El pasado12 de marzo, el Presidente de la Comisión europea, José Manuel Duräo Barroso, anunció la celebración, para el 7 de mayo en Praga, de una Cumbre sobre empleo dado que las previsiones auguran un desempleo superior al 10% en la UE a finales de 2009. Con el fin de prepararla, la Comisión, en cooperación con los respectivos gobiernos nacionales, propuso la celebración de sendos seminarios en Praga, Estocolmo y Madrid, a los que se pretendía asistieran los interlocutores sociales nacionales y la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Pero ante la evidencia de carecer de un Plan de Empleo comunitario que pudiera ser coordinado con los Estados miembros y ante el miedo a que la cumbre se convirtiera, en esas circunstancias, en un rotundo fracaso en vísperas, además, de las elecciones al Parlamento Europeo los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron cancelar la cita.
Todo un síntoma de falta de liderazgo político. Y ello precisamente en un contexto en el que muchos indicadores anticipan que la recesión se podría convertir, si no se actúa decidida y masivamente, en depresión; en el que los planes europeos de relanzamiento económico están muy por debajo de los aprobados, por ejemplo, en EEUU; o cuando los países de Europa central y oriental integrados en al UE dan muestras de grandes dificultades económicas (sus necesidades de financiación se elevan a 200 mil millones de euros), agravadas en el plano social por las exigencias impuestas, a los Estados afectados, por el Fondo Monetario Internacional. Un contexto caracterizado también por el riesgo de que la crisis conlleve un retroceso de los salarios y de la protección social a añadir al que se viene sufriendo desde 1992 -, lo que, además, reforzará la debilidad de la demanda y acentuará las tendencias deflacionistas. Y en el que, por añadidura, se observan preocupantes signos de proteccionismo y xenofobia, como consecuencia de la falta de propuestas industriales y económicas conjuntas en el ámbito europeo y de la carencia de normas sociales armonizadas que eviten el dumping social. Todo ello, en vísperas de la cumbre del G-20, en la que, se suponía, Europa iba a contribuir a la misma con propuestas que fueran más allá de algunas medidas (más bien tímidas, por otra parte) para la regulación del sistema financiero y de los paraísos fiscales.
El que no se vaya a celebrar la cumbre extraordinaria sobre el empleo no significa, sin embargo, que las organizaciones sindicales agrupadas en la CES no hayan realizado sus propuestas. Aportaciones que se pueden resumir en los puntos siguientes.
1.- Lo primero que el movimiento sindical demanda para evitar que la actual recesión derive en una gran depresión es que la UE asuma el papel director que le corresponde. Y que, hasta ahora, no ha ejercido. Frente a la crisis, la coordinación europea está siendo, más que insuficiente, inexistente. Más allá de las apariencias, el plan de relanzamiento europeo es un conjunto de planes nacionales. Pero las medidas adoptadas aisladamente por cada Estado es imposible que puedan atajar la crisis con la eficacia requerida. Nunca se ha puesto realmente en marcha un plan de relanzamiento concertado, ni se han adoptado de forma conjunta las medidas de relanzamiento económico y cada uno ha elaborado su propio plan de salvamento bancario.
Sin embargo, únicamente la UE podría apoyar financieramente a los Estados miembros que lo requirieran, hacer frente a la presión de los mercados financieros sobre las monedas de algunos países de la UE no integrados en el euro o impedir que la rigidez de determinadas reglas como las normas contables internacionales o el pacto de estabilidad europeo – perjudiquen fuertemente a las economías europeas. La UE es, igualmente, quien puede garantizar reglas uniformes de concurrencia en el mercado interno y crear las condiciones para evitar en su seno un repliegue proteccionista y la concurrencia social.
2.- Ejercer ese liderazgo implicaría, de entrada, dotarse de un sistema europeo de prevención y supervisión, encargado de controlar los mercados, de imponer reglas de gestión financiera, establecer adecuadas exigencias de capitalización a las instituciones financieras, evaluar las actividades bancarias y de establecer, en su caso, sanciones. Pero, sobre todo, en estos momentos sería necesario disponer de instrumentos y medidas de intervención.
Entre ellos, la creación de un gran fondo europeo, destinado a reforzar el sistema financiero y los grandes sectores económicos. Fondo que estaría financiado mediante la emisión de deuda, garantizada por la UE y los Estados miembro. Sería necesario, igualmente, que el Banco Central Europeo combata la especulación contra el euro en los mercados financieros y, sobre todo, respecto a aquellos países como Irlanda, Grecia, Italia, España o Portugal – cuyos tipos de interés, en los préstamos a largo plazo, tienen mayores diferencias respecto al tipo de interés alemán.
Otras medidas demandadas por la CES son la emisión de obligaciones en la zona euro y un aumento sensible del presupuesto europeo, con la consiguiente creación de impuestos europeos. También el poner coto a la concurrencia fiscal, establecer un calendario para luchar contra los paraísos fiscales, establecer una base fiscal armonizada para la fiscalidad de las empresas, las plusvalías de los activos y los gravámenes sobre las grandes fortunas. O aumentar el fondo de la balanza de pagos de la Comisión hasta 100 mil millones de euros (en lugar de los 25 millardos actuales) para evitar la especulación de los mercados financieros hacia los países de Europa central y oriental e impedir los programas de ajuste social del FMI en Europa. Y, aumentando los ingresos fiscales, incrementar sustancialmente la dotación al Fondo social de ajuste a la mundialización y al Fondo social europeo.
3.- Por otro lado, las organizaciones sindicales demandan una utilización más flexible de algunas reglas como las normas contables internacionales, el acuerdo del Banco de Basilea sobre la valoración de los fondos propios de las empresas y el pacto de estabilidad europeo que conforman un triángulo que estrangula la actuación del sector público. Cuando, sin embargo, es éste el único capaz de contrarrestar la política de exclusiva amortización de deudas en que está inmerso el sector privado.
La CES aboga por acabar con la locura de las políticas procíclicas, antes de que éstas amplíen aún más los desastres causados en el pasado al empleo y a la economía. Para ello sería necesario, especialmente, utilizar toda la flexibilidad que permite el pacto de estabilidad reformado en 2005. Por ejemplo, no teniendo en cuenta, a efectos de déficit público, las inversiones que van a ser necesarias para el relanzamiento económico y el cambio del modelo productivo hacia una economía acorde con los desafíos ambientales. En este sentido, volver, sin esperar a consolidar el despegue de la crisis, a una aplicación estricta de las reglas de pacto de estabilidad podría arruinar las posibilidades de recuperación económica a partir de 2010.
4.- Habida cuenta de que la recesión es estructural y que el sector privado va a limitar drásticamente los gastos y las inversiones en los próximos tiempos, dando prioridad a la reducción de su endeudamiento, la economía necesita un nuevo motor de crecimiento y de creación de empleo: las inversiones públicas. A tal efecto, los sindicatos reclaman un nuevo programa específico de relanzamiento equivalente al 1% del PIB de la UE destinado a las energías renovables, las tecnologías limpias, las infraestructuras y las redes europeas, la promoción de otro tipo de coches y de transportes ecológicos.
5.- Junto a un relanzamiento económico vía saneamiento de los bancos (con la fórmula sueca de nacionalización de las entidades crediticias), la puesta en marcha de un plan de grandes inversiones y del apoyo al consumo para afrontar la crisis es necesario un fuerte compromiso social, un new social deal, propiamente europeo. Un compromiso al que se debería destinar, es la propuesta de la CES, otro 1% del PIB comunitario. Compromiso que comprendiera la extensión y el reforzamiento de los sistemas de indemnización del paro, especialmente para los trabajadores precarios; inversiones masivas en el terreno de las competencias profesionales y la garantía de un empleo, o de una actividad formativa, para todos los jóvenes que accedan al mercado de trabajo en 2009; la creación de empleos directos en el sector social: guarderías, atención a las personas dependientes, enseñanza, sanidad, protección del medio ambiente; el apoyo a las medidas y acuerdos en las empresas y sectores productivos que garanticen el empleo mediante la reducción del tiempo de trabajo; la garantía de la igualdad de trato y salarial en toda la comunidad; el reconocimiento de los derechos sindicales transnacionales; el cambio del gobierno de las empresas para reequilibrar la posición de los trabajadores y la dimensión social en las opciones estratégicas de las empresas.
6.- La Confederación Europea de Sindicatos considera, por otro lado, que la moderación salarial, que se ha propugnado en el pasado y se quiere acentuar en la actualidad, ha formado parte del problema que ha dado lugar a la crisis actual. Ella formaba parte de una política económica dependiente del endeudamiento excesivo (para compensar la menor distribución vía salarios y la menor redistribución vía prestaciones sociales que se viene dando desde hace veinte años) destinado a mantener el nivel de actividad, pese a las crecientes desigualdades y a una sistemática redistribución de los beneficios del crecimiento desde el trabajo hacia el capital (la participación de los salarios en la distribución de la renta ha descendido en Europa 11 puntos en los últimos 25 años).
La CES entiende que esta lógica perversa no debería continuar ya que si se sigue el camino de una concurrencia salarial en la UE, lo que ahora es débil inflación desembocará en deflación y ello supondrá el aumento de los tipos de interés y el agravamiento de la recesión. En consecuencia, se demandan tres cosas. En primer lugar, un marco europeo sobre la evolución de los salarios. En segundo lugar, una intervención europea para garantizar la igualdad de trato y la igualdad de salarios para los trabajadores desplazados en el interior de la UE. Las libertades del mercado no pueden prevalecer sobre los derechos fundamentales de los trabajadores y los convenios colectivos. Ello implica una revisión de la directiva de desplazamiento de trabajadores (que, muy probablemente, le corresponderá gestionar a la presidencia española de la UE, en el primer semestre del año que viene) así como la incorporación al Tratado de Lisboa de un protocolo social de no regresión.
Y, en tercer lugar, el establecimiento de severas medidas contra los excesos practicados por las empresas en términos de primas, remuneraciones, stock options, contratos blindados de los directivos. También se reclaman medidas contra el reparto de dividendos excesivos (al objeto de atraerse el ahorro y la inversión) en las empresas en general y en las apoyadas con medidas públicas, en particular.
7.- Los sindicatos europeos tampoco comparten la posición del Consejo Europeo respecto a lo que hay que abordar en la próxima reunión del G-20 en Londres. La confrontación entre los europeos (que quieren que sólo se hable de la regulación financiera) y los americanos (que pretenden dejar eso para más tarde y centrarse en el relanzamiento económico) resulta artificial: ambas cuestiones están vinculadas y la actual crisis requiere actuar, al mismo tiempo, sobre los dos frentes. La posición sindical, en consecuencia, solicita que, en ese foro, se adopten medidas para la recuperación, el crecimiento sostenible y la creación de empleo; la nacionalización de los bancos y el establecimiento de nuevas regulaciones financieras; medidas para combatir el riesgo de deflación salarial y revertir décadas de desigualdad; medidas de gran alcance respecto al cambio climático; y un nuevo marco legal internacional para regular la economía global junto a la reforma de los organismos económicos y financieros mundiales.
Finalmente, añadiré de mi coleto, llama extremadamente la atención que, ante este panorama autista de la UE, las fuerzas y gobiernos de izquierda sigan sin proponer candidaturas alternativas a las del Sr. Barroso para presidir la Comisión Europea. Si no lo hacen no debe ser porque no haya candidatos con perfiles mucho más acordes con las posiciones socialdemócratas. Incluso circunscribiéndonos al llamado club de los ex Primeros Ministros (hay un acuerdo implícito para extraer de ese caladero los Presidentes de la Comisión) un rápido y parcial repaso nos trae a la memoria nombres como los de Lionel Jospin, Michel Rocard, Máximo DAlema, Felipe González, Antonio Guterres, Poul Rasmussen. Probablemente se piense que no merece la pena dar una batalla que parece, a priori, perdida a favor de la mayoría actual de gobiernos conservadores. Pero en ningún sitio está escrito que no se pueda alcanzar una mayoría de progreso en el futuro Parlamento Europeo, lo que condicionaría mucho el nombramiento del futuro Presidente de la Comisión. Y, seguramente, el lanzar otra candidatura (además de un programa con señas de identidad claras y soluciones diferentes) podría ser un factor importante para conseguirlo.
