Quizás el recorte más dramático sea el que afecta a la atención sanitaria. Recortar recursos en la protección frente a la enfermedad y la muerte resulta especialmente cruel. Pero es precisamente en el capítulo sanitario donde los ajustes del Gobierno están resultando más duros y persistentes. Hasta cinco grandes capítulos pueden definirse en la política del PP para recortar prestaciones sanitarias a los españoles.

El Gobierno se estrenó fulminando el carácter universal del sistema público de salud. Hasta la llegada de Rajoy al poder, todos los seres humanos tenían derecho en nuestro país a la protección pública frente a la enfermedad. Ahora ya no. Los primeros excluidos fueron los inmigrantes irregulares. Son personas como nosotros, con los mismos sufrimientos que nosotros, pero el Gobierno les niega la atención sanitaria para salvar sus vidas o protegerse de la enfermedad. Si quieren sanidad, que se la paguen, y si no pueden, pues allá ellos. Como es lógico, se han producido fuertes resistencias entre los profesionales para la aplicación de una medida tan mezquina, y la realidad es que muchos inmigrantes enfermos están siendo tratados en el sistema sanitario público de manera irregular y por la puerta de atrás. Es denigrante.

Otro colectivo singular que está siendo objeto de la exclusión sanitaria por parte del Gobierno del PP es el de los parados españoles que deciden no resignarse y buscan empleo más allá de nuestras fronteras. Lejos de ayudarles, el Gobierno de Rajoy y Mato ha decidido retirarles la tarjeta sanitaria y todos los derechos a prestaciones públicas en cuanto pasen más de 90 días fuera de nuestro país. Aducen que en cuanto encuentren empleo en otro territorio estarán cubiertos por la sanidad de ese lugar, pero la realidad es que son muchos los emigrantes españoles que, por desgracia, tardan más de tres meses en encontrar trabajo o que, incluso, no llegan a encontrarlo nunca. ¿Merecen además el castigo de su Gobierno con la exclusión del sistema sanitario? Penoso también.

Rajoy implementó igualmente el llamado copago hospitalario, por el que los pacientes hospitalizados quedan obligados a pagar parte de los medicamentos que se les suministran mientras están internados. Es decir, se les obliga a pagar para salvar sus vidas frente a enfermedades graves que requieren de hospitalización. Resulta especialmente dramático. Tanto que ninguna administración autonómica se ha atrevido aún a ponerlo en marcha, y hasta la presidenta castellano-manchega, a la sazón también secretaria general del PP, ha decidido congelar su aplicación.

Ha tenido que ser el Consejo de Estado el que tumbara el copago prescrito para el uso de ambulancias no urgentes y prótesis en general. Esta alta instancia del Estado se ha visto en la obligación de recordar al Gobierno algo tan obvio como que los enfermos no utilizan las ambulancias para hacer turismo, sino para acudir a los centros sanitarios a recibir el tratamiento que les ha de salvar la vida. Finalmente, Rajoy y Mato han tenido que retirar la medida, ante su evidente ilegalidad.

Se mantiene, sin embargo, el copago agravado en la adquisición de medicamentos por parte de pensionistas. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acaba de denunciar precisamente que la renuncia del Gobierno a fijar precios de referencia para los medicamentos ha ocasionado una subida media de precios del 1,47% durante los últimos meses de 2013, mientras la inflación aumentaba un 0,3% y la subida de las pensiones se limitaba al conocido 0,25%. El resultado ha sido una ganancia importante para la industria farmacéutica, y una carga suplementaria para la deteriorada capacidad adquisitiva de nuestros pensionistas. Lamentable.

El último capítulo a reseñar podría ser el de las privatizaciones de hospitales y centros de atención primaria y especializada, en marcha en la Comunidad de Madrid, a pesar de los varapalos judiciales y de la firme oposición de profesionales y ciudadanía en general. Finiquitado el gran negocio de la especulación inmobiliaria, los negociantes madrileños al amparo del poder han encontrado en el sistema público de salud un nuevo objeto de saqueo. Afortunadamente, puede que a los gobernantes del PP no les de tiempo para culminar el proceso y poner la salud de los madrileños en manos de empresas privadas y, con toda seguridad, el nuevo gobierno que salga de las urnas en el año 2015 impedirá esta barbaridad.

Resulta comprensible, por tanto, la irritación ciudadana creciente. Si nos estamos «recuperando», ¿a qué viene recortar nuestra salud?