Sin embargo, después de esa fecha todo cambió. La presión de Alemania (y de sus Bancos acreedores) y, en menor medida de Francia, terminó por imponer en el conjunto de la UE duras políticas de ajuste- ante las dificultades de Grecia e Irlanda, y posteriormente de Portugal- para corregir el déficit y pagar la deuda pública que se estaba generando por los efectos de la crisis. En España se puso en marcha un duro plan de ajuste que contemplaba, entre otras medidas, fuertes recortes en la inversión pública; reducción de las retribuciones de los empleados públicos (contestada con una huelga general en la función pública); congelación de las pensiones; y una reforma laboral (despido más rápido, más fácil, más barato, y subvencionado) que justificó la huelga general del 29 de septiembre (29-S) y también las importantes movilizaciones llevadas a cabo en todas las capitales de provincia.

La huelga acabó con el idilio del movimiento sindical y el gobierno socialista y representó una fuerte oposición a la desregulación laboral y al abaratamiento del despido. También a una política económica de ajuste duro que tendría a corto y medio plazo repercusiones muy desfavorables para el crecimiento y por lo tanto para el empleo; a ello contribuyó no sólo la supeditación del gobierno a las ideas neoliberales defendidas en la UE; también influyó la actitud de la CEOE que, lamentablemente, se vio muy afectada por los problemas empresariales de su presidente, Díaz Ferrán, así como por su compromiso político de apoyo al PP y su enfrentamiento deliberado con el gobierno socialista.

En todo caso, el Gobierno se mostró insensible a los planteamientos sindicales y el texto de la reforma laboral terminó por ser aprobado mayoritariamente en el parlamento. La contestación sindical a la ley aprobada se limitó a obstaculizar su aplicación a través de los convenios colectivos y a recoger firmas relacionadas con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que sigue su trámite correspondiente. Era evidente que la correlación de fuerzas no daba para más, como se pudo comprobar meses después en la discusión sobre la reforma de las pensiones que los sindicatos de entrada contestaron- incluso amagaron con una nueva huelga general- ante la dureza de la propuesta del gobierno.

A pesar de las dificultades derivadas de la crisis las circunstancias cambiaron. Se produce un cambio de gobierno (y de ministro de trabajo) que algo tuvo que ver con la huelga general del 29-S; se elige un nuevo presidente de la CEOE dispuesto al acuerdo para recuperar el protagonismo, la autoestima y la legitimidad perdida; y los sindicatos reflexionan y llegan a la conclusión de que una nueva huelga general contra la reforma de las pensiones- por si sola- no garantizaba la mejora de la propuesta preliminar del Gobierno.

En este contexto, y después de largas conversaciones, se llegó a un acuerdo (ASE) que modificó la primera propuesta del gobierno en pensiones, lo que dio pie a los sindicatos para justificar su firma; un acuerdo complementado por compromisos sobre la reforma de la negociación colectiva, políticas activas de empleo, medidas sobre el desempleo juvenil y los parados de larga duración, función pública, así como sobre la política industrial, energética, y de innovación.

El ASE, que ha tenido un fuerte rechazo social en lo que afecta a pensiones (la ciudadanía en las encuestas del CIS rechaza mayoritariamente el acuerdo y los sindicatos salen malparados en su valoración), demuestra que los sindicatos siguen a remolque de las políticas neoliberales y explica su actitud defensiva y dubitativa con el gobierno y con el poder económico, al estar muy condicionados por la crisis y por el alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo. Su capacidad de movilización también se resintió ante el vértigo de convocar una nueva huelga general, y su capacidad de deslegitimar al gobierno no surtió efecto en esta ocasión, ni siquiera en vísperas de unas elecciones importantes como son las municipales.

En este contexto, la decisión sindical se decantó finalmente por aceptar un acuerdo social en base a la propuesta regresiva del gobierno. El propósito no fue otro que limitar en parte los estragos de la crisis internacional agravada en nuestro país por una política económica y social supeditada al interés de los mercados y víctima de los excesos del sector financiero y del ladrillo.

A pesar de ello, los sindicatos valoraron el acuerdo como positivo y apostaron nuevamente por una política de responsabilidad en un momento difícil para la economía española, lo que les ha permitido recuperar la presencia mediática y, lo que es más importante, el diálogo y la concertación social. Activar el diálogo social ha posibilitado recomponer las conversaciones con la CEOE sobre la reforma de la negociación colectiva, que ha estado en el punto de mira de la reciente campaña antisindical como uno de los objetivos conducentes a debilitar- cuando no a suprimir a efectos prácticos- a los sindicatos.

En estas conversaciones (se espera llegar a un acuerdo superada la campaña electoral) los sindicatos han apostado por la racionalización y articulación de la negociación colectiva, revisando los ámbitos de negociación y los contenidos a los diversos niveles, así como su extensión con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio. Ello sólo será posible manteniendo como referencia obligada el convenio de sector estatal y fortaleciendo la articulación y vertebración de dicho convenio con los convenios de empresa que, en todo caso, deberían contemplar un mayor protagonismo sindical (en todo caso de la representación de los trabajadores) a la hora de determinar las condiciones de trabajo en los centros de trabajo. Así, el descuelgue salarial y de contenidos sólo será posible de manera plenamente justificada y en función de las dificultades económicas de la empresa- y de acuerdo con lo que establezca el convenio estatal-, tal como viene funcionado hasta ahora.

La pretensión de la CEOE de eliminar la ultractividad de los convenios (la prórroga indefinida de los convenios), con el argumento de que es incompatible con la “adaptabilidad y la renovación de los convenios”, no es aceptable para los sindicatos que plantean dinamizar la negociación colectiva impulsando el “deber de negociar” antes de que expire la vigencia de un convenio. En todo caso, las partes vienen manifestando voluntad para evitar bloqueos insuperables y, por lo tanto, tratan en último término de activar las comisiones paritarias de los convenios y de poner en marcha procedimientos arbitrales de solución de conflictos, para evitar la prórroga indefinida de los convenios- como viene exigiendo la CEOE en los últimos meses- y, en último término, la judicialización del desacuerdo, que es lo que está ocurriendo en estos momentos.

Un asunto fundamental del esperado acuerdo se refiere a la flexibilidad interna que tiene el propósito de mejorar la capacidad de adaptación a los cambios en las empresas: Modificación de las condiciones de trabajo, tiempo de trabajo, formación continua, movilidad geográfica y funcional, contratación, absentismo, descuelgue salarial y de otros contenidos… Los sindicatos plantean que la aplicación de estas medidas esté condicionada a la participación sindical en las empresas para evitar que los empresarios tomen decisiones de manera unilateral y al margen de las obligaciones contempladas en el convenio sectorial superior. En el peor de los casos, exigen que las medidas de flexibilización interna no se lleven a cabo con merma de los derechos laborales de los trabajadores; para ello se deben superar los derechos actuales de información, consulta y negociación que se contemplan en la legislación vigente pero que, en la práctica, siempre han estado condicionados por el papel subordinado que tienen los trabajadores frente al poder casi absoluto de los empresarios.

En definitiva, los sindicatos pretenden fortalecer las relaciones colectivas de trabajo y, por lo tanto, la negociación colectiva ante los intentos de individualizar las relaciones laborales en los centros de trabajo. También exigen respetar la vigencia del AENC 2010-2012 y, en todo caso, defienden un modelo salarial (negociar en base a inflación prevista con cláusula de revisión salarial) que permita, cuando menos, garantizar el poder adquisitivo de los salarios ante la evolución de los precios, así como el reparto de los beneficios que se generen por un aumento de la productividad en las empresas.

En contra de este modelo- que ha funcionado bien en cualquier situación y ha sido eficaz contra la inflación- se ha posicionado en plena campaña electoral el Banco de España (BE)- encabezando las posiciones más neoliberales-, exigiendo una nueva devaluación de salarios para salir de la crisis (supeditando los salarios a la productividad, reduciendo el SMI y las retribuciones de los empleados públicos, así como congelando las pensiones); insistiendo, por lo tanto, en el dumping social y en un modelo productivo obsoleto y fracasado. Sin embargo, no se dice nada de las retribuciones de los altos ejecutivos, ni del reparto de fuertes dividendos, ni tampoco de la fijación de precios abusivos de algunas empresas que, junto a los precios del petróleo y la factura eléctrica (sigue pendiente la reforma energética), están disparando los precios en nuestro país y perjudicando a los más débiles.

El BE exige también endurecer las reformas (laboral y de negociación colectiva) con el propósito de desregular más el mercado de trabajo, individualizar las relaciones laborales, dotar de más poder a los empresarios, y reducir a la mínima expresión a los sindicatos; todo ello, se argumenta, resulta necesario para facilitar créditos a familias y empresas y así recuperar el crecimiento económico y el empleo, cuando ya ha fracasado estrepitosamente la reforma laboral en vigor. Además, nada tienen que ver las reformas laborales con los créditos. Éstos dependen del saneamiento y reforma del sistema financiero, víctima de sus propios excesos y de la especulación, que ha disparado la morosidad. Asuntos que, no lo olvidemos, son competencia directa del BE. Tampoco el “Gobernador” dice nada del fraude fiscal, ni de los paraísos fiscales, y menos del reparto equitativo de la crisis (recuperación de impuestos: patrimonio, rentas altas, transacciones financieras…). Resultan obscenas y provocativas estas declaraciones, y más en estas circunstancias. ¿Quién parará semejante deriva ideológica, después del 22 de mayo? ¿Qué harán los jóvenes a la intemperie y golpeados por la crisis? No lo sabemos. Sin embargo, están cargados de razones en sus lógicas y clamorosas protestas.