En relación con la llamada ultraactividad se puede decir algo semejante. Existen empresarios que se afanan en aplicar la reforma laboral (al amparo de la crisis) en beneficio de sus intereses. En este caso, a la reducción de salarios y al abaratamiento del costo del despido hay que añadir la eliminación total de derechos y un nuevo desplome de los salarios, al quedar muchos trabajadores sin convenio propio y depender del convenio superior (con menores derechos laborales) o del Estatuto de los Trabajadores y del salario mínimo interprofesional (SMI). Más de un millón de trabajadores se encuentran en estos momentos en una clara situación de indefensión ante la negativa de algunos empresarios a renegociar sus convenios, a pesar del Acuerdo del pasado mes de mayo entre los interlocutores sociales para reactivar la negociación de los convenios caducados y del deber de negociar que tienen empresarios y sindicatos, tal como se contempla en el Estatuto de los Trabajadores.

Paradójicamente esto se produce después de que las empresas acumularan beneficios en tiempos de prosperidad, negándose a negociar la redistribución de los beneficios generados por un aumento de la productividad. Desgraciadamente, en tiempo de crisis sigue ocurriendo lo mismo: unos pocos siguen acumulando privilegios, beneficios, dividendos y sueldos abusivos mientras que, por el contrario, muchas PYMES cierran y se agudiza el empobrecimiento de los trabajadores.

Todo ello responde a la decisión del Gobierno -la Ministra de empleo tiene la desfachatez de apelar a la “responsabilidad de las empresas y de los sindicatos”- de seguir manteniendo en vigor la reforma laboral. Esta actitud facilita la política beligerante de algunos empresarios, empeñados en aprovecharse de la crisis para transferir rentas del trabajo al capital y, desde luego, maniata y debilita la acción sindical de los sindicatos, sobre todo en las empresas pequeñas, en sectores poco sindicalizados (servicios) y en territorios con escasa tradición sindical pertenecientes a la España del interior, a la España mesetaria y profunda.

Como se puede comprobar, empresarios irresponsables están en el centro neurálgico de estos lamentables acontecimientos; sin embargo, no se les exigen responsabilidades ni reciben una sola crítica en los medios de comunicación. Por su parte, la CEOE ni siquiera ha tomado medidas disciplinarias (todavía Arturo Fernández está en los tribunales y mantiene su responsabilidad en la cúpula empresarial), a pesar de que se suceden los escándalos: trama Guertel, Ferrovial, Blesa, Díaz Ferrán… Lo más grave y contradictorio de la situación es que estos escándalos conviven con el término “responsabilidad social de las empresas” (RSE), que las empresas no dudan en potenciar ante la fuerte reacción de los ciudadanos denunciando los casos de corrupción y de fraude, así como la excesiva acumulación de riqueza de unos pocos, que siguen especulando y generando con ello profundas desigualdades. Unos ciudadanos que todavía añoran la empresa tradicional y que por eso exigen a los sindicatos que denuncien estos comportamientos y adopten una actitud más decidida y ofensiva en clarificar este concepto en la negociación colectiva y en los debates públicos que se están celebrando actualmente.

Lo primero que tenemos que dejar muy claro es que la RSE no exige sólo que las empresas cumplan con la ley y con los términos de un convenio colectivo. Esto resulta de obligado cumplimiento para una empresa, y por lo tanto, no es suficiente en absoluto para considerar a una empresa socialmente responsable.

La RSE debe de representar una profunda renovación cultural; es casi una revolución de actitudes, de comportamientos, que obligue a las empresas a hacer compatible beneficio y sostenibilidad social y medio ambiental. Debe ser entendida como la asunción por parte de las empresas de valores éticos, tanto en el cumplimiento de las leyes, como en el respeto a la dignidad de las personas (en particular, de sus trabajadores) y, desde luego, debe quedar claro su compromiso decidido con la sociedad. También debe establecerse como una norma a nivel global y afectar, por lo tanto, a todas las empresas (estén donde estén), y no sólo a las empresas multinacionales, y por lo tanto debe ser un asunto de dominio público y, por eso, conocido en todos los estamentos de la sociedad.

La RSE debe representar un valor estratégico fundamental para las empresas y por eso debe cumplir con las normas básicas de comportamiento, comenzando por sus trabajadores, sus sindicatos, sus accionistas y los consumidores, así como con la sociedad en general, a través de las instituciones intermedias y Administraciones Públicas, facilitando así la vertebración de la sociedad civil, la cohesión social y el cambio hacia un nuevo modelo productivo basado en la educación, la investigación, el diseño, la organización del trabajo y en las nuevas tecnologías.

Por lo tanto, no estamos simplemente ante una política de relaciones públicas, ni de imagen, ni de ‘marketing’, ni de asistencia social, porque las ventajas que aporta la responsabilidad social de las empresas son evidentes. En los trabajos de investigación que se han efectuado se ha demostrado que las empresas estudiadas con RSE han mejorado la rentabilidad de la compañía, han aumentado su productividad, han mejorado la salud y la seguridad de sus trabajadores, el absentismo y el medio ambiente. Incluso, algunos estudiosos defensores del término, se han atrevido a hablar de la RSE como negocio… Naturalmente, si enfocamos la discusión en términos monetarios debemos manifestar que la RSE no es un gasto; es precisamente todo lo contrario, es una inversión que nos conduce hacia un futuro prometedor. Estamos convencidos que si la empresa se encuentra cómoda apostando por una actitud ética (código ético) es porque ha llegado a la conclusión de que le resulta rentable, incluso en términos económicos.

Otras ventajas hablan de la mejora de la imagen de marca, de la reputación de la empresa, de la mayor presencia de la empresa en los medios de comunicación, del incremento de las ventas y de la fidelización del cliente. En definitiva, todo indica que la RSE aporta hoy una mayor capacidad de competir a las empresas y, además, existe el convencimiento de que estas prácticas terminarán por ser obligatorias a medio y largo plazo, aunque sólo sea para evitar la competencia desleal entre las propias empresas.

En todo caso, y a pesar de lo novedoso del término, las empresas no lo deben monopolizar, porque la RSE afecta a las empresas, pero también a los trabajadores y al conjunto de la sociedad, lo que justifica que los sindicatos exijan claridad y transparencia en la gestión, aunque solamente sea -no podemos ser ingenuos- para denunciar un nuevo intento de las empresas por tapar sus “vergüenzas”.

Los problemas enumerados anteriormente demuestran que los sindicatos se encuentran en dificultades ante la desfavorable relación de fuerzas con los empresarios; a pesar de que el movimiento sindical a nivel global es con mucha diferencia la fuerza social en el Planeta con un mayor número de afiliados y simpatizantes. Incluso, todavía conserva una fuerte influencia en el ámbito de la izquierda política, que hasta ahora había sido determinante. Sin embargo, a pesar de estas credenciales, la respuesta sindical a la actual situación no ha dejado de ser defensiva y local y ha mostrado con frecuencia carencias y escasa capacidad de presión para responder a la irresponsabilidad de algunas empresas en un mundo globalizado. En este sentido, la clase empresarial debe dar explicaciones sobre algunos comportamientos que no brillan precisamente por su transparencia y por su responsabilidad social. Por eso resulta urgente la reforma de las estructuras empresariales y la aplicación generalizada de la responsabilidad social a todos los niveles.

Además del comportamiento negativo de algunas empresas, lo más lamentable de la situación que estamos viviendo tiene relación con la actitud del Gobierno y del PP, basada en la mentira, en la obstrucción de la justicia y en la no asunción de responsabilidades políticas en torno a la corrupción. Para justificar este comportamiento hemos observado verdaderos equilibrios argumentales que producen sonrojo y ponen en entredicho la capacidad, la ética, la honradez y la credibilidad política de muchos de nuestros dirigentes gubernamentales. A pesar de semejante manipulación, la mayoría absoluta del PP no será suficiente para tapar lo imposible: la corrupción, el fraude, los sobresueldos, el blanqueo de dinero, y la financiación ilegal del partido en el Gobierno, que la sociedad ya ha sentenciado, cuando menos, en términos políticos. Un Gobierno muy debilitado que hace lo contrario de lo que la regeneración democrática y moral exige, a pesar de las reuniones publicitarias de su presidente con los grandes empresarios para promocionar una causa perdida en las actuales circunstancias: la “Marca España”. En este contexto, resulta comprensible que la ciudadanía no haya seguido con interés el debate sobre la ley de transparencia que ha nacido sin consenso y sin ninguna credibilidad para resolver los problemas relacionados con la corrupción y con la financiación de los partidos políticos.

Razones poderosas para que el Gobierno y el PP informen, de una vez por todas, al Parlamento y a la ciudadanía sobre las fuentes de financiación del partido en los últimos años, con todas las consecuencias, como lo exige la opinión pública y las normas más elementales de hacer política. Ello requiere un golpe de timón con urgencia, porque no se puede gobernar bajo chantaje (están disparadas todas las alarmas) y menos en un contexto de profunda crisis política, económica y social que ha elevado el desempleo hasta cifras insoportables. Lo más grave de la situación es que el Gobierno tiene en contra a toda la oposición política (queda atrás el abortado pacto PP-PSOE), a todos los sindicatos y a los movimientos sociales emergentes. Seguiremos atentos.