Uno de los últimos ejemplos es el hospital de la Princesa, hospital totalmente necesario para los pacientes, que quieren convertir en centro de geriatría y despedir al personal, posibilitando así la desatención de tantos y tantos servicios que este hospital ofrece. Se está actuando de la forma más vil con el abuso de poder de un dictador, empobreciendo a los más humildes y beneficiando a los más ricos.

Nos encontramos con casos sangrantes, que no indigna y nos subleva. Nuestra sanidad se derrumba hasta extremos insospechados y nos preguntamos: ¿Por qué existe pasividad en tantas y tantas asociaciones de enfermos? , miedo ¿a qué? Un gobierno cruel solo necesita la respuesta de un pueblo con la desobediencia: ¡nadie en una Democracia está facultado para hacer daño. ¡Muy por el contrario, está obligado a velar por aquellos que más lo necesitan, la sanidad no ¡¡se toca!! El mejor ahorro está en la buena atención, pero es evidente que solo se miran al ombligo. Mientras hay pacientes pidiendo limosna para un trasplante y existe una lista de espera larguísima para intervenir un tumor.

La maldad en la gestión se ha instaurado en España, nos cuentan que el Presidente del gobierno negociara que se retire el euro por receta ¿negociar? , ¡Nunca se tuvo que llevar a cabo!.

Recordamos las palabras de la señora Aguirre (presidenta en la sombra) ¡¡yo nunca subiré los impuestos ni pondré el copago. Tenía razón, ha dejado a su “protegido” de turno para que lo que no se atrevió a hacer ella lo haga un presidente que no ha sido elegido por nadie, y que va a privatizar los servicios públicos. Lo que va a hacer es “matar” la sanidad pública y es esto lo que se hará y se repetirá en toda España, terminar con los hospitales públicos. Por ejemplo, en Madrid se privatizarán el hospital Infanta Leonor, el Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el Infanta Cristina (Parla), el Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda) y del Tajo (Aranjuez).

En definitiva, se está llevando a cabo una gestión de terror en pocos meses atentando contra la salud y la vida de los pacientes, y también atentando contra un derecho fundamental, como es el derecho a la salud, dejando a un lado a los ciudadanos con menos recursos.

Esto provocará un gran aumento de denuncias, un deterioro de la relación médico-paciente, una falta de equidad en la asistencia y, sobre todo, una total indefensión de los más desprotegidos, ancianos, discapacitados e inmigrantes, esos que llegaron a España a realizar los peores trabajos, los que no quería hacer nadie, y que ahora se encuentran sin trabajo ni asistencia y qué decir de los “sin papeles”: ¡nadie debe ser desasistido por su condición! Qué decir de las órdenes a los profesionales de no dar bajas, de no enviar al especialista, de no prescribir pruebas, etc.

Lo curioso es que con estas medidas desigualitarias creen que ahorrarán, y por el contrario, habrá un gasto excesivo, pacientes que se agravarán por falta de atención, que podrán perder sus trabajos por no poder realizarlos, y todo esto con coste al erario público. Estamos en manos de unos mandatarios ¿inteligentes? o descerebrados.