los sindicatos (campaña de desprecio y desprestigio) y con la oposición, simplemente porque defienden una política diferenciada de la señora Merkel (reducción del déficit más lentamente, además de reactivar la economía). La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar: utiliza abusivamente la mayoría absoluta, a pesar de que ésta nunca debe ser utilizada para gobernar a golpe de Decreto Ley minimizando la labor del parlamento; porque, para salir de la crisis se necesita el concurso de todos y no poner en práctica sistemáticamente una política de oposición a la oposición (“la culpa la tiene Zapatero”), como está ocurriendo en la actualidad, con lo que esto representa para la calidad de la democracia participativa.

A pesar de ello, la labor de la oposición sigue resultando más necesaria que nunca para canalizar el creciente malestar social y denunciar los atropellos y las políticas que atenten contra los servicios esenciales de la ciudadanía, que están generando además desigualdad y pobreza. Por eso, el PSOE debe reforzar sus estructuras y propiciar el debate, impulsando la presencia en el tejido social de sus afiliados. El encargo de Rubalcaba a Jáuregui para que organice nuevos encuentros (orgánicos, políticos y económicos) con la pretensión de generar nuevas ideas está cargado de buenas intenciones; sin embargo, eso no es lo más importante ni lo más urgente. Lo importante es mentalizar a los responsables de la estructura partidaria para poner en práctica un plan federal de consolidación de las agrupaciones (que genere participación, debate y garantice la democracia interna) y campañas sostenidas para incrementar la afiliación que terminen por configurar un nuevo modelo de partido fuerte y creíble para la ciudadanía, porque no están en juego ni trasnochadas las ideas socialdemócratas sino su correcta y eficaz aplicación. Se deben aplicar también medidas de control interno, capaces de evitar corruptelas y conductas poco apropiadas y nada ejemplarizantes que, desgraciadamente, se han producido en demasía en los últimos años.

Los sindicatos también están llamados a ser organizaciones de referencia en la sociedad y particularmente en los centros de trabajo. Al margen de la actuación política de las direcciones confederales (recurrir a la defensora del pueblo, a los grupos parlamentarios, convocar movilizaciones generales…) hay que sindicalizar y reactivar el trabajo de las organizaciones de base (secciones sindicales, delegados, comités de empresa y sindicatos de sector) para que defiendan activamente los intereses de los trabajadores en su conjunto (activos, desempleados y pasivos). Particularmente los sindicatos deben impulsar movilizaciones que respondan a conflictos concretos (como está ocurriendo con la educación, la sanidad y la minería y, si es posible, de acuerdo con el 15-M) y participar en los convenios a todos los niveles, rechazando la aplicación de la reforma laboral y denunciando una política de recortes que atenta contra el Estado de Bienestar Social y resulta negativa para el consumo, la inversión y el empleo.

En todo caso, la oposición y los sindicatos no deben ni pueden dar un cheque en blanco a las políticas de ajuste interesadas de Ángela Merkel y deben denunciar que el Gobierno está utilizando la crisis para llevar a cabo una brutal y devastadora política de recortes y derechos: reforma laboral, golpe a los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales), incluso trabaja para controlar RTVE. Todo ello sin ninguna medida relacionada con los ingresos fiscales y el crecimiento de la economía en los Presupuestos Generales del Estado; más bien ocurre todo lo contrario: las partidas relativas a financiar las políticas activas de empleo han disminuido un 21%.

En este sentido, los sindicatos y la oposición proponen como alternativa un gran Acuerdo Social que garantice un reparto más equitativo de la crisis, avances en la creación de empleo y respeto a nuestro modelo de bienestar social. No será fácil. El Gobierno lleva meses haciendo oídos sordos a los sindicatos y a la oposición, al no considerar interesante la búsqueda de acuerdos para poner en práctica las recomendaciones de la Unión Europea, a pesar de que los últimos acontecimientos han demostrado que el PP no tenía estrategia para salir de la crisis. Incluso, los mercados le están dando la espalda al perder crédito sus políticas después de cinco meses de Gobierno y, lo que es peor, los ciudadanos han comprobado la falsedad de sus promesas, los desempleados están perdiendo la paciencia y los jóvenes no encuentran su futuro. Por eso, no es extraño que la ciudadanía proteste y se indigne; lo extraño sería que no lo hiciera.