Algunos pretenden olvidar que España es una sociedad democrática donde se reconoce y protege el derecho de los españoles a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio.

Algunos pretenden olvidar que en España los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente.Y sí, también y nadie lo niega, por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

Algunos pretenden olvidar que en España se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y el ejercicio de ese derecho no necesitará autorización previa. Y aunque no les guste, la Constitución es clara cuando afirma que en los casos de reuniones en lugares de transito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que SÓLO PODRÁ PROHIBIRLAS cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Mariano Rajoy, su Gobierno y su acompañamiento mediático hablan mucho de otoños calientes, de violencia en las manifestaciones porque lo que desean es crear un clima de miedo que, por una parte, haga que los ciudadanos se retraigan a la hora de expresar en la calle sus ideas. Y por otra, les sirva de excusa para intentar imponer una concepción jurídica autoritaria que carece de cualquier sensibilidad frente a los motivos y manifestaciones que plantean los ciudadanos cuando no coincide con su ideario político o con su modelo de sociedad.

Los ciudadanos necesitan respuestas frente a la crisis, que mejoren su calidad de vida y no que les hunda en la pobreza. Los ciudadanos necesitan un Gobierno que gobierne a favor suyo y no de los poderes económicos. Los ciudadanos necesitan a un presidente del Gobierno que vaya a Bruselas a defender a España y los españoles y no a decir ‘sí wuana’ a los deseos de Alemania y los poderes financieros. Y como no es así, se angustian, sufren y cada vez más protestas.

Y por mucho que el PP no lo quiera entender, y hable de que algunos quieren conseguir en la calle lo que no consiguieron en las urnas, la resistencia pacífica ante las políticas injustas de recortes no es violencia, aunque a ellos les violente. Como decía Habermas, el derecho a la desobediencia civil se encuentra con toda evidencia en la divisoria entre la legitimidad y la legalidad.

El PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, pretende utilizar la legalidad de un resultado electoral para cambiar el modelo social y político en España. Unidad de España sí, pero sin olvidar que el artículo primero de la Constitución dice que España se constituye en un ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad,la justicia,la igualdad y el pluralismo.

Los ciudadanos salen a la calle a defender sus derechos, y el Gobierno del PP, por mucha legalidad electoral que le respalde, no puede ni podrá imponer de nuevo en las calles de España el silencio y la porra bajo su viejo eslogan de “la calle es mía”. Porque la calle es de todos.

Por eso, no quiero olvidar cuando Mariano Rajoy en el año 2005 se preguntaba: ¿Por qué hay manifestaciones?, para responderse a sí mismo: Pues hay manifestaciones de millones de españoles para que el Gobierno cambie una disparatada política antiterrorista. Y hay manifestaciones en Salamanca porque a la gente no le gustan los trágalas…

NO quiero olvidar cuando Mariano Rajoy, en junio del año 2006, en la Cadena COPE decía: «Mi partido es el que moviliza todas las manifestaciones, es el que las respalda, moviliza y las llena».

NO quiero olvidar a Mayor Oreja cuando un día sí y otro también se manifestaba contra el Gobierno PSOE en políticas que son de Estado. Manifestaciones que se retransmitían en directo por algunas televisiones públicas y donde se decían barbaridades contra el Gobierno. Eso sí, ahora Mayor Oreja ve “un disparate” que se televisen las protestas “porque incitan a manifestarse”. Que caradura.

El debate está abierto y hay que posicionarse, porque los partidarios de un endurecimiento de la regulación del derecho de manifestación muestran una estrecha visión democrática que pretende ampliar el concepto jurídico de violencia a formas no convencionales de formulación de la voluntad política.