Es de tal calibre el escándalo, que esta medida de repago judicial cuenta con la oposición de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso y en el Senado salvo el PP; y también de todas las profesiones relacionadas con la Justicia, que han realizado numerosas movilizaciones. Me refiero entre otros a jueces, fiscales, secretarios judiciales, procuradores, abogados.Y a personas nada sospechosas como el Presidente del Consejo General de la Abogacía, que el día 14 de noviembre, declaró que “esta Ley va a consagrar una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número deciudadanos”.

Con esta Ley, un Ministro de Justicia que es fiscal, suspende de manera efectiva el artículo 24 de la Constitución en su punto primero, donde dice que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Por si alguien considera una exageración este argumento, ¿cómo podemos calificar el hecho de que a partir de ahora si a un ciudadano le ponen una multa de 90 euros y quiere recurrir, este recurso le cueste de entrada 100 euros, es decir, más que la cuantía de la propia multa, cuando antes no tenía ningún coste?

Pero que nadie crea que el PP no sabía que estaba haciendo una Justicia para ricos y otra para pobres, con esta reforma. Lo sabía, y por ese motivo intenta en el preámbulo de la ley justificar lo injustificable, cuando dice que “el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia”. Pero, ¿a quién defiende el Gobierno del PP, cuando por ejemplo en las demandas para reclamar cantidades en un accidente de tráfico, a los ciudadanos afectados para recurrir en apelación se les exige 6.000 euros, otros 6.000 euros en casación y las tasas al final del proceso pueden llegar a sumar hasta 20.000 euros? La respuesta es sencilla, beneficia a los poderosos y perjudica a los ciudadanos de a pie que no cuentan con tantos recursos, es decir, a la mayoría de los españoles.

Es evidente que esta Ley obstaculiza e impide el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a un número mayoritario de españoles. Pero al Gobierno le da igual, y dice, nuevamente en el preámbulo, sin pudor que “la Ley pone todo el cuidado en que la regulación de la «tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social» no afecte al derecho a acceder a la justicia…”. ¿Se refiere a que la subida de las tasas judiciales, que oscila entre 50 y 1.250 euros, puede traducirse en algunos procesos judiciales en un incremento de miles de euros para los afectados? O, a que si a una persona le ponen una multa de 100 euros, si quiere recurrir, tiene que abonar 200 euros. O a que recurrir un despido ahora tendrá coste en tasas que antes no tenía.

Esta Ley, profundiza en el camino de la desigualdad en España y deja indefensos y desprotegidos a las personas de a pie y a los más vulnerables. Es evidente, que Mariano Rajoy y Gallardón gobiernan para los poderosos y los ciudadanos con mayor poder adquisitivo. No pueden decir lo mismo, por ejemplo, las mujeres victimas de maltrato. Como ha denunciado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, las nuevas tasas judiciales serán «un freno» y «un obstáculo» para que las mujeres víctimas de violencia machista denuncien sus casos ante el Juzgado.

Hemos perdido un derecho, pero podemos cambiar esta situación y esta Ley participando, movilizándonos y mandando a la oposición a este Gobierno. Depende de ti.