Uno de los retos que nos plantea este nuevo modelo social del siglo XXI, es el de la convivencia. Convivencia que nos hemos dado partiendo de la condición de personas libres e iguales y que es puesta en peligro por quienes se atribuyen el derecho a calificar como verdaderos miembros de la comunidad nacional a quienes cumplen sus parámetros, y a calificar como ciudadanos de segunda clase al resto al margen de lo dispuesto en cualquier texto constitucional o legal. Las acepciones de xenofobia, como aversión o desprecio hacia lo extranjero, o de racismo, como exclusivismo de raza, contienen en el lenguaje ordinario los elementos de tan irracional, a pesar e extendido, comportamiento social.

Manifestaciones las encontramos en los grupos de extrema derecha, encontrando criterios de discriminación en todo el territorio nacional donde se denominan despectivamente a quienes no han nacido en el territorio, a quienes no profesan la misma religión, o a los de diferentes razas o condición sexual.

Hace años la ultraderecha en España estaba vinculada a las ideas nostálgicas del franquismo, pero en los últimos tiempos ha ido evolucionando hacia una nueva forma de difundir su discurso del odio, con ideas xenófobas y relacionadas con los movimientos fascistas y excluyentes europeos. La existencia de estos grupos “ultras” vinculados con la estructura europea de partidos como Frente Nacional (Francia) o el Partido de la Libertad (Alemania), no tuvo expresión clara hasta el inicio de la década del 2000.

En este sentido es importante señalar que la mejora de sus resultados electorales se produce en paralelo al aumento global de la inmigración en España. En las dos últimas elecciones municipales, se ha manifestado claramente el ascenso de los partidos que han utilizado mensajes excluyentes y xenófobos como estrategia de campaña y que han utilizado la crisis económica para difundir sus mensajes y ganar adeptos. Los peores presagios se han concretado con la institucionalización de sus propuestas. Hoy, existen mas de ochenta concejales que representan estos postulados, como por ejemplo las comarcas del Baix Llobregat en Barcelona, Salt en Girona, El Vendrell en Tarragona, Silla y Dos aguas en la Comunidad Valenciana y en ciudades de la Comunidad de Madrid como Galapagar y Alcalá de Henares, uno de los centros neurálgicos de este movimiento.

Resulta igualmente preocupante atender a los datos que nos presenta la encuesta publicada en diciembre de 2010 por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre discriminación por motivos étnicos y raciales. La encuesta se hizo sobre una muestra de 23.500 ciudadanos de la Unión Europea seleccionados por tener un perfil racial o étnico. Una de cada cuatro personas (25%) perteneciente a una minoría fue víctima de un delito al menos en una ocasión durante los doce meses anteriores a la encuesta. Una media del 82% de las personas discriminadas durante los últimos doce meses no denunciaron el acto de discriminación ante las autoridades competentes, ni denunciaron las experiencias de discriminación a ninguna organización ni el lugar en que se produjo. Eso significa que miles de casos de discriminación y delitos por motivos raciales se mantienen invisibles y no figuran en denuncias oficiales ni en los datos de la justicia penal.

Esta encuesta presenta evidencias de que los grupos mas vulnerables a la discriminación en la UE, siguen estando mal informados sobre la legislación que prohíbe la discriminación de personas debido a su origen étnico. Una media del 43% de los encuestados pensaba que no existía dicha legislación y otro 20% no estaba seguro de ello, lo que pone de manifiesto que es urgente que las minorías vulnerables conozcan mejor sus derechos.

El motivo mas común de no denunciar fue la convicción de que no serviría para nada. De ello se deduce que las cifras oficiales sobre discriminación racista constituyen únicamente “la punta del iceberg” en relación con el verdadero alcance del problema y también nos muestra que quienes discriminan pueden actuar con impunidad, puesto que sus acciones no llegan a los tribunales.

La lucha contra la xenofobia, no puede quedar en una simple declaración de principios. Hemos de requerir de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad civil planteamientos valientes y apostar con decisión a impulsar un desarrollo y profundización de la necesaria reforma de los textos legislativos, para que se pueda actuar de manera efectiva contra las organizaciones que fomenten el odio, el racismo y la xenofobia y actúen contra los valores constitucionales. Grupos que bajo apariencia de legalidad, hacen una apología e incitación continua al odio y a la violencia contra colectivos vulnerables.

No puede ser legal en democracia un partido, que, amparándose en sus fines o por la actividad de sus miembros, de manera grave, reiterada y permanente, actúe contra los principios democráticos, la convivencia y el pluralismo y amparen la xenofobia y el racismo. El marco constitucional y legal así lo imponen, siendo obligación de los poderes públicos el respeto y el hacer respetar el ordenamiento jurídico, así como impulsar un plan de actuación dirigido a hacer cumplir las leyes a todos los ciudadanos, nacionales e inmigrantes, y establecer una propuesta de medidas para proteger a las personas de estos ilegales comportamientos de exclusión.

Programa de medidas que deberían responder a una doble vertiente, por un lado el establecimiento de políticas activas en la lucha contra el odio ideológico y la discriminación y por otro la reivindicación de las necesarias reformas de ámbito legislativo para acabar con esos espacios de impunidad.

Cabria por tanto señalar en primer lugar algunas medidas relativas a la aplicación de políticas efectivas contra el odio ideológico y la discriminación y que hoy encontramos como carencias en la actuación de los poderes públicos. El punto de partida, sin duda, es el necesario impulso de la sensibilización social preventiva y la movilización ciudadana contra el racismo, el fascismo y la intolerancia, mediante campañas y acciones de toma de conciencia de la gravedad del problema. Es aquí donde se hace indispensable la participación de la Corporaciones Locales, los conflictos suelen originarse en lo cotidiano, la escalera, el parque, el centro deportivo.

Necesitamos una respuesta especializada del Ministerio Fiscal, de tal manera que las Fiscalías de las

Comunidades Autónomas, Fiscalías provinciales y Fiscalías de Área contaran con secciones especializadas en delitos de discriminación y la creación de un Fiscal de Sala en el Tribunal Supremo que supervise y coordine la actuación de las Secciones especializadas en delitos de discriminación en todo el Estado.

Deberíamos, en todo caso, constituir unidades especializadas de policía para la investigación de este tipo de delitos y establecer, a su vez, planes de formación en igualdad, delitos de odio y delitos con componente de discriminación, en todos los planes formativos de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, Consejo General del Poder Judicial y en las respectivas Fiscalías. Llegados a este punto deberíamos incluir una formación mínima indispensable en normativa administrativa sobre igualdad y no discriminación en las empresas de seguridad privadas para el acceso a las mismas de sus miembros.

Por último y dentro de este paquete de medidas efectivas, tendría sentido incluir el necesario ajuste de los sistemas informáticos policiales y de los diferentes órganos de la Administración de justicia, para poder contabilizar todos los delitos de odio y discriminación denunciados. Sin conocer la dimensión y el alcance real del problema será imposible por parte de los poderes públicos diseñar una política criminal efectiva y seria.

Pero sin duda, el “caballo de batalla” principal está en las necesarias reformas de ámbito legislativo, que permitan acabar con estos espacios de impunidad. Reformas como la previsión en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de poder adoptar cautelarmente el bloqueo de páginas Webs, Bolgs, correos masivos, etc. con incitación al odio y a la discriminación y la previsión de imponer dicha medida como pena en el código Penal. Reformas que pasan por la aprobación definitiva de la Ley de igualdad de trato y no discriminación presentada en la anterior legislatura y que debe incluir la asistencia y protección de las víctimas de estos delitos y abordar las reformas del código penal y la ley de enjuiciamiento criminal para su efectiva investigación y persecución.

Y sin duda, actualizar y modernizar los artículos del Código penal relativos a la lucha contra la discriminación. El código penal de 1995, supuso un hito histórico y un cambio de ciento ochenta grados en el abordaje del fenómeno de la discriminación, al contemplar de manera expresa figuras delictivas y una agravante especifica que sancionaban ciertos comportamientos en los que el móvil de la discriminación estaba presente. Los constantes cambios producidos en la sociedad española y la escasa aplicación que han tenido algunos de los citados artículos del código penal, han puesto de manifiesto la necesidad de proceder a su actualización para cubrir sus omisiones, deficiencias o lagunas y adaptarlos a las exigencias de la Decisión Marco de la Unión Europea 2008/913.

Particularmente se hace necesaria una nueva redacción del Artículo 510, sustituyendo el término “provocación” por el de “incitación pública”, que evite la impunidad de los propagadores del odio.

La difusión de este tipo de ideas supone la creación de un clima de opinión o de sentimientos que dan lugar a un peligro cierto de comisión de actos concretos de discriminación, odio o violencia, se engloban en el contexto del llamado “discurso del odio” y por lo tanto constitutivos de delito, en clara consonancia con los tratados internacionales ratificados por España.

En el terreno de lo esencial, esta la necesaria reforma y modernización de la Ley de Partidos, que permita su aplicación integral y efectiva a partidos que justifican el racismo y la xenofobia. La actual ley contiene ambigüedades e imprecisiones en su articulado que hacen complicado se puedan emprender procesos de ilegalización de Partidos políticos que propugnen el cambio de los principios constitucionales solo a través de la difusión de sus ideas, en clara contradicción con la Declaración Marco del La Unión Europea de 2008 ratificada por nuestro país. Por tanto, necesaria reforma y adecuación de su Exposición de Motivos y del Artículo 9.2.a), sustituyendo “vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales promoviendo…”, por la nueva fórmula “ vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, mediante la difusión de ideas de odio ideológico, la incitación pública o mediante actividades de propaganda organizada y …”.

La aplicación de todas estas medidas efectivas y las necesarias reformas de ámbito legislativo, deben constituir un marco férreo que cumpla una condición clara de prevención, fijando los principios de una autentica política de Estado, integral y transversal, que involucre a todas las administraciones y al conjunto de la sociedad civil. Y es sin duda la política de prevención el elemento principal y sustancial para combatir estos espacios de impunidad, y debemos ponernos a ello sin dilación, porque si esperamos a que los destinatarios de la misma pasen a la acción, posiblemente el derecho penal habrá llegado muy tarde.