El debate sobre el establecimiento con carácter general de un sustento a aquellos ciudadanos que carecen de cualquier tipo de ingreso (sueldo, pensión, subsidio de desempleo, etc.) se ha revitalizado con la propuesta del Partido Socialista Obrero Español de creación del llamado “Ingreso Mínimo Vital”.

Concretamente se propone destinar 6.450 millones de euros al año para apoyar a unas 730.000 familias sin ningún tipo de ingreso y que se encuentran en la pobreza y al borde de la exclusión social, ayuda que se condicionara a la participación en actividades de formación laboral y reinserción en el mercado de trabajo. Se trata en definitiva de un programa de asistencia social a los más necesitados, y que contrasta con otras propuestas clásicas como la renta básica (que cobrarían todos los ciudadanos) y que en su día defendió “Podemos” cuando concurrió a las elecciones europeas de mayo de 2014.

La propuesta de la renta básica universal sigue siendo objeto de debate en la izquierda. Ésta idea parte del principio de que todo el mundo, por ostentar la condición de ciudadano, tiene derecho a una renta monetaria, que pagaría el Estado con cargo a los impuestos. Un planteamiento tal genera por supuesto el rechazo inmediato de la derecha, que considera que solo aquel que con su esfuerzo y trabajo genera una renta de algún tipo, tiene derecho a la misma. En caso contrario, los incentivos para trabajar se reducirían (aunque no tendrían por qué desaparecer, pues la renta básica sería reducida, por lo que el trabajo permitiría aumentar la capacidad de consumo).

Pero también desde la izquierda se cuestiona la renta básica, a pesar de su atractivo carácter utópico. Por un lado, la socialdemocracia suele poner en cuestión que un programa de transferencias de esa dimensión pueda ser financiado. Por otro, que todos los ciudadanos reciban la misma cantidad de dinero plantea dificultades desde el punto de vista de la igualdad, pues sabemos que las condiciones de partida de los individuos no son las mismas, pesando enormemente el origen socio-familiar.

Asimismo, es preciso reflexionar sobre lo que fundamenta los derechos de ciudadanía. Desde la perspectiva al menos del socialismo humanista, podemos convenir que todos los ciudadanos tienen derecho a unas condiciones de vida mínimas, con independencia de que puedan, e incluso quieran, trabajar. Concretamente, cualquier sociedad que se precie debe garantizar a todos sus ciudadanos alimento, vestido, y techo, de la manera más digna posible, además de educación y atención sanitaria. Ahora bien, este mínimo social garantizado puede adoptar forma de renta monetaria (lo que coincidiría con la propuesta de la renta básica, aunque no sería universal) o bien proporcionarse a través de servicios (centros de acogida, escuelas, hospitales, etc.).

Las dos modalidades pueden ser equivalentes en términos puramente económicos. Pero social y moralmente no es lo mismo recibir una renta en euros y gastarla en las necesidades básicas como se considere conveniente, que tener que acudir a un centro social para pernoctar y obtener alimento y ropa limpia.

La cuestión es si la primera modalidad tiene que ser incondicional. El propio Partido Socialista vincula la percepción del Ingreso Mínimo Vital a la participación en programas de reinserción laboral, porque estima, con razón, que el objetivo último no es garantizar una renta mínima a todo el mundo, ni siquiera a los más necesitados, sino obtener un puesto de trabajo, el cual en sí mismo es fuente de ingresos y elemento fundamental para el pleno ejercicio de la condición de ciudadano y la inclusión social.

En consecuencia, se trata más bien de proporcionar un mínimo vital a cualquier ciudadano a través de los servicios del Estado del Bienestar, pero sobre todo garantizar el derecho al trabajo, como fundamento de percepción de renta, y de plena socialización. De ahí que el paradigma socialdemócrata deba pivotar más sobre el trabajo garantizado que sobre la renta garantizada.

Es decir, por un lado la política económica, en su vertiente monetaria y fiscal, debe orientarse hacia el pleno empleo. Pero en la medida en que haya personas desempleadas dispuestas a trabajar, el Estado debe de proporcionarles una renta, tal y como propone el Partido Socialista, pero equivalente al menos al salario mínimo, y condicionada al desempeño de una actividad laboral (y no solamente a la participación en cursos de formación y recualificación).

De este modo los ciudadanos que a pesar de buscar trabajo no lo encuentren, no abandonarán la población activa tras agotar la prestación por desempleo, ni las redes de socialización en las que naturalmente participan por tener un puesto de trabajo. Asimismo, los perceptores de la renta mínima, al estar empleados por el Estado, seguirán cotizando a la seguridad social mientras perciban el Ingreso Mínimo Vital y por tanto contribuyendo a efectos de la jubilación, al tiempo que la sociedad se beneficiará de los servicios adicionales que las Administraciones puedan prestar con el apoyo de estos trabajadores.

En conclusión, más que garantizar una renta, garanticemos el trabajo.