Además se comprometieron en acabar con un derecho que adquirieron los jóvenes españoles cuando se aprobó la Renta Básica de Emancipación y que favorecía el desarrollo de una vida autónoma a sus familias. Junto a esta medida nos anunciaron también la vuelta a la política en materia de vivienda que desarrolló Aznar y que favoreció la burbuja inmobiliaria que pocos años después explotó.

Pero lejos de quedarse aquí, recientemente, el flamante Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, nos anunciaba un paquete de medidas que nos retrotraen a tiempos pasados, que pensábamos ya superados. El estreno del exalcalde de Madrid en la política nacional le ha quitado definitivamente la careta. Aquellos que pensaban que este hombre era un verso suelto dentro de su partido y que sus posiciones políticas distaban mucho de la línea ultraconservadora que guiaba los designios del Partido Popular, ya han descubierto lo que escondía tras la máscara. Y digo esto porque sus medidas suponen dar un giro claro y nítido a la administración de Justicia hacia posiciones conservadoras y un regreso al pasado en los derechos sociales adquiridos por los ciudadanos de nuestro país en los últimos años, que situaron a España en la vanguardia internacional en esta materia.

Por un lado plantea dejar en manos de los jueces, mayoritariamente conservadores si tenemos en cuenta en torno a qué asociaciones se agrupan, la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Con esta medida se rompe con la pluralidad existente hasta el momento que, sin duda, hacía avanzar las leyes con una mirada puesta en el futuro y no en el pasado. Así, se daba sentido al artículo 122 de la Constitución Española, que establece que la principal función de éste órgano es velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. Por eso, tras la herencia del franquismo, se estableció que de los 20 miembros que componen el CGPJ, 8 debían ser elegidos por mayoría de 3/5 de las Cortes Generales, obligando por tanto a que su nombramiento fuera por consenso y preservando así la pluralidad ideológica de dicho Consejo. A partir de ahora, será monocolor en lo ideológico e independiente únicamente de los partidos con principios progresistas.

Pero este hecho se agrava más aún cuando se nos anuncian medidas para disuadir a los ciudadanos que acudan a la justicia a defender sus derechos, haciéndola más cara y por lo tanto, sólo accesible a los más pudientes. Ahora resulta que defenderse en los tribunales es un abuso intolerable. Y no acaba aquí el paquete de medidas. Se plantea romper con otro de los principios que han regido desde el consenso constitucional que no es otro que el de la reinserción del que ha cometido un delito, retomando la cadena perpetua vigente durante la dictadura franquista.

En materia de derechos, Gallardón también ha anunciado cambiar la Ley del Aborto, volviendo a la de 1985, vigente antes de su reciente reforma y que situaba a España al nivel de otras democracias europeas. Su virtud era establecer como prioridad el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, dotándola de respaldo legal y situar la prevención de los embarazos no deseados, para evitar tener que recurrir al aborto, como una acción de gobierno fundamental. De esta forma, el “progresista” Gallardón ha decidido situarse más cerca de lo que reclamaban algunas asociaciones ultraconservadoras cercanas a la jerarquía eclesiástica, que de millones de mujeres que reclamaban un avance en este derecho.

Lo que verdaderamente subyace de fondo es que el poder lo recuperen aquellos que no debieron perderlo nunca. Aquellos que piensan que es intrínseco a su estatus social, herencia o “derechos” adquiridos en el pasado. Además, se aseguran que éste poder lo conserven para siempre y retomar, por tanto, dos grandes clases sociales: los poderosos y sus súbditos.

En esta dirección, quizá los siguientes pasos sean, por ejemplo, derogar la Ley del Matrimonio entre personas del mismo sexo y establecer una similar a la que existía durante el franquismo de vagos y maleantes. O acabar con los convenios colectivos, razón de ser de los sindicatos y sin los que carecerían de sentido, abandonando a los trabajadores a su suerte. Probablemente a algunos, esto les pueda parecer una exageración o simplemente política ficción. Yo espero que sea así, pero… ¿Y si al Partido Popular se le ocurre algo similar? ¿Cómo se le haría frente?

Con unas Cortes Generales plagadas de diputados en la bancada azul que les otorgan mayorías absolutas incuestionables, con casi todo el poder institucional en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos… ¿Qué oposición efectiva se les puede plantear?

La democracia, es sin duda, el mejor sistema para administrar los gobiernos. Pero que este sistema sea el mejor no exime de la responsabilidad que se tiene al ejercer el derecho al voto o al no hacerlo. Que se lo piensen bien los andaluces, que tienen una cita próxima ante las urnas, sino quieren ser una loseta más de ese camino al pasado que ha empezado a construir el Partido Popular.