El desafío nacionalista es cosa bien distinta. La ideología nacionalista es cuestionable y peligrosa. Busca la autoafirmación nacional por exclusión de los demás. Antepone esta afirmación propia sobre cualquier principio de solidaridad o justicia. Traduce siempre los problemas o las faltas de entendimiento como falsos agravios o discriminaciones. Simplifica las identidades múltiples propias de nuestro tiempo en la sola identidad nacional, y convierte esta identificación en un sentimiento de rechazo al extranjero y al diferente.

El nacionalismo de derechas esconde las peores agresiones a la igualdad y la libertad tras la parafernalia de la reivindicación nacional, y no cabe mayor contradicción que el supuesto independentismo de izquierdas, porque si algo identifica a la izquierda es precisamente la superación de las nacionalidades, las fronteras y las banderas para la defensa de los derechos de los más débiles.

Hay quienes fundamentan el inmovilismo en la necesidad de no dar satisfacción a los nacionalistas. No estoy de acuerdo. Porque es cierto que el nacionalismo nunca se dirá satisfecho con una solución u otra, ni con el federalismo, ni con el cambio constitucional, ni tan siquiera con la mismísima independencia. Siempre encontrarán una excusa para seguir fomentando el rencor. La escalada reivindicativa no terminará nunca, porque el día en que los nacionalistas se digan satisfechos con el trato a la identidad nacional perderán su razón de ser.

Debemos mover pieza para atender al reto de la sociedad catalana, no para atender a los desafíos nacionalistas. Y negar la existencia de incomprensiones y de problemas no es un buen camino, porque alimenta el discurso del agravio que esgrimen nacionalistas e independentistas. Sí hay un problema, pero el nacionalismo no es la solución, sino un obstáculo más para la solución.

Puede parecer pretencioso, pero a veces da la sensación de que al único actor político que le importa atender el reto catalán con ánimo de solucionarlo es al Partido Socialista, PSOE y PSC. El nacionalismo se encuentra cómodo en su papel falaz de pretendido defensor exclusivo del pueblo catalán y su supuesto derecho a decidir. El resto de la izquierda catalana también parece cómoda en el papel de figurantes del teatrillo nacionalista. Y la derecha española encuentra en el desafío secesionista un factor de movilización para su electorado, muy descontento por la respuesta a la crisis económica.

La posición del PSOE es muy razonable. Perfeccionemos nuestro Estado Autonómico mediante una reforma de la Constitución. Llamemos Estado Federal a lo que siempre fue tal, y resolvamos las insuficiencias que no pudieron resolverse en el marco del consenso constitucional. Atiéndanse debidamente identidades y singularidades, porque existen, y no hacen daño a nadie si no se convierten en privilegios. Aclaremos las competencias de unos y de otros, y si la lengua ha de gestionarse desde el autogobierno, dejémoslo claro y no permitamos enredos oportunistas desde un ministerio u otro.

Resolvamos de una vez el sistema de financiación territorial, para no dejarlo al albur de los tirones de unos u otros cada pocos años. La financiación de los autogobiernos necesita suficiencia, pero sobre todo necesita seguridad, saber a qué atenerse, poder planificarse a medio plazo al menos. Y establezcamos mecanismos eficaces de colaboración institucional, para hacer realidad los principios constitucionales de autonomía, de cohesión y de garantía de igualdad de derechos para todos los españoles. Aprendamos de lo que funciona y de lo que no funciona. No funciona el Senado español y sí funciona el Bundesrat alemán, como órgano de cooperación federal.

¿Consulta? Claro. Una reforma de estas características debe refrendarse con una consulta popular. Pero no una consulta circunscrita a los catalanes, en torno a un derecho de autodeterminación que no existe en ningún país serio del mundo, ni federal ni no federal. Una consulta en la que participen todos los españoles, porque a todos los españoles afecta el cambio de su Constitución y el perfeccionamiento de su estructura territorial. Una consulta en el marco de la reforma prevista por la Constitución Española. Y esa reforma constitucional conllevará en su momento cambios estatutarios, y los catalanes deberán votar su nuevo Estatuto, claro está.

La cuestión catalana merece una respuesta. Sí, pero una respuesta desde la razón y desde la democracia, no desde el sempiterno y peligroso chantaje nacionalista.