Escribo este artículo tras leer las últimas noticias sobre la nueva tragicomedia de una Unión Europea encerrada en una política cortoplacista, conservadora y reaccionaria, incapaz de atisbar las consecuencias nefastas que va a tener para los ciudadanos europeos y para las instituciones involucradas (Eurogrupo, FMI, BCE) la absurda política partidista y defensora de intereses privados financieros muy específicos, aplicada a la situación griega. Merkel, Alemania y los inútiles políticos del Eurogrupo –griegos y miembros del Gobierno del PP español incluidos- incapaces de llegar a un acuerdo que salvaguarde los intereses a largo plazo del conjunto de los ciudadanos cuyos países han adoptado el euro como moneda común, pasarán a la historia por su incapacidad y sectarismo, y por los elevados costes que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos de la incomprensible dinámica adoptada. No hasta ahora, porque los intereses de los grandes fondos financiero-especulativos estaban más centrados en quitarse de en medio Gobiernos ideológicamente molestos, como el actual griego (a lo que esperaban que ayudara su decisión de convocar un referéndum, sobre el que han hecho todo lo posible para que lo perdiera Syriza y Tsipras tuviera que dimitir) y desalentar “contagios” en otros países mediterráneos. Pero cuando las cuestiones políticas se hayan “revertido a su cauce natural”, será ocasión de volver a sus negocios, aprovechando la fragilidad del euro, la incapacidad –e inestabilidad asociada- demostrada en la falta de acuerdos, y la debilidad conseguida en los apoyos sociales a la propia noción de Unión Europea; todo lo cual, en el marco de una oferta monetaria en muy fuerte expansión a nivel mundial y de la propia UE, junto al fuerte incremento del endeudamiento público y privado (lógicamente asociado al bajísimo precio del dinero) será un caldo de cultivo excepcional para el negocio financiero-especulativo bien dirigido, en el que los grandes fondos dedicados a esta labor tienen amplia y fructífera experiencia, que suele derivar en muy elevados costes para el común de los ciudadanos.

Ahora ya sabemos que la opinión muy mayoritaria de los ciudadanos griegos (más del 61%), pese a la intensa campaña en contra de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, es la de apoyo a su Gobierno, y contra una política de imposición incomprensible en su evolución desde el 22 de junio. Tras siete documentos “oficiales” y muchos otros “borradores” y propuestas iniciales, en esta fecha, ambas partes estaban convencidas de que la última propuesta griega podía ser la base del acuerdo definitivo. ¿Por qué se permitió que el día 23 nuevas exigencias, supuestamente técnicas, del FMI y claramente políticas de miembros del Eurogrupo y de su inepto jefe de filas abocaran al callejón del referéndum como respuesta de un jefe de Gobierno al que se dejaba sin capacidad negociadora? ¿La opción política de los ciudadanos griegos no es “conveniente” para los intereses generales de los ciudadanos europeos, o para los intereses que hay detrás de determinados políticos de la Comisión y de las estructuras no precisamente de elección democrática que definen la “troika”? Si unas de las bases fundamentales de la Unión Europea son la democracia y el interés general de los ciudadanos europeos, el respeto por las opciones de cada país, siempre que se respeten esos principios básicos, debería ser la línea roja intraspasable de las decisiones de los órganos de Gobierno europeo.

Y el resultado del referéndum es totalmente lógico. Tras cuatro años de sufrimiento de los ciudadanos griegos, las cifras de evolución de su economía, empleo y riqueza muestran procesos cuya evaluación no deja lugar a muchas dudas. En el marco comparativo de las macromagnitudes de bienestar europeas que publica EUROSTAT (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database) el resultado de las políticas desarrolladas por los sucesivos Gobiernos griegos tras la crisis generada por el sistema financiero especulativo internacional, con sede principal en EEUU, y los resultados de las políticas de austeridad de la “troika” son una base suficiente para comprender la respuesta de la ciudadanía griega. Resultados, por otra parte, comunes también en algunos aspectos a lo que ha sucedido, entre otros, en los denominados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia, España) como consecuencia de la imposición de las nefastas políticas de austeridad, cuyo fracaso en términos socioeconómicos para la población afectada ha quedado claramente demostrado.

Pero veamos unas de las cifras más representativas de lo que realmente hay detrás de las políticas de austeridad y de las ayudas “condicionadas” de la “troika” en el caso griego. En 2011 los griegos debían a los bancos privados un 41% de su deuda total, lo que representaba del orden de ciento cuarenta y seis mil millones de euros. A la troika (FMI, BCE, Eurogrupo) les debían un 27% del total (unos noventa y seis mil millones). Cuatro años después, ya en 2015, la deuda a los bancos privados había caído al 4% (unos trece mil millones de euros) reduciéndose en la bonita cifra de ciento treinta y tres mil millones de euros, desapareciendo prácticamente la importante deuda a los bancos privados alemanes y franceses. Pero, a cambio, la deuda a la “troika” se había elevado al 76% (doscientos cuarenta y seis mil millones de euros), incrementándose en unos ciento cincuenta y seis mil millones; es decir, las políticas de la “troika” han llevado a que el FMI, el BCE y, sobre todo el resto de países de la Eurozona (que incrementan su posición acreedora sobre los griegos en ciento cuarenta y un mil millones, aproximadamente) hayan suplido la deuda a los bancos inicialmente acreedores por deudas a los ciudadanos del Eurogrupo. Los bancos podemos decir que “se han ido de rositas”, pese a que se supone que el cobrar un determinado tipo de interés conlleva un cierto riesgo a no recibir el principal prestado; y, naturalmente, siguen pagando religiosamente dividendos a sus accionistas, que han podido ser magnificados al eliminar las provisiones por préstamos dudosos, con altos tipos de interés, que han sido amortizados por la caja común de los europeos. Es cierto que ha habido “quitas”, pero es también cierto que decisiones de políticas y de políticos (incluida la corresponsabilidad de las nefastas actuaciones de los políticos que han detentado el poder en Grecia) asociadas a procesos financiero-especulativos derivados de la “liberalización” de este sector, son las “razones” de la disminución del PIB griego, del aumento del desempleo, de la pérdida de bienestar y del resto de fuertísimas consecuencias negativas reiteradamente explicadas en los medios de comunicación que estas políticas han significado para el pueblo griego. Pero también estamos en el derecho de preguntarnos si es lógico que las consecuencias “positivas” de las ayudas hayan recaído, casualmente, sobre el sistema financiero privado. ¿O es todo coherente y es este beneficio y los intereses políticos de partidos conservadores lo que explica todo el proceso, desde su origen con la expansión del neoliberalismo como política exclusiva de los gobiernos de EEUU y Gran Bretaña, a la gran crisis iniciada en 2007/2008 y las políticas de austeridad aplicadas, cuyas consecuencias todavía soportamos todos los europeos?

El FMI ha sido uno de los instigadores de la aplicación de estas tradicionales políticas de austeridad, de las que finalmente no ha tenido más remedio que hacer autocrítica. Pero, ¿va a creer alguien al FMI cuando proponga “ayudar” a algún país con problemas, si sus previsiones y recetas sobre los PIGS, y particularmente sobre Grecia han llevado a este país a una situación insostenible para él y para el Eurogrupo? ¿Han sido independientes las medidas propuestas del hecho de que la Presidencia del FMI estuviera regida por una francesa conservadora, muy ligada a la filosofía de “austeridad” de los alemanes? ¿Tiene futuro un Eurogrupo funcionando al “dictak” de una Alemania y de su Presidenta y Ministro de Economía, cuyas políticas han conseguido la oposición y animadversión de amplias capas sociales de los países del Sur de Europa, poniendo en cuestión la aceptación social de la propia Unión Europea?¿Es que ningún político es capaz de encargar una evaluación de los efectos positivos y negativos, de los costes y beneficios para los ciudadanos –y no sólo para los intereses suyos propios y de sus partidos- de las consecuencias de distintos cauces de actuación y valorar sus decisiones a la luz de los mismos?

Somos muchos los ciudadanos europeos que estamos pagando la ineptitud de unas políticas europeas que definirán las primeras dos décadas del siglo XXI como las del desastre en la búsqueda de una Europa Unida y con tendencia a la federalización, por mor de la ineptitud de las políticas de una Comisión y de un Consejo Europeos incapaces de anteponer el bien común, tanto a sus intereses particulares burocráticos, como al de algunos de los países miembros, y muy especialmente de Alemania. Mal futuro nos espera si los ciudadanos europeos no somos capaces de cambiar radicalmente unos políticos y unas políticas que no tienen el bienestar de todos los europeos como objetivo prioritario. La UE se terminará disolviendo o, lo que es peor, mantendrá su funcionamiento como instrumento de los negocios y beneficios de una minoría que en cualquier circunstancia sabe “adaptarse” a la utilización de las Instituciones para optimizar sus intereses. El rechazo de los ciudadanos griegos no es más que un primer aviso de lo que puede suceder en otros muchos países –a iniciativa de unas derechas o izquierdas, más a menos radicales- que cuestionan una Unión Europea que funciona con prácticas cada vez más alejadas de la promoción de una sociedad del bienestar que ha sido históricamente su mejor carta de identidad.

Y con ello enlazo con lo que pretendía ser el contenido de este artículo cuando empecé su redacción hace unos días. En síntesis, pretendía incorporar el conjunto de reflexiones/conclusiones personales derivadas de la reciente celebración, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, del Foro Global de la Ingeniería y Obra Pública. Un Foro que contó con la participación de destacados representantes del Gobierno actual, de las principales multinacionales de la Obra Pública Española, con académicos y con profesionales de los medios de comunicación. Y del que personalmente derivaría, como primera conclusión, algo que engarza, claramente, con la reflexión anterior sobre la gestión política en la Unión Europea.

Es evidente que en España se ha sobredimensionado la capacidad de determinadas obras públicas respecto a la demanda actual y potencial a medio plazo (de transporte, hidráulicas, energéticas, etc.) lo que genera problemas para su amortización y para el mantenimiento de servicios adecuados en las mismas, entre otros. Pero también es verdad que dichas obras públicas se han llevado a cabo por decisión de los Gobiernos correspondientes, que son los que han tomado las decisiones políticas de su puesta en marcha, lo que nos lleva a una pregunta similar a la manifestada para las políticas de la “troika” de párrafos anteriores. ¿Por qué las decisiones no se toman después de los correspondientes análisis de los efectos previsibles de las distintas alternativas de actuación?

Ya me he referido en otras ocasiones a esta situación en estas mismas páginas, demandando una evaluación económico-financiera (flujo de ingresos y gastos asociados), de costes y beneficios, y multicriterio (considerando todos los efectos previsibles, positivos y negativos de la actuación seleccionada y su comparación con las alternativas posibles) que sea pública y transparente (todos los documentos y datos utilizados disponibles en internet) clara y comprensible para los ciudadanos, y con posibilidad de alegar previamente a la toma de decisión final. Las evaluaciones objetivas e independientes de los Gobiernos, tanto “ex ante” de que se tome la decisión, como “intermedia”, mientras las actuaciones se van desarrollando, como “ex post”, cuando la actuación se ha terminado y sus servicios están en funcionamiento, deberían ser prácticas habituales exigidas a los políticos y a las administraciones públicas por parte de la sociedad. No se trata sólo de que haya transparencia sobre las empresas a las que se contrata y adjudican las actuaciones –que también- sino sobre la propia naturaleza y razón de ser de las propias actuaciones.

Obviamente, las empresas consultoras y constructoras presionan como lobby para que exista inversión pública que alimente su capacidad productiva. Pero dicha presión va más ligada al volumen de inversión que se incorpora a los presupuestos públicos anuales de las administraciones públicas, o a la gestión correspondiente de los mismos, que a la materialización concreta de una determinada obra pública. Ésta se selecciona políticamente; y es también política la decisión sobre prioridades y asignación temporal de recursos para su ejecución y puesta en servicio. A los ingenieros y a las empresas implicadas corresponde asegurar una ejecución de la obra pública de calidad, adecuada a los objetivos de servicio definidos para su realización, y materializada en el tiempo, coste y condiciones ambientales previstas en su planificación y diseño. Y, en general, los resultados técnicos de esas actuaciones suelen ser bastante positivos cuando el proceso de decisión previo ha sido correcto.

Como todos sabemos, los documentos de evaluación de políticas y actuaciones, y de definición de Escenarios futuros asociados a cada cauce de actuación, existen y son realizados por profesionales capacitados, tanto en el FMI como en la Comisión y equipos técnicos de los Gobiernos correspondientes. Sin embargo rara vez esos documentos son conocidos por los medios de comunicación o por la ciudadanía con antelación a la decisión adoptada por los distintos organismos. Frecuentemente sólo la parte que interesa es filtrada a los medios de comunicación (lo que puede interpretarse como claros intentos de manipulación). Sólo excepcionalmente se admiten alegaciones o sugerencias desde la ciudadanía o grupos de interés afectados, aunque en los casos en que la participación pública es legalmente necesaria, se cubran formalmente todas las etapas reguladas. Y no son excepcionales los casos en que las evaluaciones son “adaptadas”, “manipuladas” o “reinterpretadas” (es paradigmática la actuación del actual Gobierno del PP en el caso de los informes sobre remuneración de fuentes energéticas en España, actualmente en los tribunales) en los que la necesaria transparencia es sustituida por la ocultación y la desinformación.

La conclusión que se deriva de todo lo anterior es clara. Necesitamos procesos de regeneración política e institucional que hagan de la transparencia y de la interacción con la ciudadanía cauces normales de consolidación de una democracia representativa, que dispone de nuevos instrumentos (internet) para poner a disposición de todos los ciudadanos las razones de interés general que avalan las tomas de decisiones efectuadas. Se trata de que los medios de comunicación y todos los ciudadanos dispongamos de acceso, previamente a la correspondiente toma de decisión, a los informes que recogen, justificadamente, ventajas y desventajas, beneficios y costes de las distintas alternativas consideradas, para decisiones de calado por sus efectos sobre la ciudadanía (grandes inversiones y obras públicas, prioridades políticas sectoriales, etc.). Que haya posibilidad –utilizando los canales inmediatos de la web- de alegar o aclarar dudas sobre el contenido de estos informes antes de la correspondiente toma de decisión. Y que la decisión que finalmente se adopte se explique en relación con los efectos recogidos en los citados informes.

Estamos en una dinámica de cambio global en la que las crisis van a ser frecuentes y en la que una chispa, como puede ser el caso griego, Ucrania, etc., pueden dar lugar a dinámicas indeseables para el bienestar de los ciudadanos, o para la propia desaparición de los principios básicos, democracia incluida, de la Unión Europea. Información, transparencia, explicación, concertación, cooperación y corresponsabilización deben ser elementos básicos de eso que se tiende a denominar “gobernanza” y que yo suelo denominar “buen gobierno”. No es una alternativa, porque nos jugamos mucho si se fracasa.