En todo caso, los datos históricos disponibles reflejan el terrible impacto negativo que tienen las crisis económicas y el desempleo, sobre todo en la salud mental de los trabajadores (patologías psíquicas) y, por lo tanto, en los sistemas sanitarios y de seguridad social. Tanto la OMS como la OIT, así como en términos económicos la OCDE y el Foro Económico Mundial, coinciden en la relación existente entre el aumento de la inseguridad en las condiciones de trabajo, la reducción de las inversiones en políticas sociales y el aumento de los entornos sociales y laborales con altos índices de estrés. Debemos recordar que, para hacer frente a la crisis, los Gobiernos reforman las condiciones de trabajo, facilitando y abaratando el despido de los trabajadores -lo que aumenta el desempleo- y, por lo tanto, se deteriora la salud de los trabajadores al incrementarse el miedo, la angustia y la inseguridad por la posible pérdida de su puesto de trabajo, con las consecuencias económicas y sociales que eso conlleva. Lo mismo ocurre con los trabajadores afectados por la precariedad de su puesto de trabajo (temporalidad) y con los parados y jóvenes que actualmente buscan un empleo.

Los estudios realizados últimamente en Grecia, Italia y Reino Unido también confirman este diagnóstico: aumento de la incidencia del estrés, de las consultas médicas por depresión, del consumo de antidepresivos e, incluso, de la multiplicación de los suicidios, como se demostró en France Telecom (58 suicidios) y recientemente en Grecia: el Gobierno griego contabilizó casi 600 suicidios el pasado año (desde el año 2008 a 2011 se han duplicado), según un estudio de la Agencia Europea para la Seguridad en el Trabajo. El ejemplo más significativo se refiere al farmacéutico retirado Dimitris Christoulas, de 77 años de edad, que se disparó a la cabeza con un revólver de bajo calibre, el pasado 4 de abril, delante del Parlamento griego (“no fue un suicidio, fue un asesinato financiero”- según escribe Óscar Guardiola-Rivero, en la ‘www.elespectador.com’, dada la situación lamentable en la que vivía: “Este Gobierno ha acabado con una vida digna, basada en la pensión que yo mismo pagué durante 35 años sin ayuda estatal. No terminaré escarbando desperdicios en la basura para sobrevivir”).

Esta situación demanda más asistencia sanitaria y más prestaciones por desempleo; por el contrario, los Gobiernos aprovechan la crisis para reformar (recortar) los sistemas de protección social y de salud con la excusa de reducir gastos para corregir el déficit, lo que conlleva unos servicios de peor calidad que, a su vez, genera mayor ansiedad, mayores conflictos, nuevas tensiones y consiguientemente un aumento de las patologías mentales de los trabajadores.

Esta lógica se contempla plenamente en la reforma laboral y en los recortes sanitarios (copago) aprobados recientemente por el Gobierno para reducir costos, lo que puede agravar la situación. Efectivamente, según la OMS en España ya existen seis millones de personas con depresión y las consultas por ansiedad y estrés van aumentando. En relación con ello, hay un dato tremendamente significativo: en nuestro país el consumo de antidepresivos se ha triplicado en los últimos diez años y, desde el comienzo de la crisis, su uso se ha incrementado un 10%.

Lo peor es que esta situación económica y social es susceptible de empeorar, si tenemos en cuenta la política económica del actual Gobierno y sus propias previsiones en relación con el desempleo, así como su empecinada defensa de la reforma laboral que, en todo caso, va a incidir muy negativamente en la salud y bienestar de los trabajadores.

Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública (sin ser datos precisos) puede calcularse que un aumento del 3% de la tasa de paro traería consigo 10.000 muertes en Europa y, en nuestro país, el desempleo producirá un exceso de mortalidad entre 1.500 y 4.000 personas año y la disminución de la esperanza de vida (se calcula un 0,3% de disminución por cada 3% de incremento del paro).

Por otra parte, con esta reforma laboral aumentarán las personas que acudan a su puesto de trabajo enfermas (“presentismo”), lo que incrementará aún más los accidentes, porque un trabajador en esas condiciones es más propenso a sufrirlos en su puesto de trabajo. Desde luego, aumentará el estrés, la ansiedad, la depresión, el acoso, las enfermedades cardiovasculares e, inclusive, los suicidios. Las causas de despido por absentismo, contempladas en la reforma laboral, penalizarán particularmente al trabajador enfermo: faltas de asistencia al trabajo (incluso justificadas pero intermitentes) que alcancen el 20% de la jornada en dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos en un periodo de doce meses, lo que significa que un trabajador con una jornada de 40 horas puede ser despedido (20 días de salario, con un máximo de 12 mensualidades) si está, por ejemplo, ocho días de baja en dos meses. Verdaderamente brutal.

Efectivamente, la situación de nuestro mercado de trabajo (trabajos de baja remuneración, poco protegidos, muy poco regulados e intensivos) contribuye en gran medida al mantenimiento de altas tasas de siniestralidad. A ello hay que añadir la externalización que practican las empresas de distintas áreas de su actividad: gestión y administración, producción, distribución y ventas, con el propósito de abaratar costos y transferir los riesgos más graves para la salud a los trabajadores de las empresas subcontratadas que resultan menos exigentes en materia de prevención de riesgos (“monetizando la salud”), lo que pone en evidencia la organización preventiva en las empresas como demuestran periódicamente las sucesivas Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo.

La pérdida de salud de los trabajadores justifica plenamente que los sindicatos denuncien el terrible azote que representa la siniestralidad laboral para el conjunto de la sociedad española y su exigencia de cumplir la normativa de manera más eficaz, con especial atención a las microempresas (más del 90% del tejido empresarial). De la misma manera reivindican fortalecer el papel de los sindicatos en esta materia (lo contrario que hace la reforma laboral) bajo el eslogan de siempre que, sin embargo, tiene más actualidad que nunca: “la salud no se vende ni se delega, se defiende”. Particularmente hacen hincapié en la mejora de la información e investigación en materia de seguridad y prevención, aumentar la formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos, introducir esta materia con más decisión en los convenios y fomentar la participación, coordinación, inspección y eficacia de las Administraciones Públicas en todo lo relacionado con la prevención de riesgos laborales.

La prevención de riesgos también requiere una mejora de la investigación en el reconocimiento de las enfermedades profesionales, sobre todo cuando todos los expertos pronostican un incremento de las mismas en el futuro. Enfermedades que tienen una relación directa con el incremento de los tipos de riesgos: físicos, biológicos, químicos, de estrés, así como el riesgo asociado a la exposición de las nanopartículas y partículas ultrafinas, que se traducirán en el futuro en lesiones profesionales poco conocidas en la actualidad y por lo tanto sin tratamiento en estos momentos (como ocurrió en su día con la silicosis y la asbestosis: exposición al amianto). A ello hay que añadir los efectos que ya está produciendo la incorporación de la mujer al trabajo, el envejecimiento del mercado de trabajo y las consecuencias derivadas de la precariedad y la intensificación del trabajo con la aparición de nuevas enfermedades.

A pesar de todo lo dicho, la disminución de esta lacra y, sobre todo, de las enfermedades profesionales, sólo será efectiva cuando la prevención se incluya en un modelo de desarrollo en el que el cuidado de la salud sea un recurso competitivo y de calidad, y no un mero efecto colateral más o menos asumible en términos económicos por los empresarios. Por eso, las empresas deben asumir, de una vez por todas, el concepto: “trabajo decente, seguro y con derechos” como un concepto rentable, incluso en términos económicos. En este sentido, un estudio de la Asociación Internacional de Seguridad Social determina que por cada euro que la empresa invierte por trabajador y año en políticas de prevención en el lugar de trabajo, puede esperar un rendimiento económico potencial de 2,20 euros.

Finalmente, las Administraciones Públicas deben trabajar más por extender la cultura de la prevención de riesgos para que penetre en el conjunto de la sociedad de acuerdo con la importancia que tienen en una sociedad moderna y democrática los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, penalizando como corresponde las conductas delictivas de algunos empresarios irresponsables a través de la inspección y de la fiscalía correspondiente.

Los sindicatos deben también asumir, con todas las consecuencias, que la prevención de los riesgos laborales y de las enfermedades profesionales es una parte fundamental de las reivindicaciones de los trabajadores y, por lo tanto, la prevención debe tener el protagonismo que se merece en la acción sindical y en la negociación colectiva, con el propósito de impedir que se apliquen los puntos más controvertidos de la reforma laboral en las empresas, además de luchar decididamente contra la precariedad y el desempleo.

“Morir no es la única muerte, vivir sin esperanza también lo es”. Antonis Samarás, líder de Nueva Democracia (Grecia).