El fuerte calor del verano no ha impedido la necesaria reflexión política de muchos ciudadanos (más bien la ha acrecentado) sobre la pobre y lamentable precampaña electoral (incluida la escandalosa reunión entre el ministro del interior y Rodrigo Rato), el debate sobre unos PGE claramente electoralistas, el rescate de Grecia, la crisis china (devaluación del Yuan), la reacción del PP ante el independentismo catalán y, finalmente, la vergonzosa y tardía acogida de los migrantes y refugiados políticos en la UE. A estas reflexiones, el autor añade, por su repercusión e importancia, las conclusiones de la pasada conferencia impartida antes del verano por Laurent Cordonnier, Universidad de Lille, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sobre “Los sobrecostes del capital nos salen muy caros”.

El debate abierto en Francia sobre los sobrecostes del capital parte de una clara evidencia: en los últimos cinco años, los líderes políticos y económicos de la UE -de marcada ideología neoliberal- han sometido a los ciudadanos europeos a unas medidas que han tenido como fundamento la austeridad y el aumento de la competitividad, con el propósito de corregir las cuentas públicas, restablecer el equilibrio del comercio exterior y volver al crecimiento de la economía. Sin embargo, estas políticas han cosechado un rotundo fracaso. La austeridad generalizada impuesta por Alemania (Ángela Merkel) frenó radicalmente el escaso crecimiento de la UE e hizo imposible la reducción de la deuda pública en la gran mayoría de los países de la UE, ante la caída brusca de los ingresos fiscales. En cuanto a la competitividad en general tampoco se han conseguido avances, porque los países no pueden reconstruir sus superávits comerciales, al margen de lo que ocurra en los demás países: la competitividad de algunos países se corresponde con la falta de competitividad de otros, así como el superávit de algunos, es el déficit de los demás y viceversa.

A pesar de estos lamentables resultados, los trabajadores se han visto forzados a aceptar un ajuste permanente de los salarios (devaluación interna), la pérdida de muchos derechos laborales conquistados, el desplome de la negociación colectiva (en Alemania se está planteando, incluso, supeditarla a Consejos de Competitividad que estarían compuestos por tecnócratas no electos, según recoge Antonio López Pina) y el serio debilitamiento del poder sindical, al no ser posible el ajuste del tipo de cambio de la moneda en un país por separado. En definitiva, se trata de una deflación competitiva para no ser los últimos en una carrera hacia la desesperación y el abismo que, además, está convirtiendo el proceso de unificación europea en una guerra sin fin en materia de precios y salarios, a pesar de los riesgos que comporta la deflación como consecuencia de estas estrategias no cooperativas, como han señalado, incluso, el FMI y la OCDE.

Laurent Cordonnier insiste, por el contrario, en que la crisis actual no es una crisis de competitividad. Se trata de la crisis del capitalismo financiero que viene funcionando como tal -sobre todo en los últimos 30 años- y que ha llevado a los costes del capital a un nivel verdaderamente insoportable. El autor distingue claramente los costes económicos de los financieros, siendo el coste económico del capital el esfuerzo productivo que tenemos que hacer para conseguir los medios de producción necesarios: fábricas, máquinas, transportes, comunicaciones, energía, software… Este esfuerzo productivo representa de alguna manera el coste real del capital que tenemos necesariamente que convertir en trabajo para producir finalmente capital, entendido éste como capital productivo. Estos gastos representan alrededor del 20% de la producción anual de las empresas europeas y a estos costes hay que añadir los gastos de administración y el pago a las personas e instituciones que les prestan dinero (capital financiero). En este caso, se trata de los intereses de los prestamistas y acreedores, así como del dinero pagado a los accionistas en concepto de fuertes dividendos.

Un coste financiero improductivo y altísimo a lo que Cordonnier llama sobrecostes del capital y que en Francia alcanza cifras escandalosas que no han dejado de crecer (desde el 3% del valor de la producción francesa en 1980 al 9% en la actualidad) y que no van a parar al bolsillo de los asalariados y de los emprendedores en general, lo que consolida la explotación de los trabajadores, el desempleo, el desplome del consumo y hace imposible el desarrollo de proyectos de inversión colectivos, sociales y medioambientales. Cordonnier finaliza con una conclusión demoledora: cuando la carga que pesa sobre las empresas públicas y privadas grava sus costes reales de un 30 a un 50% no deberíamos sorprendernos por el débil dinamismo de nuestras economías sometidas al yugo del sector financiero. “Sólo un burro puede llevar una carga equivalente al 50% de su propio peso…”

Lo indicado anteriormente ha sido reforzado considerablemente por la desregulación neoliberal que se ha manifestado a través de dos puntos principalmente: las políticas fiscales diseñadas a favor de las clases más pudientes (recortes fiscales a los más ricos) y la devaluación de los salarios (tratados como un simple factor de costes), que han terminado por generar una mayor desigualdad, pobreza y exclusión social. En segundo lugar, las políticas de libre comercio que han exigido la competencia de los trabajadores de los países más desarrollados con la gigantesca mano de obra de reserva de los países emergentes, lo que ha traído consigo, de manera generalizada, la caída de los salarios, el bajo consumo y, por lo tanto, la caída del PIB, el creciente desempleo y el aumento de la deuda pública, además de un choque de políticas competitivas sin soluciones aparentes para este problema.

En resumen, se ha apostado políticamente por la acumulación de déficits presupuestarios sin aumentar el impuesto a los más ricos; por el insostenible endeudamiento de los hogares; el estallido de las burbujas inmobiliaria y financiera; el endeudamiento de los Estados; las estrategias no cooperativas; y la deflación competitiva, con los nefastos resultados de todos conocidos. A pesar de este terrible diagnóstico, Cordonnier señala que la genuina política socialdemócrata (redistribución de la riqueza) tiene alternativas reales a estos problemas que hay que desarrollar: gravar los dividendos en función inversa a las inversiones realizadas; penalizar a los accionistas que especulan a corto plazo; modificar el equilibrio de poder en los órganos de gobierno de las empresas; desarrollar una banca de propiedad pública de carácter social; diferenciar los tipos de interés según la utilidad social, económica y medioambiental de las inversiones financieras; mantener una política monetaria a largo plazo favorable a las inversiones útiles y productivas; establecer un auténtico impuesto europeo sobre las transacciones financieras; restablecer una verdadera fiscalidad sobre las rentas más altas; impulsar una política concertada de reactivación de salarios en la UE…

Estas alternativas tienen una relación directa con lo ocurrido en Grecia y con la propuesta del Secretario General del PSOE (Pedro Sánchez), relacionada con la apertura de un debate, aprovechando la precampaña electoral, sobre la reforma institucional y el futuro de la UE. Algunas de las propuestas que el PSOE pretende debatir en la UE y en nuestra campaña electoral son conocidas: la unión bancaria y financiera; la unión fiscal (seguro de desempleo europeo, armonizar el tipo mínimo del impuesto de sociedades, impuesto a las transacciones financieras, tesoro europeo capaz de emitir deuda pública europea…); unión económica y social (establecimiento de un salario mínimo europeo, armonizar las bases sobre pensiones…); y, finalmente, avanzar con decisión en la unión política en la perspectiva de una Europa federal.

En todo caso, al comenzar el nuevo curso, todos debemos elevar el listón del debate político y forzar a que se conozcan las propuestas de los diversos partidos políticos sobre estos asuntos de especial relevancia. Por eso, los PGE y los programas electorales deben ser estudiados a fondo y votados democráticamente, y con conocimiento de causa, de acuerdo con las demandas de la mayoría de los ciudadanos. En este contexto, sobran las actitudes propagandistas, prepotentes y justificativas de una política que ha fracasado en la UE y, de manera particularmente lamentable, en Grecia, a pesar de las declaraciones de Rajoy. La crisis griega tiene culpables y éstos no están en el último gobierno dimitido sino en gobiernos anteriores y en las políticas neoliberales impuestas por la UE, la banca y los acreedores financieros internacionales. Tampoco es asumible que se pretenda comparar la experiencia griega y, particularmente, el gobierno de Syriza, con la experiencia de Podemos o con el clamor de los indignados. El doblegar al gobierno griego como medida ejemplarizante para penalizar a los partidos emergentes de la UE no debe esconder una verdad asumida por todos los expertos económicos de mayor reconocimiento académico: a la actual deuda pública griega le sobran las regresivas políticas de ajuste y le faltan políticas sociales y humanitarias y la convicción de que la deuda pública no se podrá pagar sin inversión, empleo y sin quitas y esperas…; al margen de que son los ciudadanos y no el sector financiero (la gran banca y los tecnócratas) los que deben tomar las decisiones que correspondan en su momento. En este sentido, es digno de elogio el talante democrático demostrado por Tsipras, convocando elecciones anticipadas ante un nuevo y leonino rescate y la imposibilidad de aplicar su propio programa electoral.

Si analizamos la historia reciente, la socialdemocracia no tiene nada de qué avergonzarse, como no sea del abrazo puntual a políticas neoliberales, en sus etapas de gobierno, que no debería repetirse de ninguna manera si se quiere recuperar la credibilidad y la ilusión perdida de los ciudadanos (autocrítica). Por lo tanto, aprovechando la próxima campaña electoral, debemos avanzar con decisión hacia la consolidación de una política que tenga como norte la democracia participativa, el empleo, la justicia social (lucha por la igualdad) y la defensa de los más débiles: los desempleados, los precarios, los pensionistas y los excluidos. En coherencia con ello, todos los partidos progresistas están llamados a desarrollar estas ideas (también en Cataluña), lo que explica la extravagante y ridícula estrategia del miedo del PP y la gran preocupación de Rajoy ante, cuando menos, la previsible pérdida de su mayoría absoluta.