Creo que no esta de más recordar que en el fatídico otoño de 2008, a causa del error de permitir la quiebra de Lehman Brothers, los diferentes gobiernos acudieron en auxilio de sus sistemas bancarios, invirtiendo ingentes sumas de dinero público en los mismos, en Europa más de 500000 millones de euros, lo que, evidentemente, incrementó el endeudamiento público sin obtener una contrapartida razonable de actividad económica, que pudiera evitar la crisis fiscal en que ahora nos encontramos. Han sido tres años de desconfianza, de descrédito y de parálisis, también de graves especulaciones, que ahora pasan una nueva factura, cuyo pago escapa a la capacidad de la Unión Monetaria Europea, atrapada en su falta de realismo y su clara incapacidad política.

Dejando de lado los diferentes matices y elucubraciones sobre la constitución del capital de los bancos, es decir sus recursos propios, importa señalar que siempre se manejó una banda de entre el 5 y el 8 por 100 de sus activos totales medios, al considerar la naturaleza singular del negocio bancario que, contra lo que se piensa, es uno de los más regulados y supervisados que existen. Cuestión aparte es la de la competencia y diligencia de los supervisores. Y siempre se entendió que era una exigencia suficiente, a sabiendas de que, en casos de graves crisis crediticias o de insolvencias voluminosas, unos recursos propios del 5, del 8 o del 10 o 12 por 100 no impedirían la suspensión de pagos o la quiebra, si fallaba la liquidez. Porque ésta última es la madre del cordero para mantener la actividad del negocio bancario. La ausencia de liquidez fue, entre otras, una de las causas de la Gran Depresión de los años 30 del pasado siglo, gracias a las políticas erróneas del Secretario del Tesoro americano de entonces Andrew Mellon.

Por ello, causa desazón e inquietud que se haya puesto más el foco en el capital que en la liquidez, obviando en muchos casos el saneamiento de los balances. Ese ha sido por ejemplo el caso de España que subió inopinadamente las exigencias de capital al sistema crediticio, con el “éxito” sabido: mayor contracción del crédito, falta de confianza, escuálidas inversiones privadas en el capital de los nuevos “bancos”…y rescate público, en una suma y sigue infernal. Ahora parece que la Autoridad Bancaria Europea, inventora de los brillantes test de stress, quiere seguir esa senda que promete, si alguien o algunos sensatos no lo remedian, grandes tardes de gloria en ésta maltrecha Europa.

Con razón la banca española, que está sufriendo los despropósitos comentados, expresa su alarma sobre los proyectos de los eurócratas, que predican desde su torre de marfil. Porque aumentar el capital no aporta casi nada en medio del desmoronamiento de la deuda y de otros activos, como los inmobiliarios en el caso español, mejor dicho, aporta mayor contracción crediticia y freno a la actividad económica, más paro y menos ingresos fiscales. Sí sería, en cambio, más plausible llegar a un acuerdo global para reconocer en el ámbito de la Unión Monetaria las consecuencias de la reestructuración de la deuda de los países periféricos, cuyas pérdidas deberían tener un tratamiento singular mediante su imputación a recursos propios en un plazo, bastante dilatado dado su volumen, de años.

En paralelo, sí se garantizaría la liquidez para evitar el colapso del crédito y descargar a los Estados de nuevos compromisos fiscales. Es decir, ante una realidad lacerante y endemoniada, no podemos seguir obcecados con aplicar o endurecer las reglas existentes. No valen para esta crisis, como no valieron en la Gran Depresión y al terminar la Segunda Guerra Mundial. Ahora no ha habido una guerra, pero las devastadoras consecuencias de la crisis financiera europea justifican, a mi juicio, un acuerdo de la comunidad internacional, para evitar que la vieja Europa desencadene un colapso financiero mundial. Son nuevos tiempos y nuevos problemas, que exigen arrumbar las políticas caducas y fracasadas, que abundan demasiado en Bruselas.