Que algunos grupos terroristas han colocado el tráfico aéreo en su punto de mira es un hecho. Que la seguridad precisa para atajar o limitar el riesgo de atentado tiene un precio a pagar por el usuario también es una evidencia. Y la gran mayoría de los ciudadanos están dispuestos a pagarlo. Pero con condiciones. La proporción, la eficacia y la reducción de la arbitrariedad son las condiciones más comunes.

Hemos de ser conscientes de que la amenaza es cierta. La repercusión extraordinaria que un atentado en un avión adquiere a nivel internacional, junto a los perjuicios que ocasiona el inevitable reforzamiento de las medidas de seguridad son factores que los terroristas tienen muy presentes. Estos grupos buscan generar miedo y caos, y saben que pocas noticias provocan más miedo y caos que una matanza en un avión.

Si el riesgo es cierto, las medidas de protección son imprescindibles. Y la afección a los derechos y a la comodidad de los viajeros es, hasta cierto punto, imposible de evitar. Los registros corporales, la revisión de los equipajes, las colas, las esperas… son medidas que amenazan a diario el pudor, la intimidad, la paciencia y los intereses legítimos de muchas personas. Hay quienes sufren de forma traumática, por ejemplo, el desvestido o el tacto personal que requieren algunos procedimientos.

Insisto en que buena parte de los ciudadanos que hacen uso de los servicios de aeropuertos y líneas aéreas están dispuestos a asumir los costes implícitos a la seguridad. Ahora bien, lo harían en mejor disposición si se cumplieran algunos propósitos de pura lógica.

Primero la coordinación. Resulta inquietante comprobar cómo las medidas que se presentan como imprescindibles en determinado aeropuerto no se aplican en otro similar, dentro del mismo marco europeo. Tampoco se entiende que el resto de modos de transporte carezca de medidas de seguridad equivalentes, cuando han sido objeto ya de graves atentados. En segundo lugar, la proporción. Los usuarios desconfían de las medidas extremas impuestas al calor de los debates públicos, pues a menudo parecen más orientadas a proporcionar una coartada al dirigente político cuestionado que a aumentar la seguridad efectiva.

Tercero, la eficacia. Los ciudadanos pueden aprender a ignorar que sus formas corporales están siendo examinadas al detalle por perfectos desconocidos en beneficio de su seguridad. Pero ayudaría mucho saber que, a la par, los servicios de inteligencia coordinan y aplican eficazmente sus informaciones para evitar, por ejemplo, que un terrorista nigeriano con intenciones aviesas, identificado públicamente hasta por su padre, pueda subir a un avión cargado de explosivos. Y también ayudaría aplicar los avances técnicos y organizativos para ir sustituyendo los desvestidos y los cacheos utilizados como seguridad desde la edad media por medidas más eficaces y menos invasoras de la intimidad.

Y por último, acabar con la sensación de arbitrariedad. Posiblemente lo que más irrite a un sufrido pero convencido usuario de cualquier aeropuerto, sea la convicción de que el agente de seguridad privada que determina quién ha de quitarse los zapatos o quién debe ser cacheado, actúa con un grado de discrecionalidad excesivo. Establecer normas claras, conocidas, previstas, homogéneas y aplicadas con educada consideración ayudaría mucho a aminorar los resquemores que provocan estas medidas.

Este es el camino emprendido por el Gobierno de España. Aquí no hemos reaccionado con precipitación ante las últimas polémicas. Nuestro país ejerce la presidencia de la Unión Europea y ha situado en la próxima reunión de su Consejo de Transportes el escenario para un análisis riguroso de la situación y para la adopción de decisiones coordinadas y eficaces.