La medida impuesta en el Real Decreto que niega la asistencia sanitaria a los llamados “inmigrantes sin papeles” supone, en mi opinión, una vulneración de lo establecido en la Ley General de Sanidad y en la Ley de Cohesión y Calidad (por cierto esta última aprobada por el Gobierno del señor Aznar), asimismo vulnera el sentido del mandato constitucional recogido en el artículo 43 (derecho a la protección de la salud). Recuperando una figura ya superada en nuestro país, la de asegurado, lo que realmente se hace es eliminar el derecho a la protección de la salud como derecho de ciudadanía y en su lugar convertirlo en una prestación que se recibe sólo si hay una empresa o entidad que realice el aseguramiento de la asistencia sanitaria de la persona concreta. Un paso atrás histórico en nuestro país.
También a los españoles mayores de 26 años que no tengan la condición de asegurado se les limita el derecho a las prestaciones sanitarias; lo que hasta ahora era un derecho que se ejercía con absoluta libertad, el nuevo marco legislativo impuesto por el Gobierno de España, exige que estas personas, para acceder a la condición de asegurado, tendrán que acreditar previamente que no llegan al nivel de ingresos económicos que se determinen reglamentariamente.
Utilizando el fantasma de la crisis, el Real Decreto promulgado por el Gobierno del señor Rajoy establece unos recortes brutales en las prestaciones que la actual cartera de servicios de nuestro sistema de salud ofrece a los ciudadanos sin ninguna contraprestación económica añadida; se fracciona la cartera de servicios actual y se establecen nuevos copagos para recibir prestaciones absolutamente necesarias y tan frecuentes en su utilización como por ejemplo el transporte sanitario para los enfermos que acuden a diálisis o rehabilitación, las prestaciones farmacéuticas de procesos crónicos graves, cuya provisión se realice de forma ambulatoria o los productos dietéticos absolutamente necesarios en algunos procesos crónicos graves. Asimismo, se modifica el copago ya existente en relación al pago de los medicamentos, incrementando el porcentaje de pago a determinados grupos e introduciendo por primera vez en nuestro país el copago a los pensionistas.
Todos estos copagos no van a producir ninguna mejora ni racionalización en la gestión del sistema, en mi opinión ni lo pretenden, son única y exclusivamente una medida recaudatoria para intentar mejorar la situación de unas arcas públicas, que están en cuadro y no precisamente por culpa de quienes ahora van a soportar este nuevo sacrificio.
La política ineficiente y despilfarradora, que la entrada de los procedimientos de colaboración público-privado han significado, junto con el enorme aumento de externalizaciones al sector privado de numerosos servicios, han supuesto un importante encarecimiento que está haciendo peligrar la sostenibilidad futura y ha hipotecado las finanzas sanitarias públicas para muchos años. Frente al mensaje de la derecha española que representa el PP, tratando de hacer creer que los ciudadanos son quienes utilizando de manera irresponsable y abusiva los servicios ponen a éstos en peligro respecto a su futuro, y por ello se hace necesario paguen al recibirlos, conviene recordar que a los ciudadanos que hoy utilizan los servicios y reciben sus prestaciones no se les está regalando nada; son ellos quienes sostienen el sistema a través del pago de sus impuestos y ahora se les exige pagar aún más. Como contrapartida, a los grandes defraudadores que evaden grandes capitales a paraísos fiscales, este Gobierno les concede una vergonzante amnistía fiscal. Estos individuos, que sin ninguna duda deben ser considerados peligrosos delincuentes, sí son culpables de que no se posean en nuestro país mejores servicios públicos esenciales; si tributasen a la Hacienda Pública lo que les corresponde, los servicios públicos podrían estar mejor financiados y ser aún mejores.
Los nuevos copagos que el Real Decreto establece, así como la modificación del ya existente copago por la adquisición de medicamentos, exigiendo en muchos casos un desembolso económico mayor, no suponen ninguna mejora en la gestión del sistema, sino que van a suponer la existencia de una barrera al acceso de prestaciones por parte de las clases más desfavorecidas, generando así una quiebra de la equidad. En realidad el Real Decreto, donde quedan plasmados los recortes en materia sanitaria que el PP impone, no pretende nada de lo que su ampuloso título enumera, sino que es el instrumento legislativo empleado para recortar derechos, desnaturalizar el carácter público del sistema, truncar su cobertura universal y facilitar el camino a un sistema sanitario dual en nuestro país; se pretende haya una sanidad privada cada día más potente y una sanidad pública en el siglo XXI que se parezca mucho a la asistencia sanitaria de beneficencia ,que existía en España en una gran parte del siglo pasado.
Nuestro actual Sistema Sanitario Público, de cobertura universal, financiado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, con provisión y gestión pública, está hoy en grave peligro; la derecha neoliberal (Partido Popular) que hoy gobierna quiere desmantelarlo y sólo una respuesta social contundente puede evitarlo.
