La eventual adquisición por parte de Lukoil de un paquete accionarial decisivo en la petrolera española constituye un buen ejemplo de colusión entre la libre dinámica del mercado y el interés general de una sociedad como la española. Las empresas energéticas de nuestro país se privatizaron presuntamente para poner su gestión a salvo de las aviesas intenciones del Gobierno español de turno. Nos encontraríamos ante una paradoja formidable si el propio mercado acabara poniendo estas empresas en manos de los Gobiernos de otros países, y de sus intenciones ignotas.
Vivimos el momento de las paradojas en el escenario económico internacional. Derrumbado el paradigma neoliberal y retratados los monstruos que engendra la desregulación ante todo el mundo, cabe ahora desplegar sin complejos una acción estatal que asegure la preeminencia del interés colectivo sobre la timba de los mercados transnacionales.
Seguro que a Lukoyl le interesa hacerse con el control de Repsol. Y puede que a alguna empresa española también le beneficie la operación. Pero las instituciones españolas tienen la responsabilidad de evitar que el suministro energético de nuestras empresas y de nuestras familias quede, en el mejor de los casos, al albur de las decisiones de un consejo de administración reunido a miles de kilómetros o, en el peor de los casos, en manos de las maniobras geoestratégicas del gobierno de otro país.
Nuestro Gobierno ha reaccionado con la prudencia debida, y ahora tiene ante sí una panoplia diversa de opciones para cumplir el objetivo de mantener Repsol en manos españolas. Una de esas opciones pasa por la adquisición pública del paquete de acciones a la venta. ¿Por qué descartarla? Hasta la meca del capitalismo reivindica hoy la nacionalización de los bancos que amenazan el “interés nacional”.
