Actualmente las enfermedades relacionadas con la exposición ambiental a sustancias químicas suponen una enorme carga social y humana. El cáncer, los problemas reproductivos (infertilidad, malformaciones, otras enfermedades reproductivas), las alteraciones hormonales (diabetes, problemas tiroideos), las enfermedades inmunológicas (dermatitis, alergias) y los problemas neurológicos (problemas de aprendizaje, hiperactividad, Alzheimer, Parkinson), entre otras enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas han alcanzado cifras sumamente preocupantes.

La población española presenta concentraciones corporales de compuestos orgánicos persistentes (COP), sustancias sintéticas de toxicidad demostrada. Por ejemplo, las concentraciones corporales de 19 COP en la población general catalana detectó p,p’–DDE (principal metabolito del DDT, prohibido éste hace 30 años) en el 100% de las 919 personas analizadas. El 73% de la población almacena 10 o más de estos 19 contaminantes analizados. De los análisis de 16 contaminantes tóxicos persistentes en placentas de mujeres del sudeste español se detectaron residuos en todas las placentas, con una media de 8 plaguicidas por placenta y detectando compuestos como el DDE, DDT, endosulfán y lindano en más del 50% de las muestras. En un estudio realizado a chicas embarazadas en Tenerife se detectaron alguno de los 7 PCB y 18 plaguicidas clorados estudiados en el 67% de las muestras de líquido amniótico.

Un porcentaje importante de los recién nacidos y de los niños estarían expuestos a concentraciones elevadas de mercurio, una sustancia potencialmente neurotóxica, según indican diversos estudios en población infantil española. Tal exposición prenatal está relacionada en buena parte con la ingesta de algunos tipos de pescado contaminado por parte de las gestantes. La contaminación de estos pescados se produciría principalmente por los vertidos de mercurio al mar o a los ríos y lagos por parte de actividades industriales, del ámbito sanitario y de la minería. La exposición prenatal a tóxicos está relacionada con el desarrollo de transtornos neuroconductuales en la niñez y podría tener relación con problemas neurológicos en la edad adulta.

La exposición laboral a sustancias tóxicas produce cada año en España decenas de miles de enfermedades respiratorias, de la piel, del sistema nervioso o cardiovasculares, entre otras enfermedades laborales (8.550 casos de EPOC, 6.840 casos de dermatitis, 5.130 casos de asma laboral cada año). También según estimaciones, la incidencia del cáncer laboral en España sería de 2.933 a 13.587 casos nuevos cada año y la mortalidad por cáncer laboral supondría un mínimo de 1.833 y un máximo de 8.214 trabajadores.

A pesar de la gravedad de la situación se ha producido un abandono sistemático de las pocas iniciativas políticas para prevenir y controlar los riesgos para la salud pública, el medio ambiente y la salud de los trabajadores ocasionados por la exposición a sustancias químicas peligrosas. Es sin duda alguna, una de las grandes asignaturas pendientes en el debate ambiental en nuestro país.

La realidad es que ninguna administración, ni central, ni autonómica, cuenta con un diagnóstico general de la situación del riesgo químico que integre los diferentes campos de actuación (salud laboral, salud pública, medio ambiente, agricultura). Tampoco existen diagnósticos sectoriales del riesgo químico. Ninguna administración cuenta con una estrategia para prevenir el riesgo químico que defina objetivos y líneas de actuación concretas.

Ya a finales de 2006, tras la aprobación de REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) , regulación comunitaria sobre compuestos químicos que entró en vigor en junio de 2007, y con un Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo a punto de finalizarse, el Ministerio de Medio Ambiente detectó las carencias en gestión del riesgo químico y descoordinación, que se hacían especialmente preocupantes en esa situación de desarrollo normativo.

Por otro lado, el Plan Nacional de Aplicación de COPs (compuestos orgánicos persistentes) que se aprobó en 2007, fue el resultado de varios meses de trabajo participativo de diferentes colectivos sociales y empresariales. Lo que llevó a la creación de un grupo de trabajo interdisciplinar y en el que todos los sectores estaban representados: el Grupo Nacional de Coordinación del Convenio de Estocolmo. Junto a un diagnóstico exhaustivo de la situación de España en relación a los COP, el plan incluía medidas de sustitución, monitorización y vigilancia ambiental y humana, inventarios, sensibilización, formación.

A pesar de que se puso en marcha el Centro Nacional de Referencia de COPs, poco se ha avanzado desde 2008 en las medidas destinadas a acabar con estas sustancias contaminantes. El plan no se ha elaborado. Ni siquiera se ha debatido con las organizaciones sociales, sindicales y empresariales el informe base para la elaboración del Plan Nacional de Salud y medio ambiente, que fue elaborado en 2007 por el Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III.

La actual situación de crisis económica no sólo no es un argumento para abandonar la responsabilidad política de proteger la salud pública sino que ofrece una oportunidad histórica para impulsar políticas, programas, servicios y productos que protejan a la población y al medio ambiente del riesgo químico. Hay que atender al coste social y ambiental en términos de enfermedad, muertes, años de vida perdidos o limpieza ambiental que se puede reducir. También es necesario que la sociedad que resulte tras la crisis económica sea más sostenible y más humana.

A pesar de la abrumadora falta de recursos humanos y económicos destinados a prevenir el riesgo químico, si existiera un impulso político, las administraciones podrían desarrollar una gran cantidad de actividades con proyección social que redundaría en un mayor conciencia cívica ambiental, en la dinamización de múltiples políticas públicas y privadas y, finalmente, en la reducción de la exposición humana y ambiental a contaminantes químicos.

Es muy significativo el ejemplo del BPA. El bisfenol-A es una sustancia conocida porque se utiliza para fabricar policarbonato y porque muchos estudios científicos demuestran sus graves efectos para la salud y sugieren su responsabilidad en otros. El policarbonato es conocido, por ejemplo, porque se utiliza para fabricar biberones y porque a altas temperaturas se libera del plástico pudiendo contaminar, también por ejemplo, un líquido que se encuentre dentro del biberón. Cada día salen nuevas evidencias de su peligrosidad y el rechazo a tomar medidas por parte de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria se fundamentan en problemas de “forma” en la realización de los estudios ya que en ningún caso pueden rebatir los resultados. Ante la situación de alerta han sido varios los países Europeas que han tomado medidas de protección sanitarias de forma unilateral. Por ejemplo, sólo en Europa: Dinamarca ya ha introducido una prohibición nacional en los materiales en contacto con los alimentos para niños de 0-3 años, Francia ha aprobado una ley que lo prohíbe en biberones; y Suecia y Austria han anunciado que tomarían medidas nacionales si la UE no lo hacía. Sin embargo, España no ha asumido un medida unilateral de estas características y queda al amparo de una prohibición de la Comisión Europea. A ello hay que añadir que en España se encuentra la planta de policarbonato más grande de Europa, y este plástico es la principal fuente de BPA.

Es necesario un cambio de rumbo y un compromiso real con la protección del medio ambiente y la salud humana. Para ello sería necesario reactivar los grupos de trabajo creados para el desarrollo de Plan nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo, con el fin de comenzar el desarrollo de una Estrategia para una Química Sostenible. Además de, articular un órgano coordinador y proveedor de recursos y conocimiento suficientes para atender a las exigencias normativas y desarrollar medidas efectivas de lucha contra la contaminación química en todos los ámbitos. Me estoy refiriendo a la creación de una Agencia de Sostenibilidad Química.

Esta Agencia sería responsable de preparar la base de decisión y posicionamientos del Gobierno en los debates de la UE y Convenios Internacionales, y asesora en proyectos de Cooperación Internacional . Establecería objetivos y prepararía estrategias y planes de acción como base para el trabajo gubernamental. Sería responsable de analizar la situación en España sobre contaminación química y comunicar los progresos al Gobierno y al Parlamento. Además la Agencia llevaría a cabo las labores de recopilación y será el nexo de información sobre sustancias químicas. Sería un órgano asesor de carácter técnico que podría realizar actuaciones delegadas que derivasen de las propuestas de los diferentes departamentos ministeriales o agencias. De esta forma, la Agencia podría dar apoyo a las CC.AA y Ayuntamientos sobre asuntos técnicos y administrativos para asegurar la buena aplicación de la legislación. Y finalmente ofrecería información pública en asuntos de sustancias químicas y lleva a cabo labores de educación y sensibilización.