Veamos algunos datos clarificadores. España es el cuarto país del mundo en cuanto a grandes presas y el primero por su dotación por habitante de la Unión Europea. Ha superado hace un decenio el número de mil grandes presas, si bien hay que señalar que la mayoría de estas grandes presas se construyeron en la década de los sesenta y de los setenta, significando en su momento una política necesaria e inteligente en materia hídrica, que se desarrolló, en gran parte, recuperando planes y actuaciones provenientes de antes de la Guerra Civil.

En general, y salvo excepciones, una notable y positiva actuación que, aunque con inevitables costes ambientales y personales para determinados ámbitos territoriales (pueblos inundados, ecosistemas destruidos y habitantes que hubo de realojar, entre otros) significó un paso positivo en la evolución de la sociedad española para garantizar el acceso al agua y la producción hidroeléctrica, solventando uno de los graves problemas que tenía este país para el desarrollo industrial y urbano (frecuentes cortes de suministro de agua y de electricidad en las épocas de sequía), y para la expansión de una agricultura de regadío cuya productividad supera en más de tres veces la de la agricultura de secano. Y ello pese a que varias décadas después de construidos los embalses todavía existan casos en que no se haya llevado a cabo el desarrollo de la red de canalizaciones que permitiría poner en regadío las superficies que, teóricamente, justificaban la realización del embalse. O que, por desgracia, los largos plazos asociados a la realización de los embalses hayan llevado a alguna situación en que, terminado el embalse, no quedaban agricultores en la zona para poner en regadío las superficies previstas que, teóricamente, habían justificado su realización.

Pero, junto a estos procesos y anécdotas, aparecen otros aspectos complementarios de fundamental interés que condicionan la relevancia y tipos de políticas a desarrollar en materia hídrica, en una situación como la actual. El primero no es nuevo ni desconocido en la parte de casa “ambiental” del Ministro, y se centra en la propia antigüedad de las principales presas existentes en este país, que ha llevado a que algunas de ellas sean poco operativas en sus funciones, tanto por el entarquinamiento (relleno por materiales sólidos depositados por las avenidas) que reduce su capacidad de regulación y laminación, como por la falta de mantenimiento suficiente, que hace que algunos embalses incorporen un riesgo que no se debería obviar desde el punto de vista de la seguridad. El mayor riesgo de avenidas y la mayor producción de víctimas y daños, está siempre asociado al colapso de alguna presa o dique. Y no se puede olvidar que, en 2006, en España, una primera estimación de riesgos llevó a señalar que del orden de cuarenta mil edificaciones (sobre todo viviendas, pero también colegios, polideportivos, fábricas, etc.) estaban, incomprensible e irresponsablemente por parte de propietarios y administraciones, situadas dentro del dominio público hidráulico, o en zonas con alto riesgo de inundación con graves consecuencias (altura de inundación y velocidad de la riada previsiblemente generadoras de graves daños).

El Ministro también ha señalado que España es un país de “fluctuaciones muy fuertes” que hace difícil una gestión que combina la necesidad de mantener agua en los embalses con la de tener unos márgenes de seguridad razonables”. ¿Sabe el Ministro que el cambio climático tiende a agravar esa situación y que los fenómenos climáticos de fuertes precipitaciones temporales dan lugar a flujos que inundan siempre los mismos terrenos de forma recurrente a lo largo de la historia de un territorio?. El problema surge cuando esos territorios han sido invadidos irresponsablemente por la urbanización, con permiso de las administraciones responsables, y las borrascas o “gotas frías” que inevitablemente van a reiterar periódicamente su presencia, generan daños y víctimas que la aplicación del principio elemental de precaución por parte de las administraciones responsables debería haber evitado.

En los últimos veinticinco años los daños por inundaciones se sitúan por encima de los 15.000 millones de euros en España, y el goteo de víctimas supera la media de 15 muertos al año (la ONU, a nivel mundial, estima unas 25.000 víctimas /año). En España, las víctimas se concentran en fenómenos singulares (Biescas, Tous,…) y sufren un goteo más puntual en avenidas en torrenteras, barrancos y ramblas mediterráneas, normalmente sin agua e invadidas por la urbanización, o con canalizaciones para potenciar la urbanización que es imposible que resistan avenidas significativas (periodo de retorno superior al considerado en el proyecto para que éste fuera viable o tuviera costes reducidos).

Desde la modificación de la Ley de Aguas, en 2005, y tras la aprobación de la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación y su trasposición a la normativa española, son precisos una serie de procesos que se decidió, en 2007 en el Ministerio, entonces sí de Medio Ambiente, que debían incluirse en los incomprensiblemente retrasados Planes de las Demarcaciones Hidráulicas que, cuando cesé en la Secretaría General, en abril de 2008, estaban muy adelantados y deberían haberse aprobado en 2010. Adicionalmente, según los programas establecidos en su momento para las distintas demarcaciones hidráulicas, para ese año debería haber estado terminada la Evaluación preliminar de los riesgos de inundación, para que este año 2013 estuvieran listos los Mapas de peligrosidad y riesgos de inundación; y en 2015 aprobados los Planes de Gestión de los Riesgos de Inundación, donde los nuevos embalses o las nuevas grandes obras públicas en España sólo pueden tener un papel secundario, siendo la recuperación o creación de nuevas llanuras aluviales las propuestas imprescindibles (por más eficaces y eficientes económicamente) para la retención de agua, freno a su velocidad y potencial destructivo, y ámbito para la deposición de la carga sólida trasportada, responsable de muchos de los principales daños generados aguas abajo, y del entarquinamiento de los embalses que reducen su capacidad de regulación y laminación, y que es uno de los más graves problemas actuales de muchos de ellos. ¿Se ha avanzado en ese objetivo, señor Ministro, o todo lo solucionan sus nuevas grandes e imprescindibles presas que no tiene dinero para realizar?

Las confederaciones hidráulicas disponían de sistemas de ayuda a la decisión (SAD) basados en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) que les permitía conocer, en tiempo real, el estado de las aportaciones hídricas por precipitaciones, acumulación de caudales o estado de los embalses; y tomar las decisiones más convenientes en cada caso para minimizar posibles daños por inundaciones, con mínimas pérdidas de recursos. Pero hay un problema. Estos sistemas en la inmensa mayoría de los casos eran gestionados y mantenidos de forma externalizada por empresas especializadas, que no sabemos hasta qué punto han sido objeto de recortes y han llevado a su inhabilitación. Con el SAD y el SAIH en adecuado funcionamiento y un Presidente y Director Técnico de la Confederación mínimamente inteligentes, podíamos estar seguros de una buena gestión de las avenidas en nuestros principales ríos.

Sin embargo, otro de los problemas graves de la regulación hidráulica y de la laminación de inundaciones que normalmente no se comenta, tiene que ver con las concesiones históricas efectuadas por la administración hidráulica a las empresas hidroeléctricas en las que los desembalses implican indemnizaciones por lucro cesante. La producción hidroeléctrica es una de las alternativas más rentables de estas empresas y, además, tiene la característica extraordinaria de que es una energía almacenable en los embalses (cosa que no sucede con la nuclear, la otra alternativa barata, o con las renovables, eólica, mareomotriz o solar). Como consecuencia, es una energía que sólo se utiliza por las hidroeléctricas con precios marginales máximos de la electricidad, gracias al sistema de fijación de precios establecidos a partir de la Ley Eléctrica de 1997, curiosamente de un Gobierno del partido popular dirigida a eso que les gusta tanto de “liberalización de mercados”, aunque esos mercados sean imposibles de liberalizar por su carácter oligopolístico, pero “liberalización” que tan bien viene a los intereses de unos cuantos.

¿Conoce el Ministro que hasta 2005, en que se modificaron las condiciones de las concesiones de embalses, la regulación de los desembalses no dependía del Ministerio sino de los concesionarios; y que esto sigue siendo así para la mayoría de los embalses históricos, con lo que cada vez que se exige desembalsar, sobre todo en época de sequías, o cuando se pretende laminar una avenida, si no hay acuerdo con las hidroeléctricas, hay que indemnizarlas?

Una concepción arcaica de la legislación y planificación histórica hidráulica con objetivos proteccionistas de los usos rurales del suelo ha favorecido la invasión de terrenos con alto riesgo de inundación, hasta que la Directiva Marco del Agua ha obligado a poner el acento en consideraciones ambientales y de garantía de calidad de las aguas, objetivos que se incorporaron en su momento, y que espero sigan presidiendo los nuevos planes de las demarcaciones hidráulicas, todavía no aprobados.

Pero la historia y los ciclos climáticos han llevado a que la agricultura sufra periódicamente daños por las grandes precipitaciones, o por las sequías, que deberían cubrirse adecuadamente por los seguros agrarios, evitando, con la internalización de esos riesgos en las tarifas, que en las llanuras de inundación se establezcan cultivos o sistemas de regadío que generen daños desproporcionados a los riesgos. Igual que sucede con la agricultura, los daños a viviendas y enseres deberían cubrirse con los correspondientes seguros que deberían establecerse de forma obligatoria para las viviendas legales situadas en áreas de riesgo de inundación, y no con cargo a los presupuestos generales del estado. Aunque complementariamente el Ministerio, en colaboración con las administraciones territoriales debería avanzar en los convenios iniciados en 2005 para relocalizar las edificaciones en áreas de riesgo a terrenos donde tal riesgo no exista, y para establecer las bases que aseguren que no se repitan localizaciones en esas zonas de alto peligro.

Los ríos, más pronto o más tarde, van a inundar los mismos terrenos y es mucho más eficiente y económico rescatarlos para usos compatibles con esa inundación periódica, que el pretender poner coto a la naturaleza con obras cuya dimensión, coste de inversión y mantenimiento son absolutamente desproporcionados, incluso ante el coste que llevaría la expropiación de los terrenos, que tampoco en ningún caso es necesaria en el marco de la actual legislación del suelo española. Esos terrenos inundables pueden utilizarse, y en muchos casos se utilizan, como áreas de esparcimiento, de valoración del paisaje y la biodiversidad, y como atractivo turístico.

Sequías, inundaciones e incendios son procesos cuyas consecuencias ha de soportar inevitablemente la sociedad, y seguramente irán incidiendo de manera creciente en España como consecuencia del cambio climático. Pero sus costes para la sociedad pueden minimizarse con una adecuada planificación territorial y con una adecuada política y gestión de riesgos por parte de las administraciones públicas. Sin embargo, los avances producidos entre 2005 y 2008 no se continúan e incluso se revierten. Y la mayoría de los medios de comunicación aprovechan el sensacionalismo de estos temas para generar alarma social y exigir medidas “visibles” (siempre grandes inversiones públicas) en vez de colaborar en una información y cultura que ayude a su resolución por medios eficaces y eficientes para los intereses generales.

Técnica y científicamente se conocen perfectamente los procesos, sus causas y las formas de prevenir aquellos o de corregir estos. Pero la mayoría de la planificación, gestión y disciplina territorial, urbana, costera e hídrica, que las administraciones públicas deberían desarrollar para que esos procesos no se reiteraran, no se llevan adecuadamente a cabo. No sólo seguimos con viviendas en áreas inundables, sino que se edifican más. No sólo tenemos temporales costeros que afectan a propiedades situadas impropiamente en nuestras costas, contradiciendo los propios principios de la ley vigente, sino que se inicia un trámite de reforma de la misma que va a tener como consecuencia el incremento muy sustancial de los riesgos contra la población y sus bienes; y sólo para facilitar el negocio particular de unos cuantos. ¿Y luego extraña que algunos políticos sean mal valorados y arrastren a todos los demás a esa mala valoración? Porque, señor Ministro, las inundaciones no se producen sólo en nuestros ríos. Los temporales marítimos generan daños de igual o mayor importancia. ¿Y sabe qué efectos va a tener su medida de legalizar las construcciones a más de 20 metros de la playa? Seguro que contestará que dar unos cuantos votos más al PP a costa de los presupuestos públicos y del interés general de los ciudadanos asociado a recuperar, para su disfrute y valoración territorial, unos terrenos que nunca se debieron edificar.

Desgraciadamente, en estos temas los verdaderos problemas no son adecuadamente conocidos por los ciudadanos, existe una tremenda inercia e intereses particulares que sesgan su enfoque y soluciones, y la población tiene una información que no permite una participación y defensa de sus intereses de forma adecuada. Así, la idea dominante es que la gran obra pública es siempre la solución, porque ésta es la idea que año tras año trasmiten los interesados y beneficiados por las mismas, junto con una parte de los políticos no bien informados o que no les interesa estar bien informados, porque se benefician de la “inercia” del proceso.

Un conocimiento adecuado de los costes que implica cada “gran obra”, de los beneficios que genera y de quién recibe estos beneficios, así como de cuanto le cuesta al ciudadano (por lo que paga y por lo que se deja de hacer con los recursos que se invierten en las mismas) seguramente cambiaría la opinión pública y disminuiría el peso de las presiones de los ‘lobbys’ históricamente beneficiados por este tipo de actuaciones; sobre todo si los políticos constataran que el apoyo de los votantes contrarresta y compensa la posición de dichos’ lobbys’.

El gran reto es lograr que los conocimientos, ciencia y tecnología actuales, que pueden resolver o minimizar la mayoría de los problemas existentes en las materias tratadas en este artículo, ayuden a conseguir una reacción social que posibilite el cambio de “modelo de solución”. Hay que promover que en cada inundación, que muestra hasta donde llega la lámina de agua, se haga como hacían nuestros ancestros (y como se hace normalmente en la mayoría de los países europeos) señalando con testigos perennes en los propios edificios y cauces, hasta donde llega la lámina de agua para que se sea consciente de que, más tarde o más pronto, el fenómeno se repetirá y los desastres se reiterarán si se actúa por debajo de ese nivel con elementos de riesgo.

Si por desgracia hay víctimas los responsables siempre se refieren a “las ingobernables fuerzas de la naturaleza”; o a “que los cauces no están nunca suficientemente limpios”; o a que no se han hecho las suficientes “infraestructuras”, “muros de contención” u otras “inversiones” (siempre obras) que, desgraciadamente, se realizan para periodos de recurrencia del fenómeno de 100 años o menores, para reducir y “viabilizar” sus costes. Y, ¿qué pasa si la inundación se corresponde con un período de recurrencia mayor? Que el desastre es inevitable y que, a veces, las propias obras realizadas ayudan a su magnificación.

Esto lo sabemos los ingenieros que nos dedicamos a estos temas desde hace muchos años, igual que sabemos que el preservar las llanuras de inundación en la inmensa mayoría de los casos es mucho más económico que el actuar por la vía de la realización de nuevas infraestructuras. Y, que, además, esta preservación permite que los ciudadanos dispongan de espacios para el ocio y esparcimiento, en unos parajes ideales desde muchas perspectivas, como son las riberas de los ríos, cada vez más apreciados y valorados desde el diseño urbano y desde las medidas de mejora de la calidad de nuestros pueblos y ciudades.

La Unión Europea, con su Directiva sobre Inundaciones, ha ayudado a que esta idea tomara mayor relevancia. Los riesgos de que su gravedad tienda a aumentar como consecuencia de la dinámica del cambio climático ya no es dudosa para ningún científico ni para la propia Unión Europea. Sin embargo, siguen existiendo “especialistas” que por causas desconocidas (aunque en algunos casos no son tan desconocidas) siguen quitando importancia a estos crecientes riesgos y a las medidas sencillas (aunque ni fáciles ni rápidas de ejecutar) que deberían llevarse a cabo para proteger el bien más preciado (las vidas humanas en riesgo) y los daños crecientes que estos fenómenos están generando no sólo en España, sino en muchos países del mundo.

Como conclusión, España tiene una capacidad extraordinaria de regulación y laminación del agua y unos sistemas de gestión de avenidas que, si se mantienen y gestionan adecuadamente, pueden significar una ayuda imprescindible para optimizar el recurso hídrico y minimizar daños por sequías e inundaciones. Pero también es el país de la Unión Europea más vulnerable al cambio climático y en el que la relación agua/territorio genera frecuentes “guerras del agua” directamente ligadas a las subvenciones públicas asociadas al uso del agua por la agricultura. Dificultando la capacidad de laminación se encuentran las concesiones hidroeléctricas históricas en las que las exigencias de desembalses preventivos por parte de las confederaciones dan lugar a demandas de indemnización por las empresas, lo que disuade tal petición, sobre todo en situaciones de fuerte restricción de fondos públicos, como la actual. Restricción que, por otro lado, afortunadamente limita la realización de nuevas grandes presas en un país en el que las que eran razonables, eficaces y eficientes ya están construidas; y en el que las que están planificadas y no construidas tienen, generalmente, graves problemas de seguridad, exigen volúmenes muy elevados de inversión y su eficacia en el conjunto de la red es marginal.

Por lo tanto, señor Ministro, céntrese en la corrección de la pérdida de capacidad de laminación de los embalses existentes propiciando su limpieza y seguridad, y en la limpieza de los ríos y, sobre todo de las llanuras de inundación, de los usos de suelo que impiden un paliativo natural a las inundaciones y a sus riesgos. Elimine los obstáculos urbanos, incluidas viviendas, colaborando con los ayuntamientos al realojo de los afectados, o a la relocalización de las segundas residencias en áreas no inundables; establezca medidas conjuntas con las administraciones territoriales para municipios en que es imposible evitar el riesgo de inundación, porque en su inmensa mayoría son inundables (por ejemplo Alcira, en Valencia) para que el diseño urbano y edificatorio minimice los daños, y para evitar que se ocupen nuevas superficies por la urbanización obligando a la compactación urbana en altura. Todas estas medidas de gestión son siempre más económicas –incluidas expropiaciones de edificios- que la actuación en grandes infraestructuras, que tampoco las condiciones económicas del país le van a permitir realizar en la próxima década. Actúe de forma responsable y exija que se recuperen las llanuras de inundación históricas o, en su defecto, promueva la creación de otras nuevas en los puntos críticos (confluencias de ríos) para evitar la generación de daños a las personas y a su patrimonio. Y no sea demagogo con la coletilla de siempre –“haremos las grandes obras que van a solucionar los problemas”- que es falsa, por mucho que se haya logrado inculcar en el subconsciente ciudadano.