En 2011, la crisis económica de la UE y EEUU, y su incidencia en el resto de los países, junto a la sacrosanta filosofía de la “competitividad” han servido para justificar la falta de voluntad en llegar a un acuerdo que prologara el Protocolo de Kioto, que expira en 2012, con la imprescindible adhesión de EEUU, China, India y Brasil, lo que hubiera sido el mejor y más razonable escenario desde la perspectiva de la sostenibilidad del planeta. Pero, desde el inicio de la COP se conocían propuestas por parte de países como EEUU, Brasil, India y China de que el acuerdo se aplazara hasta después del 2020, dejando ocho años de ausencia de regulación/compromiso internacional en el tema; o posiciones como la de Canadá, Rusia o Japón de no prorrogar sus compromisos tras la extinción del Protocolo de Kioto en 2012, con lo que las emisiones reguladas por el compromiso finalmente asumido -de prorrogar el mismo hasta 2017 ó 2010- pasará de regular alrededor del 25% del total actual a menos del 15% de las emisiones mundiales, con Suiza, Noruega, Australia y Nueva Zelanda manteniendo sus compromisos, junto a la UE. Ésta, que por sí sola representa el 12% de las emisiones tiene una Directiva aprobada por la que se compromete a reducir para el 2020 en un 20% sus emisiones de 1990, estando ya en la actualidad en más del 15% de reducción, como consecuencia de la crisis y de las políticas desarrolladas hasta la actualidad en eficiencia y energías renovables.

China ha condicionado su compromiso a los de los países desarrollados y EEUU al de China. En todo caso, el acuerdo EEUU, Brasil, China iba en la línea de tener un tratado para 2015, cuando se conozcan los nuevos datos (quinto informe) del IPCC, que entraría en vigor después de 2020. Y ese ha sido el acuerdo finalmente asumido: se negociará para 2015 un protocolo, instrumento legal o resultado acordado con fuerza legal que limite las emisiones de todos los países a partir de 2020. Por otra parte, los países productores de petróleo, capitaneados por Arabia Saudí, han conseguido que se incluyan referencias en el borrador del acuerdo a la necesidad de compensaciones por el menor consumo de petróleo. Y el que Qatar sea el organizador de la conferencia del año que viene (COP 18) hace temer que el grupo de presión de los productores de petróleo más los intereses de EEUU, India, Brasil, Suráfrica y China, basándose en que la reducción de emisiones implican fuertes incrementos de costes y disminuyen su “competitividad”, impidan un avance cada día más necesario hacia políticas de reducción de emisiones. Para los optimistas, el que los grandes contaminadores (EEUU, China, UE, Brasil, Sudáfrica, India, Rusia, Japón, Canadá y Argentina) que por sí solos son responsables del orden del 95% de las emisiones de gases de efecto invernadero lleguen “al acuerdo de estudiar un acuerdo” para a partir de 2020 reducir sus emisiones, es un triunfo.

Pero, según el último informe del IPCC (Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX). 18 November 2011) «puede afirmarse con un alto grado de certeza que las temperaturas máximas y mínimas aumentan debido al incremento de los gases invernadero». Y este Informe augura que el cambio climático disparará la fuerza de las tormentas, e intensificará el efecto de las sequías y de otros fenómenos naturales como tornados o inundaciones. Ya con la situación actual de concentración de gases estima que la temperatura media global aumentará entre uno y tres grados centígrados a mediados de siglo, y de dos a cinco grados a finales del mismo, lo que generará pérdidas de miles de millones de euros y afectará gravemente a sectores económicos como el turismo y la agricultura.

Se habla con frecuencia de “competitividad” y se justifica el que acuerdos de reducción de gases de efecto invernadero incrementan los costes de producción y disminuyen la “competitividad” de las ciudades, de las regiones o de los países. Pero, ¿qué sucede con el Planeta Tierra?. ¿Con quién tiene que ser competitivo?.

Hace mucho tiempo que la teoría de los juegos ha demostrado que en competencia entre dos de suma cero, si uno gana es porque otro pierde; pero que si se pueden establecer sinergias en el comportamiento de los jugadores, la colaboración no sólo puede hacer que todos ganen, sino que las sinergias presentes pueden hacer que el resultado global sea positivo para todos. Con el cambio climático en sus niveles actuales, con unas emisiones globales que eran en 2010 del orden de un 30% superiores a las de 2000 y un 45% superiores a las de 1990 (aunque el conjunto de los llamados países industrializados generaron en 2010 un 7,5% menos de emisiones que en 1990, pero con EEUU aumentando sus emisiones) y un global de emisiones estimadas en unas 30.600 TM de CO2 equivalente (cercano al límite de 32.000 Tm que no se debería sobrepasar en 2020 para tener más de un 50% de probabilidad de que la temperatura no supere un incremento de 2ºC) el juego ya no permite ganar a nadie. Se trata, simplemente, de evitar pérdidas que van a afectar a todos en mayor o menor medida. Y las palabras claves para minimizar esas pérdidas para todos son ahora colaboración y solidaridad. Colaboración ausente en Durban en los niveles necesarios y solidaridad (intereses generales, sociedad del bienestar) que es también solidaridad con uno mismo y con las generaciones venideras y que está muy lejos de las políticas globales presentes en la actualidad.

Así, en paralelo al desastre de Durban, la UE mantenía su Consejo para afrontar la crisis económica en la que nos está hundiendo el sistema financiero especulativo global ayudado por la adopción de unas políticas de austeridad/castigo a la población, cuya falta de apoyo al incremento de la productividad y del empleo hacen el juego a la obtención de rápidos beneficios para la especulación contra el euro y los países más frágiles de la eurozona y cuestionan la supervivencia del estado del bienestar en la UE.

La aprobación por el Consejo de la UE del “Statement by the euro area Heads of State or Government (9 de diciembre de 2012) vuelve a señalar como justificación de los acuerdos, entre otros, el sacrosanto principio antes señalado de la “competitividad”: “It will rest on an enhanced governance to foster fiscal discipline and deeper integration in the internal market as well as stronger growth, enhanced competitiveness and social cohesion.” Aunque estos principios son encomiables, no difieren de los recogidos en la Agenda de Lisboa del 2000 ni en su revisión en 2005. Pero las políticas neoconservadoras desarrolladas no han tenido resultados particularmente positivos en dichos objetivos ni aún en una fase de alto crecimiento económico; y ello porque su consecución ha estado presidida por unas teorías políticas conservadoras que se han centrado las bases de ese crecimiento en el individualismo y en el beneficio económico a corto plazo, tan caro a la especulación financiera, la ingeniería/derivados financieros y las burbujas inmobiliarias. Y son obvios sus resultados en España: del orden de cinco millones de parados -21% de la población activa que supera el 45% para los jóvenes menores de 25 años; más de 1,3 millones de hogares en los que nadie tiene trabajo; el paro de más de un año de duración supera los dos millones de personas, y se incrementan continuamente los que han agotado los dos años de seguro de desempleo; el incremento de las personas en riesgo de pobreza hasta un 21,8% de la población residente en España; el descenso de los ingresos medios anuales de los hogares (del 4,4% en 2010 respecto a los de 2009); el alto riesgo de pérdida de acceso a servicios ligados al bienestar por los graves problemas de las administraciones territoriales para cubrir sus gastos corrientes sin los ingresos que la burbuja inmobiliaria les había venido proporcionando a lo largo del período 1997-2007; el cierre de gran número de empresas muy ligadas al sector de la urbanización y construcción; y la expansión de la crisis al conjunto de la sociedad.

Volviendo al contenido de los sucesivos Informes sobre cambio climático que se están produciendo, estos son especialmente relevante para España, país cuya vulnerabilidad económica y del modelo territorial al aumento de las temperaturas es especialmente grave, afectando de forma severa a nuestros balances hídricos, a nuestra agricultura, sistema forestal, ecosistemas y, de manera directa e indirecta, a la conservación de la biodiversidad; pero también al turismo y al confort climático de nuestras ciudades, a través de su incidencia en sus consumos y dependencia energética; y, desde otra perspectiva, a través del incremento del riesgo en nuestros ya muy frágiles litorales, como consecuencia del incremento esperado en la intensidad y gravedad de los temporales y en el progresivo incremento del nivel de nuestros mares.

Si se supone que el bienestar sostenible de la población es el objetivo fundamental a conseguir, es necesario recordar que, en España la magnitud del déficit energético en el déficit comercial y la tradicional balanza negativa en los productos tecnológicamente más avanzados son algunos de los factores fundamentales de la falta de competitividad. Y que el avance en la mejora de ambos aspectos para la generación de recursos energéticos renovables y el cambio en el modelo de desarrollo son más que una necesidad a abordar en la salida de la crisis; y que de manera complementaria, su aplicación también nos permitiría avanzar en la solidaridad ambiental con nosotros mismos para reducir, entre otros, los efectos del cambio climático.

¿Es éste el camino que cabe esperar en la política gubernamental de los próximos años?. Lamentablemente no si ésta sigue lo recogido en el Programa político del PP, ganador de las elecciones el 20 N. Éste se centra en la austeridad, reducción del gasto público para reducir el déficit y el endeudamiento público, y reactivación de la actividad económica por la vía de la intervención privada, como elementos fundamentales de todas las actuaciones de su Programa. El cambio climático o los aspectos más directamente relacionados con éste (territorio, desarrollo rural, urbanismo, vivienda, energía, transporte, biodiversidad, eficiencia en el uso de recursos, agua) presentan objetivos y líneas de actuación excesivamente vagos y escasamente ligados a los efectos ambientales derivados de las políticas propuestas. Hay un apartado específico del medio ambiente en su programa, dentro del capítulo de Bienestar social, en el que la filosofía subyacente es la de la utilización del medio ambiente como recurso productivo y como factor para la creación de empleo. Su carácter patrimonial es considerado de forma marginal, con lo que aspectos como conservación o protección están ausentes del Programa salvo en el aspecto puntual de la referencia a la biodiversidad en relación a la caza y a la protección de especies. Se recoge el objetivo de “transformación ecológica de la economía” pero de una forma genérica y sin mayores precisiones al respecto, en particular a temas como la mejora de la eficiencia energética y ambiental de edificios y ciudades, que es otro de los apartados de fuerte incidencia en el cambio climático.

De manera más específica, con respecto al cambio climático propiamente dicho, el programa hace referencia a la definición de una política medioambiental de carácter nacional a través de un acuerdo global que permita la adaptación, la coordinación y la cooperación de las administraciones públicas en la lucha contra el cambio climático. Propone el mantenimiento de los compromisos europeos y mundiales en materia de defensa del medio ambiente y el impulso de las medidas que permitan cumplir su compromiso, en el seno de la Unión Europea. Pero en el apartado energético, cuya relación con el cambio climático es fundamental, las referencias fundamentales son de mejora genérica de la eficiencia energética (uso del petróleo) y sobre todo de sostenibilidad económica: de reducción de costes, aprovechamiento de las fuentes energéticas existentes (incluida la nuclear y su posible prórroga) y reducción de déficit tarifario, lo que implica el mantenimiento de la situación actual de fuerte dependencia energética exterior, elevada insostenibilidad ambiental y alto déficit en la balanza de pagos hacia el futuro. Sus propuestas básicas son las de liberalización completa de los mercados energéticos e incremento de su competencia (y supervisión pública), gestión de los permisos nucleares con el fin de lograr un menor coste de la energía y defensa de un mercado único europeo energético a través del incremento de las interconexiones eléctricas y de gaseoductos transfronterizos.

Como síntesis, la referencia básica del programa es el incremento de cualquier actividad empresarial y del crecimiento económico, subordinando a consideraciones genéricas la intervención pública sectorial o la sostenibilidad ambiental. Su identificación es clara con los postulados del imperante conservadurismo económico que hace de la austeridad artículo de fe y postulado máximo para justificar la situación actual como resultado de los excesos de la actividad pública (déficit y endeudamiento público). Sin embargo, ha quedado claro, incluso para la Comisión del Congreso de EEUU, en el Informe publicado al respecto en enero de 2011, que el origen de la crisis ha sido un fuertísimo endeudamiento de las familias y del sector privado incrementado por el apalancamiento asociado a una ingeniería financiera (derivados) que en un marco de creciente desregulación ha encontrado un maná altamente productivo en la obtención de beneficios especulativos trasladados adecuadamente hacia seguros paraísos fiscales. Este dominio del sector financiero especulativo (¿por qué se les llama mercado?), la restricción del sector público (y consecuentemente de la sociedad del bienestar) y la reducción de impuestos y cargas a las mayores rentas y a las empresas (¿para facilitar cualquier inversión o la transferencia de fondos a paraísos fiscales?) en paralelo a una política de empobrecimiento relativo del conjunto de la población (aunque facilitando su endeudamiento/hipotecas para asegurar niveles de consumo) han sido, y parece que van a seguir siendo las pautas dominantes de la actuación en la UE y en España. El favorecer el enriquecimiento personal por encima del bienestar social, el considerar sólo el corto plazo y la miopía sobre las consecuencias que estas políticas tienen sobre el Planeta y las futuras generaciones, son las líneas básicas de actuación que, como toda política de alto riesgo (verbigracia, el edificar sobre áreas inundables) tendrá su coste y sus consecuencias. Lo malo es que las mismas no las sufren el constructor que edifica en área inundable ni la administración que autoriza esa edificación sino el ciudadano que termina comprando y habitando la misma.