Pero esta revisión no supone admitir que el PSOE traicionara entonces a la clase trabajadora, como se ha sostenido de manera falaz y malintencionada. Ni que aquella reforma supusiera el desmantelamiento directo e inexorable del Estado de Bienestar. Ni que la nueva redacción del 135 impulsara y legitimara los recortes sociales del Gobierno del PP, que se hubieran producido de igual modo con la redacción original. Ni que pueda darse por bueno el relato falso que sitúa en aquella reforma la prueba incontestable de la conspiración bipartidista contra el pueblo. Ni tan siquiera que la proposición de ley de IU que hemos votado para abrir la posibilidad de tal revisión merezca mejor calificación que la de una mera chapuza oportunista.

Muchos de los que lanzan estas acusaciones falsas no han leído el artículo en cuestión, ni antes ni después de la reforma. Y otros, que sí lo han leído, mantienen una interpretación deliberadamente artera, por puro interés electoral. La realidad es que aquella reforma constitucionalizó el principio de estabilidad presupuestaria al que ya nos obligaban los Tratados de la Unión Europa, y que no tiene nada que ver con el cuestionable déficit cero permanente. Y que aquella reforma subrayaba la obligación de pagar las deudas públicas, tal y como ya establecía la redacción de 1978, y tal y como está obligado a actuar todo Estado que prevea seguir solicitando crédito externo. Y que la reforma establecía la “prioridad absoluta” de hacer frente a las obligaciones de la deuda, “salvo emergencia financiera, económica o social”, es decir, salvo que el pago de la deuda ponga en riesgo la atención a las necesidades básicas de la población.

La reforma se emprendió en 2011 porque las alternativas que se barajaban eran terribles: o el default, el impago de la deuda, la quiebra y el subsiguiente rescate del Estado, con las contrapartidas dramáticas que han empobrecido drásticamente a griegos y portugueses; o el seguimiento del recetario que el Banco Central Europeo se atrevió entonces a poner por escrito como condición para respaldar la deuda pública española. No es justo hacer hoy análisis sobre lo que se decidió entonces sin atender las circunstancias que condicionaban tal decisión.

Aquello se hizo por lo que se hizo. Pero no se hizo bien, y esto hay que reconocerlo. No fue justo afrontan la garantía constitucional del pago a los acreedores financieros, sin garantizar positivamente al mismo nivel la atención de las necesidades sociales de una población ya muy castigada por la crisis. No era admisible de buen grado asumir el chantaje de un órgano carente de legitimación democrática, como el BCE, sin someter esta decisión al escrutinio de los electores, que habían votado programas de gobierno muy diferentes. Y tampoco fue razonable llevar a cabo la reforma de manera acelerada y casi sin debate público. Quizás hubiera sido mejor disolver las Cortes y consultar a la ciudadanía en torno a los nuevos caminos a transitar. Claro que resulta fácil hacer estos análisis a toro pasado.

La posición correcta hoy no es la del PP, que pretende no revisar nada, porque a su juicio no hay problemas cuya solución requiera nuevas reformas. Pero no es correcta, igualmente, la posición de IU que somete a votación en el Congreso una proposición de ley panfletaria, carente de rigor jurídico y político, plagada de conceptos indeterminados –como aquello de los servicios públicos fundamentales-, y absolutamente contradictoria, porque tras atribuir a supuestas veleidades ultraliberales la simple intención de pagar las deudas contraídas, plantean en su reforma alternativa del 135 la mismísima obligación de incorporar cada año el pago de tales deudas al Estado de gastos de los presupuestos públicos. ¿En qué quedamos? ¿Pagar las deudas propias es neoliberal o no?

Tampoco cabe admitir la verborrea populista de los portavoces de Podemos cuando un día exigen que el Estado no pague las deudas contraídas, pero al día siguiente sostienen que el mismo Estado ha de incurrir en déficit público para pagar rentas universales o jubilaciones desde los 60 años. ¿Y quiénes van a prestarnos el dinero para cubrir ese déficit? ¿Los mismos a los que hoy nos negamos a pagar las deudas pendientes?

Sí hay que revisar hoy la reforma que acometimos en el año 2011 sobre el artículo 135 de la Constitución. Hay que blindar el derecho a la salud, el derecho a la pensión y el derecho a la atención en situaciones de dependencia, como derechos fundamentales. Y hay que establecer en ese artículo 135 una garantía firme, con un umbral fijo de gasto sobre el PIB, para financiar el ejercicio de los derechos sociales más importantes.

Y el reproche no ha de dirigirse a aquellos que revisan sus decisiones y que afrontan cambios para atender en cada momento los intereses generales, en función de unas circunstancias mutables y de unos valores inmutables. Quienes merecen reproche son aquellos que se niegan al cambio para mejorar la vida de la mayoría, y también aquellos a quienes el artículo 135, y el 136 y todos los demás importan bastante menos que el puro oportunismo de zaherir al adversario político para obtener una ventaja electoral incierta.