Para alcanzar este objetivo, como en todos los demás, Rubalcaba propuso una doble receta: ambición y realismo. Y es verdad que necesitaremos una dosis generosa de ambos ingredientes para cocinar este plato. Ambición para no limitarnos a una nueva vuelta de tuerca discursiva contra el corrupto. Ambición para lograr aquello que de verdad exigen los ciudadanos, que no haya corrupción; es decir, que la atajemos antes de que se produzca. Realismo para no proponer vaguedades o fórmulas buenistas sin posibilidad de ejecución práctica. Y realismo para asumir y explicar que las fórmulas realmente eficaces pasan por un control previo más unificado y estricto de las decisiones urbanísticas, y que tal control solo puede lograrse desde el reforzamiento de las competencias del Estado, cambiando la Constitución si fuera preciso.

La corrupción, efectivamente, ha sido uno de los múltiples efectos perniciosos provocados por el urbanismo gansteril impulsado a partir de la Ley del Suelo de 1998, firmada por un gobierno del PP. Hubo otros efectos. Un sistema financiero más cercano en su funcionamiento a un casino de Las Vegas que a un instrumento serio de administración del ahorro y de gestión del crédito. Unas políticas públicas ajenas a cualquier estrategia de crecimiento que no pasara por la promesa falsa de prosperidad eterna en torno al ladrillo caro. Unas empresas que optaron por la promoción especulativa de suelo antes que por la apuesta industrial realmente competitiva. Unos jóvenes que abandonaron sus estudios para participar de la fiesta del trabajo fácil, abundante y bien pagado, pero sin cualificación y sin futuro… Y, además, la tentación de muchos, demasiados representantes públicos que se dejaron corromper, socavando las leyes que prometieron cumplir y traicionando el interés general que estaba bajo su responsabilidad.

Se equivocan quienes trivializan las consecuencias de la corrupción, y también quienes se limitan a denunciar el enriquecimiento grosero e indecente de los corruptos y de los corruptores. La corrupción es el cáncer de las sociedades democráticas. Un cáncer que carcome la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y que destruye la funcionalidad de las administraciones. El efecto de un planeamiento urbanístico corrompido no debe valorarse solo en función de los billetes, de los trajes o de los maseratis que ha puesto en manos del delincuente. Un mal plan urbanístico se traduce automáticamente en un problema económico, ambiental o de movilidad para cientos, miles o millones de ciudadanos. Un clima de corrupción más o menos general en una administración es una luz roja que alerta y que espanta las inversiones serias y, por tanto, el empleo. ¿Cómo pedirán responsabilidad cívica en el pago de impuestos o en el cuidado de las instalaciones comunes aquellos ayuntamientos que se han visto envueltos en este tipo de escándalos?

Es cierto que aquella deficiente ley del suelo de 1998 fue reformada por la mayoría socialista de 2004, y también es verdad que existen herramientas legales, normativas y de gestión para defender una ordenación positiva y decente del suelo. De hecho, en estos momentos hay menos posibilidades de corrupción ligada a los desarrollos urbanísticos, por la sencilla razón de que hay muchos menos desarrollos urbanísticos. Pero tiene razón Rubalcaba al plantear que nuestro país debe hacer ahora sus deberes para que cuando la economía se reactive definitivamente y vuelvan a generarse intereses encontrados en torno al urbanismo, dispongamos de instrumentos realmente efectivos para prevenir la sangría de las corruptelas.

El artículo 148 de la Constitución y los Estatutos de autonomía habilitan la competencia exclusiva de las administraciones regionales y locales sobre las políticas urbanísticas. Pero una leve modificación constitucional podría situar en el artículo 149 ciertas capacidades para el Estado en orden a atender el interés general. No se trata de que la administración central se ocupe ahora de revisar y aprobar previamente una a una todas las propuestas de modificación de planeamiento urbanístico que provengan de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Resultaría exagerado en la teoría y difícilmente viable en la práctica. Pero el Estado si podría actuar eficientemente en las siguientes direcciones:

1. El desarrollo de una legislación básica para la ordenación del territorio y la gestión urbanística, que unifique las condiciones para el planeamiento, la clasificación y la calificación del suelo en todas las comunidades autónomas, y que endurezca los requisitos de transparencia pública, de justificación técnica y de control previo para cualquier cambio o recalificación.

2. La aprobación obligada por parte de las comunidades autónoma de Planes de Estrategia Territorial, que asignen usos predeterminados del suelo en función de objetivos de interés general, como el impulso económico, la protección ambiental, la generación de infraestructuras para el transporte… Y el Estado habría de coordinar tales planes en orden a sus competencias sobre la garantía de igualdad de derechos de todos los españoles, la planificación general de la actividad económica o la preservación ambiental.

3. El establecimiento de controles previos por parte del Estado para aquellas modificaciones de planeamiento urbanístico que resulten especialmente significativas en su afección sobre el interés general: cuando afecten a la actividad económica o a las condiciones ambientales de más de una comunidad autónoma; cuando su dimensión implique consecuencias resaltables de orden económico, logístico o medioambiental; cuando se encuentre en juego una instalación o un ámbito de interés general (un parque nacional, un puerto o un aeropuerto, una frontera…).

4. Una revisión disuasoria sobre las penas asociadas en el Código Penal a los delitos cometidos en los procesos urbanísticos, por los corruptos y por los corruptores, en la prevaricación, el cohecho propio e impropio, el tráfico de influencias y el universo difuso y un tanto ineficiente de delitos contra la ordenación del territorio.

Este objetivo, como el resto de los formulados por Rubalcaba el pasado 9 de julio, solo requiere para su cumplimiento de aquello que él mismo nos reclamó: ambición en los sueños y realismo en las reformas a emprender. Ambas condiciones llevan demasiado tiempo pendientes para la ordenación del urbanismo en España. Es el momento.