A partir del estallido de la burbuja, en España se inició la larga marcha para deglutir las pérdidas ingentes sin prever las consecuencias de la depresión económica que llevaban aparejada. Cuando la mayoría de los Gobiernos de Europa y de Estados Unidos pusieron dinero en Bancos y empresas, tomando el control exigible a cualquier administrador público, aquí nos dedicamos a los circunloquios contables y a dar rienda suelta a fusiones y agregaciones de entidades con problemas, fundamentalmente Cajas de Ahorros, ¿se acuerdan de lo del tamaño?, y confiar que el negocio fuera proveyendo dotaciones crecientes para ir asumiendo pérdidas. En vez de optar por la ordenación racional y equilibrada del sector del ahorro popular, bajo la dirección pública, se optó por el desbarajuste regulatorio y la parálisis de su actividad.

Lo mismo que no se previó el hundimiento, tampoco se calibró su trascendencia y duración. Un gran error, agravado por la inexistencia de cambios de administradores y gestores de las instituciones problemáticas. La crónica del mismo está en las hemerotecas y en el BOE, testimonio vivo del estado de excepción financiera apoyado por casi todo el arco parlamentario y jaleado por muchos medios de opinión que se nutrían del culebrón de la restructuración crediticia. Faltó poco para no ocupar espacios en la tele basura.

En dos años, 2009/2011, la carcoma se adueñó de todo el sistema crediticio, pocos se salvaron de sus efectos, los Bancos multinacionales y poco más. El balance de daños y sus cifras, que ahorro al lector por respeto a su equilibrio emocional, es digno de un cuadro de Valdés Leal. En la segunda mitad de 2011 España ya estaba prácticamente intervenida y nuestro sistema crediticio sobreviviendo gracias a las líneas de crédito, alrededor de 300.000 millones de euros, del Banco Central Europeo. ¿Qué remedio después de haber sido éste uno de los impulsores de la expansión crediticia? Al BCE, mientras su colegio de gobernadores discute sobre galgos y podencos, le queda un largo horizonte de mantenimiento de esa respiración asistida, si quiere evitar el crac. Pero los españoles, que eligieron un nuevo Gobierno, rodeado de grandes expectativas, iban a comprobar pronto que las políticas del economicidio se mantendrían sin solución de continuidad. Lo estamos comprobando con las decisiones de estos meses.

Cuando el Partido Popular daba sus votos al PSOE para la reestructuración crediticia siempre ponía de manifiesto que lo hacía por evitar problemas mayores y sugería, aunque nunca lo precisó, que tenía otras opciones. Los diarios de sesiones de las Cortes atestiguan lo que digo. Por eso yo creía que de la niebla de la indefinición saldría, con la constitución del nuevo Gobierno, el plan de reconstrucción financiera tan esperado y tan deseado, sobre todo después de comprobar los efectos desastrosos de los experimentos anteriores. Era confundir los deseos con la realidad: el ministro del ramo empezó pegando un tiro al aire que se trastocó en un torpedo a la línea de flotación del maltrecho sistema crediticio: nada más tomar posesión, hizo unas declaraciones públicas en medios internacionales afirmando que había necesidades adicionales de provisiones de 50.000 millones de euros, que podrían ser cubiertas por las propias empresas financieras o, en su caso, con la llegada de inversores privados a aquellas que lo necesitasen. Según él, no había que preocuparse.

Fue un comienzo poco acertado, porque se armó la marimorena, me refiero al estallido de Bankia en el mes de mayo, que supuso el punto de partida de la “nueva” política de reestructuración crediticia que es una versión, corregida y aumentada, de la precedente: “decretos-leyes a go go”, pruebas de esfuerzo, Bancos de inversión, consultores etc. Toda la parafernalia conocida, sin asomo de proyecto de reconstrucción alguno.

Los inversores privados no llegaron, pero sí llegaron los acreedores de la Unión Monetaria, con su rescate bajo el brazo, para garantizarse el cobro de sus créditos transformando deuda privada en pública. Ese es su interés y no otro. Y desde España se ofrece como contrapartida el desmantelamiento generalizado del sector bancario minorista para fortalecer oligopolios, eliminar la competencia y volver a la exclusión financiera. De plantear políticas públicas de crédito, nada. De actuar coordinadamente con los activos empresariales e inmobiliarios de los Bancos nacionalizados, tampoco, véase el caso Iberia. A las entidades capitalizadas con fondos públicos se les coarta hasta el punto de impedir su desenvolvimiento como empresas en funcionamiento, poniéndoles fecha de caducidad, 2017.

Un escenario insólito e inquietante, porque cualquier gestor de fondos de terceros está obligado a buscar su rentabilidad. En el caso de los fondos públicos esa exigencia es mayor, combinada con la rentabilidad social y el interés general. Por eso, lo conocido y anunciado, parece un despilfarro de recursos humanos y materiales que indica el grado de abandono en que nos encontramos y el poco respeto que merecen las personas y los dineros de los contribuyentes. Ni un genio empresarial como Lee Iaccoca podría poner en rentabilidad, en las condiciones hechas públicas, a los Bancos o Cajas nacionalizados. El lector puede deducir quién aprovechará todo esto.

Por la experiencia del Gobierno anterior y por las prácticas de éste, muy poco diferentes, me temo que seguiremos con el humo y los señuelos, sin poner sobre la mesa un proyecto ambicioso de negocio para los Bancos o Cajas del Estado con el objetivo de vigorizar a empresas y trabajadores y frenar la carrera del mal. Ya sé que un proyecto así suscitará resistencias y la hostilidad de los grupos financieros privados, pero el Estado debe gozar de libertad y autonomía para manejar sus empresas financieras, especialmente en circunstancias críticas como las actuales. Quizás sea pedir peras al olmo, pero hay que pedirlo.

Es urgente controlar la situación y dar un giro copernicano, prescindiendo del discurso único del desmantelamiento a secas. Para ello, el Gobierno debería plantear sin ambages ni complejos el cambio de condiciones inasumibles desde la defensa del interés público español. Nuestras enormes deudas son nuestra fortaleza, siempre que se acompañen de proyectos serios. Porque de la destrucción programada o de la tierra quemada, aplaudidas con ligereza suicida desde algunas tribunas, no va a resultar ningún bien para la nación, que es lo que nos debe importar.