Las nuevas exigencias a las entidades financieras para reforzar su solvencia han sido aprovechadas por el Banco de España- previsiblemente serán ratificadas por el gobierno por decreto ley- para poner en entredicho a las Cajas de Ahorro y buscar de hecho su eliminación (facilitando su absorción por la banca privada y, en todo caso, impulsando la participación de los fondos de inversión en su capitalización) y por lo tanto su obra social y lo que ha venido representando para la cultura, el desarrollo del territorio y las políticas sociales y de cooperación. Llama la atención que en ningún momento el gobierno se haya planteado aprovechar las dificultades por las que atraviesan las Cajas de Ahorro para configurar- a través de ellas- una banca pública de emergencia capaz de actuar más eficazmente en situaciones como la presente, facilitando el crédito y la inversión en función de las prioridades de la política económica del gobierno.

El recorte del gasto sanitario se ha trasladado a los medios de comunicación a través del copago sanitario; nada se habla, por ejemplo, del recorte del gasto farmacéutico, ni de estímulos al consumo de genéricos, ni de cómo reducir los costos racionalizando el funcionamiento del sistema sanitario. Sin duda esta medida representa un claro atentado a un servicio público tan sensible para el ciudadano como es el dedicado al cuidado de la salud, además de representar una pérdida del poder de compra de los más débiles y, desde luego, un verdadero ataque al estado de bienestar social. No es de recibo que esta medida haya sido anunciada (para el futuro) por todo un secretario de estado de un gobierno socialista, sobre todo cuando la UE no lo exige y se está llevando a cabo un profundo ajuste en nuestro país a través de recortes generalizados (congelación de pensiones, recortes de retribuciones en la función pública, recortes a los futuros pensionistas, aumento del IVA, de los precios de la energía eléctrica…).

La pretendida devaluación salarial (desligar los salarios de la inflación, eliminar las cláusulas de garantía salarial y supeditar los salarios a la productividad) es la medida más injusta, menos eficaz y más problemática para la paz social que se pueda tomar en nuestro país, donde proliferan las pequeñas empresas muy poco interesadas en la negociación de sus convenios y menos de hacerlo sobre productividad. De entrada pone en entredicho una política de moderación salarial, que ha funcionado incluso en una etapa de fuerte crecimiento de la economía y donde los empresarios han obtenido grandes beneficios. Además se produce con un acuerdo en vigor (AENC, 2010- 2012) que, no lo olvidemos, contempla pequeños incrementos salariales sin contrapartidas en la creación de empleo (hasta el 1%, en 2010; entre el 1% y el 2%, en 2011; y entre el 1,5% y el 2,5%, para el 2012) que ya han supuesto la pérdida del poder de compra en el pasado año 2010 ante la escasa aplicación de la cláusula de revisión salarial (el porcentaje de los trabajadores cubiertos es de sólo el 45,58%) y el disparo al alza de la inflación (1,8% de media, cuando los salarios crecieron de media el 1,31%). Esta medida resulta más inexplicable en nuestro país cuando el ajuste ya se ha producido a través de un brutal aumento del desempleo- cosa que no ha ocurrido en la UE, en la misma medida-, y los incrementos salariales pactados hasta el año 2012 no agotarán los márgenes de productividad (según el País, la productividad ya subió, en 2010, el 2%), lo que generarán nuevos excedentes empresariales. Sin duda representa una bofetada a la autonomía de las partes, a una política de responsabilidad puesta de manifiesto en los últimos años por los sindicatos y a un método que se ha demostrado eficaz para luchar contra la inflación y que, además, ha garantizado durante los últimos 30 años el crecimiento y la modernización de nuestra economía. Esperemos que no sea tenido en cuenta el café para todos de la Sra. Merkel.

Mientras tanto, el gobierno se afana en aplicar el acuerdo social y económico- tanto en el parlamento como a través de decretos-, y los interlocutores sociales buscan llegar a un compromiso en materia de negociación colectiva (flexibilidad interna) que refuerce la autonomía de las partes, racionalice y potencie su articulación y aumente la cobertura de los convenios (el 20% de los trabajadores no tienen un convenio de referencia).

En este sentido, el último Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley para estimular la contratación a tiempo parcial de jóvenes hasta 30 años y parados mayores de 45 años, así como un programa de protección e inserción laboral para parados sin ingresos. Estas medidas son exigencias de los sindicatos para vestir y poner en valor el acuerdo y pretenden responder a nuestro principal problema (el desempleo). En todo caso, este plan de choque- nada original por cierto- es una pobre respuesta al grave problema que representa el desempleo, que afecta sobre todo a lo jóvenes y a los parados de larga duración. Las medidas pretenden estimular la contratación parcial cuando lo que se necesita en estos momentos son medidas de largo alcance que fomenten la contratación indefinida; más que la parcial y de corto alcance (un año) que se estima pueda facilitar la contratación de apenas 100.000 desempleados. Estas medidas se complementarán con una paga de 400 euros vinculada al seguimiento de itinerarios de inserción laboral y formación para los parados que la reciban, siempre y cuando las empresas aumenten sus plantillas, todo ello en compensación por la eliminación de los 426 euros del PRODI.

Sin embargo, lo que resulta más problemático es cómo se financia el llamado plan de choque: Se subvenciona el 100% de las cotizaciones a la seguridad social de los empresarios durante un año (el 75% si las empresas tienen más de 250 trabajadores), lo que según el gobierno alcanzará un monto de 235 millones de euros que, lógicamente, dejará de ingresar la seguridad social.

Esta medida golpea los argumentos que justificaron la reforma de las pensiones. Si la seguridad social está necesitada de reformas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones lo último que se puede hacer es financiar a las empresas para que contraten parcialmente a costa de las cotizaciones a la seguridad social. Esta importante concesión a la CEOE hace temer que de aquí en adelante esta medida abra las puertas a una futura reducción de cuotas a la seguridad social como vienen exigiendo los empresarios desde hace años.

Por eso, no resultan extrañas las declaraciones del secretario general de UGT: los sindicatos han tenido que “tragar muchos sapos” en la negociación del acuerdo; como, por ejemplo, el aceptar que se subvencione a los empresarios por la contratación a tiempo parcial, precisamente en el mismo acuerdo donde se recortan las pensiones, lo que no tiene presentación, cuando menos estética.

Resulta probado que los empresarios no contratan porque se subvencione la contratación; simplemente lo harán por necesidades de la producción ante una mayor demanda de sus productos. Precisamente- al margen de la oportunidad política-, lo razonable sería que el gobierno revisara en estos momentos de ajuste las subvenciones y bonificaciones fiscales y a la seguridad social como lo viene prometiendo desde hace años. Sobre todo cuando son costosas y no han demostrado su eficacia en la creación de empleo; por el contrario, en la práctica se han convertido en una simple transferencia de rentas del trabajo al capital.

En todo caso, responder al problema del desempleo (4,6 millones de desempleados) con eficacia sólo es posible a través de una profunda reorientación de la política económica (actualmente su único objetivo es la reducción del déficit), que relance la actividad económica y la demanda interna – aumentando moderadamente el poder de compra de los salarios- y nos sitúe en crecimientos del PIB por encima del 2%, que es la única manera de crear empleo en nuestro país; el propio gobierno reconoce que este año, con estos presupuestos generales del estado y el crecimiento económico esperado (0,6% del PIB), el desempleo, incluso, puede aumentar. Además de ello hay que insistir en tres medidas elementales: la reforma de las oficinas públicas de empleo (no cumplen otro objetivo que el pago de las prestaciones por desempleo; además no tienen ningún cometido en la intermediación laboral y por lo tanto en la recolocación de los trabajadores desempleados), la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo (enseñanza infantil, dependencia, empleos verdes, y empleos de alto valor añadido relacionados con la modernización del tejido industrial, así como con la investigación, la innovación, y el diseño), y avanzar en la formación y en el reciclaje de los trabajadores, sobre todo de los jóvenes que han tenido que abandonar el sector de la construcción y antes decidieron no cursar estudios universitarios o de formación profesional reglada.

Finalmente, a estas medidas hay que añadir la reforma del sistema financiero, más allá de la capitalización de las cajas de ahorro (sobre todo resulta urgente desbloquear el inmovilizado del sector inmobiliario y situar en su justo precio el valor de sus activos), para que fluya el crédito a familias y empresas, así como abordar la reforma fiscal (atacando el escandaloso fraude fiscal y propiciando la recuperación de impuestos, como el del patrimonio) que haga pagar más a los que más tienen, dotando así de suficiencia, equidad y progresividad al sistema.

Recordar estas medidas siempre resulta oportuno, sobre todo cuando ha quedado demostrado que la reforma laboral por si sola no crea empleo (sólo está abaratando el despido) si no se produce la recuperación económica enganchada a la locomotora de los sectores y empresas con mayores posibilidades de crecimiento futuro y capacidad de aportar valor añadido. Para ello, se debe trabajar a fondo por el cambio de nuestro modelo productivo que no puede seguir demorándose, ni convertirse en una simple declaración de principios o de buenas intenciones, puesto que es lo único que nos puede garantizar el crecimiento sostenido, duradero y equilibrado de nuestra economía capaz de recuperar los niveles de empleo en un consolidado estado de bienestar social.

En definitiva, se trata de poner en práctica medidas moderadas de corte socialdemócrata- que tanto se echan en falta en la Unión Europea y que muy pocos defienden en nuestro país-, en contraposición con las ideas neoliberales que se están imponiendo en la práctica con consecuencias muy negativas en términos económicos y sociales (mayor pobreza y mayor precariedad y desempleo); la situación se agrava porque estas ideas también tendrán consecuencias negativas a corto plazo en términos políticos, si nadie lo remedia, en un clima de apatía y desmovilización ciudadana.