Ahora bien, todos los demócratas, ocupemos una responsabilidad pública o no, estamos también sujetos a la crítica de quienes hacen uso de la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución. Y no hay más límite en este ejercicio libérrimo que el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos de los demás.

Si las reglas de nuestra democracia amparan la crítica al presidente del Gobierno, a los ministros, a los alcaldes, a los diputados y a los senadores, ¿por qué no va a admitirse la crítica a los jueces? Si a mí se me puede criticar como legislador, sin que a nadie se le ocurra que tal valoración amenaza mi independencia o mi autonomía en la elaboración de las leyes, ¿por qué una valoración crítica sobre la actuación de determinados jueces ha de interpretarse como un ataque a su independencia o su autonomía como juzgadores?

Durante los últimos meses, la derecha política y mediática ha enfangado el panorama nacional con infundios tales como que Zapatero es un “aliado de ETA”, que Rubalcaba promueve “chivatazos a los terroristas”, que Bono se ha “enriquecido ilícitamente”, que el rector Berzosa impulsa “actos guerracivilistas”, que el Fiscal General persigue a los ciudadanos en razón de su militancia política, que la policía “manipula pruebas”, que el Ministro de Justicia aprovecha una cacería para planear “procesos contra la oposición”, que el juez Garzón ha sido “militante socialista”…

No han dejado títere con cabeza, llevando sus críticas mucho más allá de lo que establece nuestro ordenamiento como ejercicio legítimo de un derecho, porque se miente y se calumnia, sin respeto por las personas y sin respeto por las instituciones, sean jueces o ministros. ¿La razón? Simple estrategia política: el intento de desgastar al Gobierno y de camuflar las vergüenzas propias. Por eso llama tanto la atención su denuncia en tono melodramático por las diversas valoraciones críticas que se están llevando a cabo con motivo del proceso a Garzón a partir de las denuncias falangistas.

A mi juicio, el empeño de algunos por echar a Garzón de la Audiencia tiene poco que ver con la nostalgia franquista y tiene mucha relación con lo de siempre, con el poder y con el dinero. Quienes en su día urdieron y hoy ejecutan esta operación, desde el escaño, desde la redacción y desde la toga, buscan acabar con Garzón para consolidar su dominio sobre la judicatura con un guillotinamiento ejemplarizante. Y buscan también desmontar la instrucción judicial que puede llevar a la cárcel a muchos implicados en las corruptelas del caso Gürtel. Probablemente, la denuncia de Falange sobre el proceso a los criminales franquistas solo haya sido un instrumento, de uso gozoso, eso sí.

Por lo tanto, quien no quiera recibir críticas que se dedique a menesteres menos expuestos. Todos los responsables públicos estamos sujetos al enjuiciamiento de nuestra conducta por parte de los ciudadanos a los que servimos. Y puestos a criticar al que critica, yo me centraría en aquellos que a falta de razones utilizan la descalificación y la infamia para obtener rendimiento político. Rajoy y Cospedal no deben salir de su casa para encontrarlos.

Sólo un pero más. Ojalá esa gran mayoría de demócratas que hoy se escandaliza justamente por las maniobras arteras del franquismo irredento no caiga en la trampa de su provocación. La Transición democrática y la Constitución de 1978 constituyen el mejor antídoto contra aquel veneno.