Por lo tanto, no es extraño que el llamamiento de los sindicatos a las manifestaciones contra la reforma laboral haya tenido una amplia respuesta en todas las capitales de provincias (por encima de lo esperado), donde se han movilizado cientos de miles de personas. Actualmente, las movilizaciones continúan, sobre todo en la enseñanza, afectando particularmente a los jóvenes a pesar de la fuerte represión de la policía, que está poniendo en práctica métodos brutales e impropios en un contexto democrático.

El éxito de las movilizaciones sólo se explica porque ha calado en la sociedad la certeza de que la reforma laboral por sí sola no crea empleo y que el recorte de los servicios públicos esenciales va mucho más lejos de lo tolerable y, lo que es más grave, nos adentra en la recesión sin aportar soluciones tangibles que nos encaminen a la creación de empleo. Por el contrario, una vez más, estas medidas arbitrarias van dirigidas a favorecer a los que más tienen: los empresarios, los más ricos y el sector financiero.

Los llamamientos sindicales –después de las movilizaciones– a la negociación de la reforma en el trámite parlamentario han sido contestados con una fuerte y vergonzosa campaña antisindical que ha intentado enfrentar al parlamento con los sindicatos poniendo en grave riesgo el diálogo social. De la misma manera se ha pretendido enfrentar los votos conseguidos en unas elecciones generales con los votos obtenidos por los sindicatos en las elecciones que se celebran cada cuatro años en las empresas (en las últimas elecciones sindicales –2008-2011– se celebraron elecciones en más de 100 mil empresas en las que participaron más de cinco millones de trabajadores que eligieron a más de 300 mil representantes), incumpliendo con ello el mandato constitucional que determina que los sindicatos tienen la misión de representar al conjunto de los trabajadores en un marco de plena libertad sindical.

A pesar de esta burda campaña, lo cierto es que estas medidas van a significar un aumento de las desigualdades y de la exclusión social (OIT), afectando sobre todo a los más débiles (inmigrantes) y a los parados de larga duración de más de 45 años. Lo más grave de esta situación es que estas medidas las vamos a pagar todos pero, sobre todo, lo pagarán a largo plazo los jóvenes que tendrán dificultades para cubrir las necesidades mínimas para su emancipación y su libre desarrollo personal y profesional, así como para conformar carreras profesionales suficientes de cara al cobro de unas pensiones dignas en el futuro donde, previsiblemente, los hijos vivirán peor que sus padres.

Cuando menos, una generación de jóvenes está condenada a sufrir el desempleo, la temporalidad, la precariedad, el exceso de jornada, la siniestralidad laboral y los bajos salarios, a no ser que se desplacen al extranjero (jóvenes conocidos como “Generación JESP”: Jóvenes Emigrantes Sobradamente Preparados).

Como denuncian UGT y CCOO (Plan de Acción para Jóvenes), la situación va a empeorar en el presente año: 1,6 millones de jóvenes de 16 a 30 años ya se encuentran sin empleo y el 47,95% de los mismos tienen un contrato en precario (EPA, IV trimestre de 2011), lo que explica que el 90% de las contrataciones registradas de jóvenes sean de carácter temporal y sólo el 4,5% lo sean de naturaleza indefinida y que de los contratos de obra o servicio registrados en todas las franjas de edad el 65% correspondan a los jóvenes trabajadores; de la misma manera, el 68% de los contratos eventuales por circunstancias de la producción corresponden también a jóvenes, lo que explica la tremenda rotación que se produce en nuestro mercado de trabajo.

Efectivamente, los jóvenes españoles ya están siendo las principales víctimas de la crisis y de nuestro modelo productivo (con poco valor añadido) basado en el ladrillo, la agricultura, el turismo y los servicios, con una mano de obra poco cualificada (de usar y tirar) y un modelo de relaciones laborales basado en la contratación temporal y en los bajos salarios. Un modelo productivo que la reciente reforma laboral consolida y agrava para los jóvenes, porque a pesar de que se generan nuevos contratos bonificados para los menores de 30 años parte de estas bonificaciones van dirigidas a empresas que contraten a trabajadores en paro que cobren la prestación por desempleo y, en este caso, sólo el 15% de jóvenes sin trabajo cobran dicha prestación, por lo que se verán discriminados respecto a colectivos de más edad.

Por otra parte, la reforma empeora el contrato para la formación al elevar el límite de edad a los 30 años hasta que el desempleo se reduzca al 15% y fijar su duración en un tiempo de tres años (por lo tanto hasta los 33 años), lo que representa un serio aumento de la precariedad de los jóvenes. A ello hay que añadir la apuesta por la contratación a tiempo parcial (no querida, pero aceptada como mal menor) que no significa otra cosa que condenar a los jóvenes a la infraocupación. Mucho más grave resulta el escandaloso y nuevo contrato indefinido con un año de prueba para los trabajadores no cualificados, lo que posibilita a las empresas despedir libremente y sin ninguna indemnización en ese periodo (más precariedad imposible), empeorando lo que ocurre con los contratos temporales que, cuando menos, garantizan una indemnización por año trabajado.

Las mujeres jóvenes sufren estos mismos problemas; sin embargo, se ven agravados por la discriminación de género que se produce en nuestro mercado de trabajo. Según UGT (Informe sobre Desigualdades Salariales), en el año 2009, las mujeres percibieron sólo el 78% del salario de los hombres. El 15,2% de las mujeres tuvieron ingresos salariales menores o iguales al SMI frente al 5,6% de los hombres y, mientras que el 9,81% de los hombres recibieron ingresos cinco veces superiores al SMI, sólo un 4,77% de mujeres alcanzaron esos ingresos. El tipo de jornada también afecta a los salarios: las mujeres cobran por hora trabajada a tiempo parcial 9,65 euros (la mayor parte de los contratos a tiempo parcial lo desempeñan las mujeres llegando a ser abrumadora su presencia en actividades administrativas y servicios auxiliares, el 90%), lo que representa un 36,77% menos que la hora a tiempo completo de un hombre. Los contratos de duración indefinida también están peor retribuidos para las mujeres, que cobran un 24,4% menos que los hombres con este mismo contrato.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, las mujeres representaron algo más de un tercio de las percepciones por desempleo, como consecuencia directa del salario que se ha percibido en activo, y las mujeres desempleadas que reciben prestaciones del nivel contributivo lo hacen en un 15,4% menos que los hombres en la misma situación.

Si analizamos las pensiones de jubilación percibidas por las mujeres, sólo un 1,42% reciben más de 2.000 euros mensuales, mientras que el 80% de las mujeres perciben pensiones inferiores a 700 euros, de las cuales un 37,7% de mujeres perciben menos de 500 euros. A ello hay que añadir que la pensión de viudedad suele ser para la mujer su única fuente de ingresos- cosa que no ocurre en el caso de los hombres-, como ocurre con más de 700.000 mujeres que perciben ingresos por viudedad inferiores a 500 euros mensuales. Por último, las mujeres son las mayores beneficiarias de las pensiones no contributivas con un 81,75% de media, que se eleva al 86,21% si se trata de mujeres con más de 85 años.

La conclusión resulta desoladora: las mujeres reciben un menor salario cuando trabajan, una menor prestación por desempleo cuando están paradas y una menor pensión cuando se jubilan.

A pesar de estos datos demoledores, no debemos olvidar que la situación es susceptible de empeorar en múltiples aspectos. Por ejemplo, los efectos de la reforma laboral en los próximos años serán muy contraproducentes para el “derecho del trabajo” y para las relaciones laborales en su conjunto (diálogo social), especialmente en los centros de trabajo, donde se puede esperar un aumento de la conflictividad social, porque después de la reforma laboral el despido ya es más rápido, más fácil y más barato; la negociación colectiva de ámbito superior a la empresa prácticamente entrará en declive, dejando en el desamparo a los trabajadores de las pequeñas empresas; la distribución de rentas cada vez será más favorable al capital; el empresario fortalece su poder absoluto de decisión en los centros de trabajo; y se consolida un modelo productivo obsoleto (basado en el desempleo, la precariedad y los bajos salarios) alejado de la modernidad y, por lo tanto, escasamente competitivo en un contexto globalizado.

Por otra parte, los empresarios organizados en la CEOE, al amparo de la crisis, siguen presionando en la actual situación para endurecer el cobro de la prestación por desempleo, con el argumento de que los desempleados (considerados como vulgares delincuentes) deliberadamente no buscan empleo mientras cobran la prestación. De la misma manera, están exigiendo la aprobación de una ley de huelga restrictiva con los derechos de los trabajadores, particularmente en los servicios públicos esenciales.

A pesar de ello, los sindicatos están actuando con responsabilidad y se están cargando de razones que, cada vez más, resultan claras y convincentes para la gran mayoría de la opinión pública. Además, están saliendo fortalecidos de esta brutal campaña, que no pretende otra cosa que su debilitamiento y marginación. Muchos sindicalistas y trabajadores en general han mostrado su satisfacción y alegría por haber tomado la calle en una fase encaminada a recuperar la capacidad de respuesta sindical y mejorar la desequilibrada correlación de fuerzas con los empresarios. Este es el gran error de Rajoy: posicionarse a favor de la CEOE y, consiguientemente, enfrentarse a los sindicatos después de haber firmado el II AENC, 2012-2014, que acepta una fuerte reducción de los salarios. En una etapa recesiva como la que se avecina en nuestro país hay que sumar, buscando los consensos necesarios, y no restar; por eso, Rajoy debe aprender a gobernar como si no tuviera mayoría absoluta…; simplemente, porque es lo inteligente y porque le han ofrecido ayudas.

En todo caso, queda mucha pedagogía por hacer en las empresas y en la opinión pública para explicar las alternativas (“otra política es posible”) a las políticas neoliberales que nos impone la UE y que vienen afectando muy negativamente a todos los trabajadores, y particularmente a los desempleados. Un colectivo marginado que, además, ha perdido la confianza de que alguien le pueda ofrecer un puesto de trabajo en los próximos años.