Ante un contexto mundial en el que el “poder energético” tiende a ser utilizado, cada vez en mayor grado, como un factor clave de la influencia y de la capacidad para determinar precios y condiciones que afectan a la marcha general de la economía, resulta evidente que el tanteo efectuado por el Vicepresidente ruso ha sido cualquier cosa menos una ingenuidad o una improvisación. Rusia tiene en estos momentos una política energética que forma parte de una estrategia precisa de poder. Gazprom es una empresa que controla directamente el Kremlin con propósitos políticos y económicos bien delimitados, en los que las leyes de mercado no son sino una vía que se utiliza para alcanzar otros objetivos. De hecho, los que en estos momentos están utilizando los recursos energéticos como elemento de estrategias de poder –y también como vía de mayores enriquecimientos– pueden ser considerados cualquier cosa menos devotos creyentes en la libertad de mercado. El “mercado” del gas y el petróleo se ha convertido en uno de los mercados menos libres que en estos momentos existe, con grupos oligopolistas explícitos actuando a la luz del día, manejando continuamente la oferta para manipular los precios al alza.
De ahí que, frente a intentos tan obvios de control, la reacción no puede ser ni “hacerse los distraídos”, ni apelar a las sacrosantas leyes del libre mercado. Si después de lo que está pasando en el mundo no se tiene aun las ideas claras, es para preocuparse muy seriamente.
Cuando una empresa, por las razones que sea, se plantea la necesidad o la conveniencia de vender un paquete sustancial de acciones de una compañía como Repsol, lo primero que hay que garantizar en asuntos de esta naturaleza es que no existan riesgos o disfunciones para la política energética de España a medio plazo (política que primero habría que tener clara). Y si, desde esta óptica, acaba siendo preciso que actúe el Estado, no hay que tener ninguna duda al respecto. El Estado puede perfectamente tener un paquete importante de acciones y ejercer una influencia en un sector que se conecta muy directamente con los intereses generales, sin que esto implique despreciar las leyes del mercado. De hecho, muchos países lo hacen –entre ellos Rusia– y no por ello están padeciendo disfunciones. Además, cuando se trata de una empresa como Repsol que tiene beneficios muy notables –y aumentando– no habría que tener dudas sobre tal oportunidad cuando no exista ningún inversor particular que garantice la coherencia con los intereses energéticos de España.
