En el CES están presentes las organizaciones más representativas del mundo sindical, empresarial y de sectores como la agricultura, pesca, economía social, y consumidores y usuarios, a los que se suman seis expertos de reconocido prestigio en las actividades propias de la institución.
Según la exposición de motivos de su ley constitutiva se trata de que el CES, aparte de cumplir el mandato constitucional de facilitar la participación ciudadana, sirva de plataforma institucional permanente de diálogo y deliberación. Añade que responde a la legítima aspiración de los agentes económicos y sociales de que sus opiniones y planteamientos se oigan a la hora de adoptar el Gobierno decisiones que puedan afectar a los intereses que les son propios. Y abunda en la misma dirección cuando señala que el CES constituye, además, un medio de comunicación, asimismo permanente, entre los agentes económicos y sociales y el Gobierno. Sirva lo apuntado hasta aquí para mejor entender la importancia de este tipo de instituciones en estrictos términos de democracia participativa.
Como no podía por menos que suceder, dada la configuración de nuestro Estado, cada Comunidad Autónoma ha ido poniendo en marcha sus correspondientes CES, adaptados al alcance de las competencias de dichas Comunidades y con una composición más o menos parecida al de España.
Con la llegada del Partido Popular al Gobierno de la nación y al de la mayoría de las regiones y alguna nacionalidad se viene observando que, en paralelo a la involución social representada por su política, se desarrolla una progresiva involución democrática que, entre otras manifestaciones, se proyecta sobre este entramado de instituciones de participación. En algunos casos se ha procedido, manu militari, a disolverlas, siendo el ejemplo más conocido el del CES de Castilla-Mancha. Le ha seguido la disolución o suspensión del de Cantabria, Islas Baleares, La Rioja y Canarias. En Comunidades como Galicia y Extremadura se planteaba meses atrás la fusión con otros organismos. Y, obvio es decirlo, se ha generalizado el recorte drástico de recursos para su funcionamiento, por aquello de la política de austeridad.
En el caso del CES de España las reducciones presupuestarias siguen la tónica general. Pero dada la deriva del Gobierno en cuestión de recortes no sería esto lo más significativo. Lo significativo es que se estima en al menos una treintena la cifra de anteproyectos de ley y de decretos leyes que por el impacto directo sobre los intereses que les son propios a las organizaciones allí representadas hubiera sido no sólo preceptivo sino políticamente fundamental que al menos una buena parte de ellos se remitieran para su dictamen. Por citar un sólo ejemplo, no se ha enviado el de la reforma laboral. No es la primera vez que un Gobierno escamotea al CES la remisión de anteproyectos a que la ley le obliga. Lo nuevo es esa tendencia general al vaciamiento progresivo y en ocasiones drástico de instituciones de participación, lo que a la larga podría ser la coartada para eliminarlas.
Es posible que ante la que está cayendo sobre el país haya quienes consideren que este es un problema menor. No lo es en absoluto, sobre todo si se tiene presente que el hecho mismo de imponer medidas de profundo y grave calado en lo social, económico y político por el procedimiento del decreto ley afecta al desarrollo normal de instituciones como el Parlamento, sin que esas medidas puedan justificarse en falsas urgencias. Si a todo ello se le une el abierto propósito de debilitar a organizaciones que contribuyen a la vertebración del país, como es el caso de los sindicatos, a la par que se desprecia el diálogo y la concertación social que se ha venido practicando ininterrumpidamente desde mediados de los años 90, se podrá calibrar mejor el retroceso democrático al que asistimos y la gravedad de la inclinación dictatorial en las formas de Gobierno que, por supuesto, se extienden a otros muchos ámbitos.
Inútil decir que, además de la denuncia, habrá que seguir movilizándose para invertir un proceso a todas luces inquietante.
