El debate parlamentario -condicionado por las múltiples concesiones a los grupos minoritarios para aprobar la ley ante la falta de una mayoría socialista consolidada- ha convertido la reforma laboral (impuesta a los sindicatos y a los trabajadores como tantas otras en democracia) en una verdadera “contrarreforma” que reduce los derechos y las garantías laborales conquistadas por los trabajadores (no hay más que comparar esta reforma con el Estatuto de los Trabajadores, aprobado en el año 1980, para darse cuenta de su brutalidad).

La reforma hará que el despido sea más fácil, más rápido y considerablemente más barato- además de subvencionado-, de acuerdo con las exigencias que han venido planteando los empresarios desde hace mucho tiempo; consolida la precariedad y la dualidad de nuestro mercado de trabajo, al no contemplar medidas eficaces que la sitúen como mínimo en la media europea (los datos de contratación del mes de agosto lo confirman al contabilizarse, del total de los contratos efectuados, sólo un 6,62% como contratos indefinidos); desestabiliza la negociación colectiva al dar más facilidades a los empresarios para el descuelgue de un convenio y, desde luego, más poder para fijar las condiciones de trabajo en las empresas; finalmente no incide en las políticas activas de empleo, ni se plantea la reforma de las oficinas públicas de empleo, ni contempla medidas para superar su escasa incidencia en la recolocación de los trabajadores desempleados y se limita a facilitar la externalización de estos servicios a través de las agencias privadas de colocación con o sin ánimo de lucro. A ello contribuye que la inversión en políticas activas de empleo es ligeramente inferior a la UE y además está mal distribuida: en Europa se destina el 29,5% a mejorar los servicios de empleo mientras que en nuestro país no llega al 16,5%. Además, mientras en España se destinan el 29,7% de dichas políticas a bonificaciones a las empresas en el resto de la UE se destina a este concepto el 16,9%.

Las consecuencias son claras: la reforma no significa un avance en la superación de nuestro principal problema que es el desempleo- impactado por una fuerte crisis de demanda-, sobre todo el de los jóvenes (sin empleo, además, no se puede hablar de recuperación económica ni será posible sanear las cuentas públicas); sigue apostando por un modelo intensivo en el factor trabajo, poco cualificado, y de baja remuneración para ser más competitivos, abandonando el debate sobre el cambio de modelo productivo que este país necesita para salir de la crisis; carece del necesario equilibrio entre los interlocutores sociales (favorece claramente a los empresarios); y, finalmente, propina un golpe bajo al diálogo social lo que traerá consigo un aumento de la conflictividad en torno a la negociación colectiva y a la aplicación de las medidas más regresivas de la reforma en empresas y sectores de producción y servicios que pueden producir grandes operaciones de sustitución de trabajadores mayores, con un contrato indefinido, por trabajadores con un contrato en precario y escasos derechos laborales.

En todo caso, la reforma laboral es una medida más que forma parte del reciente giro social a la derecha del gobierno socialista: reducción de retribuciones y congelación de las plantillas de las administraciones públicas; recortes en la inversión pública; y congelación de las pensiones.

Por si eso fuera poco el gobierno ha anunciado próximos recortes en la protección a los desempleados y una reforma de la seguridad social- incluso sin consenso sindical y al margen del Pacto de Toledo- que alargará la jubilación a los 67 años y aumentará el periodo de cómputo para fijar la cuantía de las pensiones lo que perjudicará, según el secretario de la seguridad social Octavio Granados, al 97% de los pensionistas. Concretamente, pasar de 15 a 20 años supondría una reducción media de la pensión de algo más del 5% y ampliarla a toda la vida laboral podría llegar al 17%, lo que quiere decir que los futuros pensionistas tendrán que trabajar más años antes de jubilarse y cobrar menos cuando se jubilen. Estas medidas se pretenden imponer con una seguridad social en beneficios- dotada con un fondo de reserva con algo más de 60.000 millones de euros- que dedica en pensiones el 8,8% del PIB, cuando la UE-15 le dedica el 12,1% y la UE-27 el 11,9%.

La política del gobierno no contempla contrapartidas sindicales, ni un compromiso serio y suficiente de reducir el gasto ordinario de las administraciones públicas, ni aborda los ingresos fiscales (desarme fiscal), en este caso a través de una política redistributiva y más equitativa donde paguen más los que más tienen. Por ejemplo, recuperando el impuesto sobre el patrimonio; el impuesto de sucesiones transferido a las CCAA; y gravando las SICAV, las transferencias financieras, las rentas altas, los grandes dividendos…Tampoco se conocen medidas contra el fraude fiscal, ni se van a revisar las bonificaciones fiscales (algunas no tienen fácil justificación), ni tampoco se impulsan políticas encaminadas a la canalización de créditos a familias y empresas. No debemos olvidar que el problema de España no es que se gasta demasiado sino que se recauda demasiado poco: la presión fiscal en España está 7 puntos del PIB por debajo de la media europea y 11 puntos del PIB en relación a los países más avanzados.

No es extraño que, ante esta situación, los sindicatos hayan formalizado la convocatoria de huelga general para el 29 de septiembre (la sexta huelga general en democracia) que coincidirá con la jornada de movilizaciones de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) convocada para este mismo día. La campaña ya está en marcha y en ella están participando los delegados y los miembros de los comités de empresa informando a los trabajadores de las medidas aprobadas y de las pendientes por aprobar.

Mientras tanto, la respuesta del gobierno ante la huelga no se ha hecho esperar, aunque, es justo reconocerlo, resulta más inteligente que las respuestas de gobiernos anteriores. En todo caso, está utilizando los medios de comunicación afines para desactivar la huelga general a través de encuestas desfavorables para la huelga y declaraciones a favor de las medidas tomadas (“los sacrificios de hoy son la puerta del bienestar de mañana”, a pesar de que la experiencia determina que el reparto de los beneficios nunca llega a los más necesitados cuando la situación mejora) y por lo tanto contrarias a la convocatoria de huelga. Incluso el presidente Zapatero- preparando el día después- ha anunciado “que después de la huelga estará abierto a negociar” ¿Pero, negociar qué? Sólo queda pendiente una rectificación del gobierno o que soporte el costo político de estas medidas. Zapatero debe asumir la realidad, y por lo tanto las consecuencias de la supeditación de su política a la dictadura de los mercados, así como el cambio de sus apoyos en plena crisis económica: evidentemente, las cosas después de la huelga no van a seguir como hasta ahora.

Por eso, el PSOE y el gobierno están intentando minimizar las consecuencias de esta política que tendrá un costo electoral (barrer la casa para que venga la derecha) en las próximas elecciones de Cataluña (las encuestas así lo anuncian) y en las municipales y de CCAA previstas para la próxima primavera, lo que marcará la dimensión del cambio de gobierno, si éste se produce, incluso el cambio de cabeza de cartel, para abordar la parte final de la legislatura.

Por parte sindical no se espera otra cosa que no sea una acción sindical contundente encaminada a reducir los efectos del giro económico y social a la derecha del gobierno en los convenios colectivos del próximo año, que se presumen muy duros por la actitud decidida de la CEOE en defensa de la aplicación de la reforma laboral aprobada, de que los salarios pierdan poder adquisitivo, y que los convenios no contemplen la cláusula de garantía salarial (los convenios firmados hasta ahora contemplan incrementos del 1,3% -seis décimas por debajo de lo que han subido los precios en los últimos 12 meses- y sólo el 40% contemplan la cláusula de garantía salarial). Incluso, la CEOE, sigue recomendando la contratación temporal, lo que significa una redoblada apuesta por mantener nuestro obsoleto modelo productivo basado exclusivamente en la intensificación del trabajo para mejorar la competitividad de las empresas.

Por eso resulta chocante que la CEOE no haya sufrido la esperada condena de la sociedad, a pesar de que el ajuste se ha llevado a cabo por las empresas a través de una masiva destrucción de empleo. Por el contrario, está sorteando fácilmente la crisis después de haber conseguido una buena parte de sus reivindicaciones por la actitud del gobierno.

Lo más llamativo de la situación es que las medidas llevadas a cabo se han justificado desde la socialdemocracia (sus adversarios también están en sus propias filas) y se han aprobado sin contestación aparente en el seno del gobierno, así como en los órganos del PSOE y de su grupo parlamentario. Para justificar ese voto hemos constatado verdaderos equilibrios dialécticos que producen sonrojo y ponen en entredicho la ética política de algunos dirigentes (hoy dicen una cosa y mañana todo lo contrario), lo que terminará por reducir su propia credibilidad delante de la mayoría de la ciudadanía y repercutirá en negativo en las próximas confrontaciones electorales.

Debemos recordar que se están defendiendo políticas de ajuste que están deteriorando el consumo y la inversión (según Stiglitz, Europa se ha excedido con los planes de austeridad), y que por lo tanto retrasarán la recuperación económica y la creación de empleo, además de poner en serias dificultades el ya precario estado de bienestar social.

Ante esta situación, la huelga es una alternativa más que justificada para oponerse a esta agresión y para seguir defendiendo los derechos conquistados por los trabajadores, así como una política socialdemócrata capaz de defender a los más debilitados por la crisis. En todo caso, pone de manifiesto preocupaciones, compromisos y lucha para defender los logros conseguidos y seguir avanzando, único procedimiento que ha resultado eficaz a través de la historia. Una historia de ilusiones, esperanzas y utopías, con avances y retrocesos, y con la certeza de que en el futuro el trabajo sindical y las ideas socialdemócratas nos traerán nuevos logros que hoy nos parecen lejanos. Por estas razones, la huelga tiene que ser general.