La ausencia de salud y presencia de enfermedades pueden generar formas de discriminación y estigmatización como consecuencia de las discapacidades, o de prejuicios y temores que suscitan en la sociedad. Y en esta espiral también se encuentran las personas con trastornos mentales, especialmente si el trastorno tiene un curso prolongado, pudiendo actuar como factor desencadenante o reforzar un proceso de exclusión y viceversa.

Los procesos de exclusión poseen un carácter multidimensional, incluyendo aspectos de vulnerabilidad económica (como falta de ingresos económicos, privación de ciertos bienes y servicios básicos…), laboral (precariedad, falta de oportunidades…), de integración social (aislamiento…), de restricciones de acceso a servicios públicos (a la sanidad, vivienda, a los servicios sociales…) y restricciones a la participación social y política.

Vulnerabilidades y restricciones que también afectan de forma contundente al colectivo de personas con trastornos mentales como demuestran los diversos estudios. A riesgo de simplificación y por destacar algunos, por ejemplo en relación con el acceso a los servicios de salud, una gran proporción de las personas afectadas no reciben tratamiento y atención.

De hecho, de toda la población afectada, el porcentaje de personas diagnosticadas no llega al 50% y, de la otra mitad, sólo serán tratados un 30 ó 35%; mientras que el resto no tienen un tratamiento continuado ni una atención integral adecuada .A lo que se añade, que a pesar de que las personas con enfermedad mental tienen peor salud que el resto de la población (mayor prevalencia, con morbilidad muy alta, mayores tasas de infecciones, de enfermedades cardiacas y respiratorias, mayor mortalidad) el tipo de atención de los servicios de salud mental es deficitaria. A veces, no se ofrece información adecuada o se atribuyen los síntomas físicos exclusivamente a los problemas de salud mental.

Otro aspecto claramente alarmante tiene que ver con el mercado laboral y acceso al empleo. En España solo el 15,4% de las personas con reconocimiento legal de discapacidad por enfermedad mental tenía trabajoen 2011, según revela el último informe publicado «El Empleo de las Personas con Discapacidad» elaborado por el INE. Éste sitúa a las personas con enfermedad mental como el colectivo dentro del sector de la discapacidad con menores tasas de empleo. De esas personas con discapacidad por enfermedad mental legalmente reconocida, sólo el 25,5% son activas. Una tasa de actividad 11 puntos inferior a la población con discapacidad en general).

Respecto al salario, en términos generales, es notablemente inferior al de las personas sin discapacidad. Siendo los trabajadores con discapacidad intelectual y mental los que percibieron los salarios más bajos, inferiores a la media de todos los colectivos con discapacidad. En concreto, en el caso de las personas con discapacidad mental un 17,2% menos.

Otro aspecto significativo serían las restricciones y garantía de respeto a sus derechos humanos, relacionadas con las intervenciones en contra de la voluntad de la persona, como la aplicación de determinados tratamientos, hospitalización involuntaria o el uso de medidas coercitivas así como medidas en relación con su capacidad legal (incapacitaciones, tutelas). Así, envirtud del cumplimiento de obligado desarrollo en nuestro país de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ésta obliga a adaptar nuestro ordenamiento legal en aquellos aspectos que tienen que ver con la capacidad jurídica del colectivo, destacando la revisión de los procedimientos de las incapacitaciones judiciales, tutelas, tratamientos obligatorios, internamientos involuntarios.

Ya en 2010, el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa pidió a los Estados miembros que pusieran en práctica una serie de recomendaciones. Entre ellas se incluía la abolición de los mecanismos que prevén la incapacitación total y la tutela plena, así como poner fin a los internamientos involuntarios por considerar que todo ingreso de una persona con discapacidad sin su consentimiento debe considerarse una privación de su libertad en los términos establecidos en el artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Estos son tan sólo tres vertientes de una compleja realidad, donde exclusión social y trastornos mentales parecen ir irremediablemente de la mano. Y a ello hay que sumarle una variable clave, el estigma socialasociado a las enfermedades mentales. El temor a las personas con enfermedad mental sustentado por las falsas creencias conduce al maltrato y exclusión. En definitiva, no se reconoce a la persona como portadora de derechos. El estigma afecta a las personas con trastorno mental, familiares, profesionales, medios de comunicación, etc. En definitiva, a toda la sociedad.

El hecho de que la sociedad permita, y a veces apoye, la exclusión de las personas con problemas de salud mental, refuerza la diferencia de este colectivo respecto al resto de la ciudadanía. Existe una relación compleja e indivisible entre estigma, mejora de la atención socio?sanitaria y derechos humanos, por lo que resulta necesario luchar conjuntamente las tres perspectivas.

Es imposible romper la espiral entre exclusión y problemas de salud mental con la actual implantación de las políticas de austeridad y recortes y, aunque todavía no disponemos de estudios específicos en la población con problemas de salud mental, es innegable que con la reducción de la inversión en servicios y bienestar social, un número creciente de este colectivo también está perdiendo su puesto de trabajo, sus ingresos de apoyo o su acceso a servicios y recursos básicos.

Lo anterior agudiza de nuevo la re/incorporación demás personas con problemas de salud mental a una situación de pobreza, de estigmatización social y de exclusión social, a su vez dañando sus derechos civiles, políticos, sociales y económicos fundamentales.

Recortes directos sobre el presupuesto en materia de sanidad, educación, empleo, políticas sociales. Recortes de personal, de salarios y de las condiciones laborales, retraso de los pagos de la administración pública a los centros y servicios de atención a la población, aumento o incorporación de copagos en servicios, bienes y productos sanitarios y sociales. Incremento de las listas de espera, cierres de servicios, aumento de servicios estandarizados/institucionalizados, restricciones en el acceso universal a servicios básicos sanitarios, rehabilitadores o de promoción social. Recortes drásticos en las medidas de apoyo a la inserción laboral de las personas con discapacidad, en las prestaciones sociales básicas, aplazamiento de desarrollos y reformas legislativas pendientes, etc, etc, etc.

Todo esto repercute, al igual que al resto de la sociedad, gravemente sobre las personas con trastornos mentales, sus familiares y redes de apoyo así como a todos los sistemas de atención a sus necesidades, reagudizando su exclusión social y consecuentemente su situación de salud, de nuevo en esta espiral que parece eterna.

*José María Sánchez Monge es Presidente de FEAFES (Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental)