Un primer dato es que los beneficios de las operaciones en España de las sociedades no financieras (SNF) fueron en 2013 del orden de los ciento doce mil millones de euros, ¡un 38% más que en 2007! Añadía que en 2013 de cada cien euros de valor añadido bruto se destinaban 57 a retribuir el trabajo, esto es, ocho euros menos que en 2007. En el capítulo de la fiscalidad, las SNF han gastado por el Impuesto de Sociedades y por el del Patrimonio la mitad de lo que pagaron en 2007, a pesar de que los beneficios antes de impuestos han sido más elevados en 2013 que en 2007. Obviamente, el porcentaje de la imposición efectiva de dichas sociedades estuvo en 2013 muy por debajo que en 2007.

Que los sacrificios derivados de la crisis se han repartido de manera más que desigual lo sabe todo el mundo. Quizás no este tan extendida y suficientemente castigada en términos políticos la percepción de que esa brutal desigualdad ha sido conscientemente promovida desde las instancias de poder, tanto en España como en Europa.

Aunque en el período estudiado ha habido gobiernos de distinto signo en España, y el artículo que comentamos presenta como un todo lo ocurrido desde 2007, es claro que, sin eximir al gobierno anterior de su cuota de responsabilidad, es y ha sido Mariano Rajoy y su equipo quienes con más fervor se han dedicado a castigar a los trabajadores y, lo que es tanto o más grave, han adoptado un conjunto de medidas para maniatarlos, amedrentarlos y someterlos a toda clase de abusos, mediante una regulación de las relaciones laborales que les privaban o hacían retroceder derechos y posibilidades de defensa. Las reformas en el mercado de trabajo, pasando por la penalización del derecho de huelga o el fomento del descrédito hacia los sindicatos son algunos de los ejemplos de una política que sitúa una vez más a la derecha española como abierta partidaria del sometimiento de los trabajadores a los intereses de las empresas. En el caso de los salarios, las cosas han llegado tan lejos que hasta una institución nada sospechosa de veleidades proletarias como es la OCDE ha advertido de los riesgos que de continuar por esta senda se proyectan para la incipiente recuperación económica.

A día de hoy todo indica que los sindicatos están decididos a poner pie en pared frente a la pérdida de poder adquisitivo observada estos años, tanto en el sector público como en el privado. Las pensiones también deberían recuperarlo y, por supuesto, el Salario Mínimo Interprofesional. Aunque en el caso del sector privado conseguirlo depende de la patronal y los propios sindicatos, es obvio que mejorar las retribuciones de los trabajadores pugna con lo que es la clave de bóveda del Gobierno del Partido Popular en este apartado esencial de su política económica: la tristemente conocida como devaluación competitiva. En otras palabras, su apuesta ha venido siendo recortar salarios, derechos laborales y calidad del empleo, y siguen ufanándose por haberlo hecho.

No se trata sólo de corregir, por injusta, la deriva que señalan los datos que aporta Vicente Salas sino de evitar, efectivamente, que la endeblez de la demanda interna impida la imprescindible recuperación de la economía, sin la cual toda apelación a mejorar el empleo es pura palabrería. Sería positivo que por la vía de la concertación y el acuerdo los sindicatos consiguieran sacar adelante su demanda de mejora del poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas. La firmeza en esta reivindicación puede no ser suficiente para conseguirla. Pero es absolutamente necesaria.