Debemos recordar que el 1 de mayo de 1886 fue la fecha elegida para que estallara la huelga por la jornada de ocho horas en EEUU (ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de ocio). Más de 5.000 fábricas pararon y 340.000 obreros salieron a la calle para defender sus reivindicaciones y luchar en contra de unas condiciones verdaderamente inhumanas (era frecuente el trabajo de niños y mujeres y las jornadas de trabajo alcanzaban de 12 a 14 horas). En Chicago, en la Plaza Haymarket, el 4 de mayo, se masacró a los manifestantes en protesta por esta situación (38 obreros muertos, 115 heridos y 6 policías muertos) y 4 de sus dirigentes fueron ahorcados un año después y declarados posteriormente víctimas inocentes de un error en un proceso judicial revisado, en 1893.

Por eso, desde 1890, recordando a los “mártires de Chicago”, se viene celebrando el 1º de Mayo en todo el mundo, por decisión del Congreso Internacional Obrero celebrado el año anterior en París, en el que participó Pablo Iglesias representando a las organizaciones socialistas.

En esta fecha tan significativa, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha denunciado el fracaso de las políticas de marcado carácter neoliberal que están generando desempleo, desigualdad y pobreza -incluso poniendo en entredicho la democracia- en el conjunto de la UE. En España, los datos de Contabilidad Nacional han certificado la caída del PIB en el 1,4%, en 2012, y todo indica que en el presente año la economía decrecerá en torno al 1,5% por la caída de la inversión y el consumo, muy afectado por la devaluación salarial. Los recientes datos de la última EPA son alarmantes y desoladores: 6.202.700 de parados (27,16% de la población activa), con especial incidencia en los jóvenes (57,2%) y en algunas provincias (con índices de paro superior al 40%); un aumento de los hogares en que ninguno de sus miembros tienen empleo (cerca de 2 millones); un incremento de los desempleos de larga duración (2,9 millones de trabajadores llevan más de un año en situación de desempleo); además de una cobertura de desempleo con clara tendencia a la baja (3,2 millones de desempleados no reciben ningún tipo de prestación).

A ello hay que añadir la actitud de los empresarios en materia de negociación colectiva, al abusar de los descuelgues, amenazar con la eliminación de la “ultractividad”, además de retrasar la negociación de los convenios: los datos de 2010 contemplaban que 10,8 millones de trabajadores estaban cubiertos por los convenios; sin embargo, en 2012, el número de trabajadores sólo alcanzaba algo más de 6,7 millones; por lo tanto, más de cuatro millones carecen en la actualidad de la cobertura de un convenio colectivo que regule sus condiciones de trabajo, además de los salarios.

Por su parte, UGT y CCOO han mostrado su rechazo, en este 1º de mayo, a una política económica y a una legislación laboral impuesta, que condena al desempleo a millones de trabajadores. De la misma manera han rechazado las medidas aprobadas, al margen del Pacto de Toledo, que afectan a las jubilaciones anticipadas y parciales y endurecen el acceso al subsidio de desempleo para los mayores de 55 años, lo que aumentará la desigualdad y la pobreza; además, han mostrado su preocupación y repulsa por el anuncio de nuevas medidas encaminadas a recortar las actuales y futuras pensiones.

Particularmente activos se han mostrado en la denuncia de los recortes presupuestarios, que no tienen parangón en la historia de la democracia: en inversión en infraestructuras; en investigación y desarrollo; en prestaciones sociales (desempleo y dependencia); en los servicios públicos esenciales (sanidad y enseñanza); en los salarios de los empleados públicos… Todo ello, además, está siendo compatible con enormes transferencias de dinero público al sector financiero, que han elevado el déficit, en 2012, al 10,6% del PIB (sin que ello garantice el crédito a las PYMES). Con el agravante de que estas transferencias se producen junto a una fuerte regresión fiscal, que incluye el fraude fiscal y la economía sumergida (más de ocho puntos del PIB por debajo de la media de la zona euro).

Los sindicatos también han sido particularmente activos el Día Internacional de la Salud y han recordado a los 892 trabajadores fallecidos en la fábrica textil de Bangladesh, que desarrollaban sus tareas en unas condiciones verdaderamente lamentables: ‘dumping’ social, trabajo infantil, hacinamiento en el trabajo, riesgos contra la salud… Debemos recordar, según la OIT, que cada año se producen en el mundo 160 millones de casos de enfermedades relacionadas con el trabajo que, a su vez, producen 2,34 millones de muertes (más de 6.000 muertes al día), de las cuales 321.000 son por accidente de trabajo; con el añadido de que los avances tecnológicos y las condiciones económicas y sociales están agravando los peligros existentes para la salud (estrés laboral). El costo anual de los accidentes y enfermedades profesionales resulta brutal: 4% del PIB mundial y, en el conjunto de la Unión Europea, 145.000 millones de euros.

En la UE, 160.000 personas mueren por accidentes de trabajo y en nuestro país 2 trabajadores sufren un accidente de trabajo mortal cada día y, durante 2012, se produjeron 1.158.206 accidentes laborales, de los cuales 462.600 fueron con baja y casi 700.000 sin baja. Esto se explica por el temor a perder el empleo en esta situación de crisis y porque muchos accidentes no se declaran como laborales para evitar la intervención de la inspección de trabajo en los centros de trabajo.

Otro asunto a tener en cuenta es que muchas enfermedades profesionales se están tratando como enfermedades comunes, con el consiguiente perjuicio para el trabajador y para el Sistema Nacional de la Salud. Los sindicatos también han denunciado que las empresas ven la prevención como un costo y no como una inversión: el 40% de las empresas no forman a sus trabajadores en la prevención y hay un 20% que no tiene hecha la evaluación de riesgos. Todo ello se produce a pesar de que, según la OIT, por cada euro invertido en prevención se produce un retorno económico para la empresa de 2,20 euros. De la misma manera han sido rotundos contra la actuación del Gobierno: no es comprensible que haya disminuido la inversión del Estado en prevención, en un 40%, en el último año y, aún más grave resulta, que el País Valenciano, Cataluña y la Rioja no hayan invertido ni un euro en esta materia.

Lo más grave de la actual situación es que el Gobierno sigue paralizado, sin capacidad de iniciativa, sin una mínima sensibilidad social y sin alternativas conocidas, al haber supeditado su acción de Gobierno a las políticas de austeridad de la UE, lo que está resultando insoportable con las actuales cifras de desempleo. Debemos insistir en que el problema de España no es el déficit y la deuda pública sino el desempleo. En los últimos consejos de ministros y en el parlamento -aunque resulte increíble- no se ha aprobado ni anunciado ninguna medida destinada a crear empleo; incluso, el Gobierno ha rectificado su cuadro macroeconómico y ha terminado por reconocer que no se va a crear empleo en esta legislatura, lo que resulta escalofriante y debería ser suficiente para renunciar a seguir gobernando por más tiempo, sobre todo si nos remitimos a sus promesas electorales y a su única justificación: “la culpa de todo lo que está ocurriendo la tiene Zapatero”.

Además, el Gobierno, para reducir el indudable desgaste político que está sufriendo en los últimos meses, viene utilizando la manipulación, la confusión y la mentira y está intentando convertir un auténtico problema social -como el que existe en España-, en un vulgar conflicto de orden público, como lo atestigua la represión de las últimas movilizaciones. La pretensión es muy simple: dimensionar y radicalizar artificialmente las movilizaciones, evitando con ello que se hable del desempleo (convertido en una simple variable macroeconómica) y de los problemas de corrupción que abruman al PP. Para apoyar a esta campaña planificada, el Gobierno no ha dudado en utilizar los medios de comunicación afines (que son muchos) para conseguir sus propósitos marcadamente ideológicos y, desde luego, sumamente interesados.

En este escenario resulta comprensible que UGT y CCOO exijan políticas concertadas encaminadas a conseguir un gran Pacto por el Empleo (plan de choque) que estimule la recuperación económica y modifique la reforma laboral impuesta, porque reduce drásticamente el empleo (facilita y abarata el despido); elimina los derechos laborales; aumenta la precariedad (sólo el 8,5% de los contratos que se firman son de carácter indefinido); reduce el poder adquisitivo de los trabajadores; disminuye la presencia de las rentas del trabajo en el PIB, en 5,2 puntos porcentuales, mientras que aumenta el peso de las rentas del capital, en 3,6 puntos; y, además, limita el derecho a la negociación colectiva y proporciona todo el poder a los empresarios en los centros de trabajo.

Un Pacto por el Empleo que aborde también una reforma fiscal integral; luche contra el fraude fiscal y la economía sumergida; anteponga el empleo y la reactivación económica a las políticas de austeridad y ajuste indiscriminado; mantenga la necesaria protección social a través de la implantación de una renta básica de carácter asistencial, con un suelo de gasto que lo garantice; y fortalezca los servicios públicos y sociales fundamentales. En definitiva, un Pacto que solucione los problemas derivados de la expropiación de las “preferentes” y de los pequeños accionistas de Bankia, de los desahuciados y de los afectados por los recortes en sanidad, enseñanza y servicios sociales, que están causando una auténtica alarma social.

Sin embargo, nada de ello será fácil ante una correlación de fuerzas claramente desfavorable a los sindicatos y un Gobierno que carece voluntad política para consensuar la salida de la crisis con la oposición (sólo acepta adhesiones, amparado en su mayoría absoluta) y sin alternativas capaces de abordar una política decidida para crear empleo. No debemos olvidar que los sindicatos se encuentran en una difícil encrucijada -víctimas de una planificada campaña antisindical- y son considerados por el poder como el último bastión de la izquierda. Por eso, la convocatoria de Rajoy a los sindicatos para el próximo día 16 -al margen de la oposición política- está suscitando muy pocas expectativas, aunque no deja de ser una nueva oportunidad para que el Gobierno rectifique y recupere el diálogo y la concertación social. Estaremos atentos.