De ahí, que declaraciones y actitudes como las del Partido Popular, tras acceder al gobierno en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos, cuestionando la veracidad de las cuentas, no solo suponen una irresponsabilidad, sino que demuestran su escasa o nula formación democrática, más allá de las consecuencias que a corto plazo puedan tener en un clima de crisis e incertidumbre como el actual. ¿De verdad vale todo con tal de llegar al poder cuanto antes, aunque el precio lo paguen los españoles y la propia España?

Tanto la mayor demanda de transparencia e información por parte de los ciudadanos hacia las decisiones de sus gobiernos, como el hecho de que, en los diferentes ámbitos de gobierno, el poder ejecutivo, legislativo y judicial rinda cuentas entre sí y frente a otras instituciones que tienen encomendada revisar sus actuaciones y decisiones, convierte la rendición de cuentas, ya sea vertical u horizontal, en un pilar cada vez más esencial dentro del sistema político.

Hasta el punto, de que hoy en día el acceso a la información y la transparencia se han convertido en un derecho fundamental de los ciudadanos y en una obligación de los gobiernos que recogen sus ordenamientos legales. Unos quieren conocer las actuaciones y decisiones que se adoptan y otros deben informar de sus actos y decisiones.

En teoría, nadie cuestiona que en democracia es básico que los gobiernos, elegidos mediante el voto de los ciudadanos, rindan cuentas de sus actuaciones. Mediante este ejercicio se controla la acción de gobierno y los posibles abusos, pero también se conoce si el gobierno en cuestión ha cumplido sus compromisos con los ciudadanos.

En la práctica, son todavía muchos los gobiernos, por ejemplo el de la Comunidad de Valencia o el de la Comunidad de Madrid, que obstaculizan la rendición de cuentas, cuando impiden la fiscalización y el acceso a la información, no solo a los ciudadanos sino también a los representantes de los ciudadanos elegidos democráticamente y que forman parte de los grupos de oposición al gobierno.

Por estos motivos, la democracia debe desarrollar normas que permitan mejorar el control de los gobiernos y, al mismo tiempo, agilizar y posibilitar la transparencia y la información ante los ciudadanos, la sociedad en su conjunto y los representantes de los ciudadanos en las instituciones. Las consecuencias serán muy positivas para mejorar el funcionamiento de la democracia, puesto que un mayor conocimiento e información por parte de la ciudadanía obligará a los gobiernos a ser más vigilantes con sus actuaciones y compromisos, al ser conscientes de las consecuencias que puede acarrear no serlo. Entre ellas, que los ciudadanos castiguen electoralmente a los gobiernos que no cumplen sus promesas electorales; o el aumento de la probabilidad de que se descubran actuaciones no deseadas por los ciudadanos o incorrectas realizadas por los gobiernos que deban ser corregidas, fiscalizadas en ámbitos institucionales o judiciales y sancionadas.

En esta labor de información, control, crítica, y presión democrática, el papel del ciudadano es fundamental, pero su labor tiene que estar complementada con el trabajo de las organizaciones políticas, sindicales, movimientos sociales y vecinales. Sin olvidar el papel central que en democracia tienen los medios de comunicación en su trabajo de control y denuncia.

Si avanzamos en este camino tendremos una mejor democracia. Por una parte, conseguiremos que la sociedad en su conjunto se involucre y que la participación de los ciudadanos en las tareas de gobierno sea permanente, tanto proponiendo actuaciones que resuelvan necesidades y problemas de la vida cotidiana como denunciando otras que entienden que les perjudican. Y por otra, el gobierno tendrá más presente el mandato ciudadano y la existencia de mecanismos de rendición de cuentas eficaces y eficientes que le pueden llevar a revalidar la victoria electoral o a ser expulsado del gobierno.