Por ello, la franja litoral es “un recurso escaso, absolutamente clave, estratégico y no renovable», en el que, desde el punto de la vista de la sostenibilidad, «se deben minimizar las tasas de consumo y propiciar la reutilización del mismo, y por supuesto dejar zonas tal como están para las próximas generaciones”. Por otra parte, la gestión del litoral es muy compleja desde el punto de vista administrativo por la existencia de unos 500 municipios según la distancia a la línea de costa, 23 provincias y 10 comunidades autónomas y por las múltiples políticas y expectativas que gravitan sobre el mismo.

Este ecosistema ha sido profundamente transformado durante las dos últimas generaciones. La principal causa de deterioro ha sido la urbanística, las extensas fachadas litorales de segundas residencias, los kilómetros y kilómetros de paseos marítimos, etc. La presión ha sido tal que hoy, ya casi la mitad de los primeros 500 metros en el litoral mediterráneo (un 43%) ya está construida. Con los datos del proyecto Corine Land Cover se observa que la tasa diaria de urbanización en esta franja, (que además es la más expuesta a la irregularidad climática y los fenómenos climatológicos adversos), ha sido de dos hectáreas diarias de 1987 a 2005, pasando de 58.000 hectáreas a 72.000 en solo 18 años. En los dos primeros kilómetros de litoral fue de 6,2 ha/día. Políticas públicas como la realización de infraestructuras de alta capacidad, la habilitación de nuevos aeropuertos de bajo coste, crear grandes superficies comerciales, o la declaración de espacios protegidos han jugado un papel clave. Unido a estas políticas, se observa un «proceso de basculación de la población española hacia el litoral», lo que se ha denominado la litoralización de la población española. Algunos municipios han multiplicado el número de viviendas por 10, o por 100, sin los necesarios servicios públicos, sin guarderías, hospitales, centros de ocio, etcétera, pero también sin depuradoras, sin adecuada gestión de residuos, etcétera, y han generado urbanizaciones que además la mayor parte del año quedan vacías. Esta hiper urbanización y falta de infraestructuras ambientales adecuadas, que ya existe en gran parte del litoral mediterráneo y las islas, se ha extendido a multitud de enclaves en el norte de España, generando graves problemas de congestión, calidad paisajística, de aguas, dotación de infraestructuras sociales, etcétera, que implican una superación de la capacidad de carga en numerosos destinos turísticos. Este hecho ha determinado que peligre a corto plazo incluso este sector, favoreciendo que vuele a otros lugares, con mejores paisajes, mejor calidad del agua, etcétera. Ya hay competencia en el mediterráneo y en otros entornos, donde se anuncia el “mediterráneo tal como era”. Esto no lo dicen los ecologistas, sino la propia industria hotelera, y el problema no es que lo diga ahora, sino que lo hace realmente, desde hace ya años… con destinos menos sobresaturados y degradados como México, República Dominicana o Brasil. El sector turístico, inmobiliario y constructor, buscando hasta la primera línea de playa y contribuyendo a la congestión de una forma suicida han determinado, con su hipertrofia, que actualmente el mediterráneo acumule el 63% de vivienda nueva pendiente de venta.

Unas 518.000 viviendas, las dos terceras partes del ‘stock’ de vivienda nueva existente en España. Esta ocupación de la primera línea del litoral tiene graves consecuencias sobre la funcionalidad física y ecológica del litoral, la dinámica de materiales en la costa, la biodiversidad, la estabilidad de las playas e incrementa el riesgo sobre los bienes por temporales, tormentas, etcétera. Estos servicios de los ecosistemas se han reducido de una forma muy importante, como ha quedado claro en el reciente proyecto Ecosistemas del Milenio. Además, estos riesgos se acentuarán con el cambio climático.

Ha sido pues la falta de planificación, previsión, transparencia, rendición de cuentas y visión global el principal peligro para la sostenibilidad de este frágil ecosistema. Y si bien es cierto que podemos encontrar ejemplos de buenas prácticas en algunas CCAA, Consejos Insulares y municipios, es evidente que la mayor parte ha evolucionado hacia pautas menos sostenibles.

LA LEY DE COSTAS DE 1988

A finales de la década de los ochenta, intentado aminorar algunas de estas tendencias que se adivinaban insostenibles, y en contra, de lo sugerido por G. Hardin en 1968 sobre la Tragedia de los Comunes, donde parecía que el egoísmo y el beneficio particular era capaz de acabar con cualquier recurso común se diseño la Ley de Costas. Esta Ley está en la línea de la defensa de los comunes, que hoy aparece argumentada por académicos como la reciente premio Nobel de 2009 Elinor Ostrom, que nos demuestran que la inteligencia colectiva y la gestión racional de los recursos, con adecuados niveles de gobernanza, son capaces de encontrar soluciones para salvaguardar un recurso común. La Ley de Costas de 1988, amparada en el artículo 132.2 de la Constitución esgrimía como los bienes de dominio público en general, los comunales y los que integran el Patrimonio Nacional, están subordinados al interés general, y así se refiere en concreto a los bienes destinados especialmente al servicio del interés público, como la costa, mediante su afectación como temas que están fuera del comercio (res extra commercium). Esta Ley pretendía delimitar, en un plazo de cinco años, las zonas de dominio público, (DPMT) prohibiendo la construcción en las mismas. La Administración central, desde esa fecha fue construyendo con desigual fortuna y desesperante lentitud un espacio público. En el 2009, provincias como Alicante tenían solo un 75% deslindado, y aún hoy, queda un porcentaje conflictivo en toda la costa a deslindar. Hubo problemas como la falta de criterios científicos claros, de publicación en catastro y articulación en instrumentos, como que registradores y notarios tuvieran fe de lo que era público, etcétera. Por otra parte, se consintieron miles de ocupaciones ilegales que va a ser difícil revertir a terreno público, incluso impidiendo el acceso a las playas o al mar, (aunque estas edificaciones están en una detallada base de datos). Además, recientemente, se legisló a favor de empresas, como en el caso de Petronor o urbanizaciones como en el caso de cabo Rosas, en la Ampuria Brava.

La Ley permitió la existencia de edificaciones previas como concesiones estatales durante 30 años (prorrogables hasta 60) antes de que estos terrenos pasaran otra vez a dominio público. Este plazo acaba en 2018 y era conocido. Si este plazo se alarga, los que lo han cumplido no pueden ser ahora los perdedores; sino, serán, como es lógico los primeros en reclamar. A pesar de estos graves problemas, en general, la Ley de Costas ha funcionado. Las diferentes Administraciones que han gobernado, es decir UCD, PP y PSOE, prácticamente en periodos de ocho años, la han llevado a la práctica, si bien con diferente entusiasmo. El trabajo muy profesional de cientos de ingenieros y algunos ecólogos, ha defendido con uñas y dientes este espacio de todos, a pesar de que las presiones han sido enormes por parte de promotores, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que en muchas ocasiones han permitido la construcción sin preocuparse siquiera de los gastos que iba a provocar posteriormente. Probablemente las dos mejores, y posiblemente únicas, aportaciones significativas de la política ambiental española han sido la consideración de las cuencas hidrográficas como unidad de gestión y la delimitación de un dominio público común a lo largo de la costa. Ideas hoy exportadas y que han servido de ejemplo a la legislación de otros países.

NUEVO CONTEXTO Y GRAVES RIESGOS POR UNA NUEVA LEY DE COSTAS MÁS PERMISIVA

Es cierto que hay que mejorar la Ley de Costas. Esta Ley, fue avanzada en su época, pero cuando se legisló en su día no se pensó que habría tal presión urbanística. Tampoco existían las Comunidades Autónomas con sus actuales competencias.

Además, tampoco, se veía venir con la magnitud que ahora se comprueba el incremento del riesgo del cambio climático. El aumento del nivel del mar, el cambio en la dirección y magnitud del oleaje, y las trayectorias de los temporales supondrán cambios en las playas y tendrán efectos en las infraestructuras. Tampoco se veía tan claras las exigencias y demandas por parte de la sociedad para la protección de la costa como existe actualmente. Ni las importantes zonas de litoral ya degradado. Esto hechos obligan a la permanente actualización del DPMT. La relajación de esta ley de costas implicaría graves riesgos sobre el porcentaje sin edificar, pero además abriría el “melón” sobre las decisiones y sentencias ya cerradas, de forma que todos los propietarios y promotores querrían que se les aplicase la nueva ley, creando, ahora sí, inseguridad jurídica al perjudicar injustamente a los que ya cumplieron con ella.

ESCENARIOS DE FUTURO: TENDENCIAL O “MAD MAX”

Parece necesario lanzar el debate de cuál debe ser el futuro de la costa. Es posible imaginar un ‘escenario tendencial’, donde se mantenga el ritmo de urbanización, hasta la colmatación del litoral como sucede en algunas provincias mediterráneas. En tan solo 126 años, por ejemplo, en la franja de 500 metros en el mediterráneo ya estaría todo construido (158 años en 1km y 191 años en 2 km). Este modelo seguido, además, es caro. Hay un importante presupuesto de la administración para re-poner playas, donde no las hay y donde todos los años se las lleva el temporal, o costosas obras de ingeniería para proteger construcciones o urbanizaciones que invaden el dominio público. La gran vulnerabilidad de este modelo, con el cambio climático, se verá incrementada en el tiempo.

UNA COSTA MÁS NATURAL IMPLICARÍA MENOR GASTO

El abandono del turismo por otros entornos mejor conservados todavía no se ha visualizado por el “espejismo a corto plazo” del aumento de la llegada de viajeros por las inestabilidades de otros países como Túnez o Egipto. El 80% aproximado de esos turistas están viniendo al mercado español. Cuando se estabilicen estos países bajará el número de visitantes. El parón en la construcción desde finales del año 2007, puede parecer que indica que está ahora bajo control, sin embargo las grandes reservas de suelo ya recalificadas como urbanizable (aunque no esté urbanizada), son un riesgo latente para la ‘destrucción de bienes colectivos y privatización’ de la costa. La edificación en los primeros kilómetros de costa nos llevaría a más de lo mismo, situación que nadie puede creer que sea la deseable.

UNA VISIÓN DE FUTURO: LA INTELIGENCIA COLECTIVA APLICADA AL LITORAL

También es posible imaginar un nuevo escenario, que se podía denominar de la ‘inteligencia colectiva’, con una aplicación rigurosa del deslinde y el acceso público, con una contención de la urbanización, una política de declaración de espacios protegidos, de valoración del paisaje y restauración de ecosistemas. Se potenciarán usos como pesca de bajura, agricultura y ganadería tradicional en las zonas costeras. El turismo y el amplio porcentaje de población que vive en las costas, es evidente que preferirán, paisajes bellos y zonas no degradadas y elegirán sin duda un marco estable y sostenible en vez del escenario tendencial caracterizado por la congestión y la contaminación. Si se utilizan criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, sostenibilidad y transparencia, sin lugar a dudas este segundo escenario será el deseable.

MEDIDAS CONCRETAS: HACIA LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO EN EL LITORAL

En el año 2007 se aprobó la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa que iba en este sentido. En 2011, España ratificó el Protocolo del Mediterráneo y aprobó una Ley de protección del Medio Marino avanzando en las líneas marcadas por la UE. Prácticamente las políticas litorales de todos los países caminan hacia la gestión integrada. Es muy probable que la inmensa mayoría de la ciudadanía prefiera una nueva ley más rigurosa y exigente, basada en la mejor ciencia disponible, que incluya la ‘Gestión Integrada de Zonas Costeras’, la demanda de calidad de la sociedad y la consideración del riesgo ineludible del cambio climático. Es evidente que la protección de la franja de 100 o incluso 500 metros, aunque hubiera sido total, hubiera sido totalmente insuficiente para defender el litoral, por ello será necesaria la permanente y positiva involucración de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Estas actuaciones implican devolver a todos lo que es de todos, rescatando el enfoque de los comunes; y deberá suponer, entre otras, medidas tales como la aplicación de sistemas de compensación a municipios que no hayan deteriorado su costa y se les resarza por el no desarrollo masivo urbanístico. Estos municipios que conservan estos ecosistemas litorales, generan servicios para todos y por ello deben ser compensados. Un sistema puede ser el del “pago por servicios ambientales” que funciona en países como Costa Rica, o figuras como custodia del territorio, etcétera.

Además de otras medidas como la necesidad de restauración ecológica del litoral de amplias áreas húmedas, marismas, playas, áreas degradadas, etcétera; el aumento de áreas protegidas en el litoral, tanto terrestres como marinas, que es clave para detener el proceso de degradación de la costa; mejorar la calidad de las aguas, tanto marinas como litorales o de estuarios con nuevas y mejores depuradoras, inventarios de vertidos y mayor vigilancia sobre buques; una contención en las zonas construidas y del modelo turístico; la realización y difusión de códigos de buenas prácticas en el litoral; el reforzamiento de la gobernanza institucional con la coordinación de los diferentes niveles administrativos; una integración de políticas que afectan al litoral y el aumento de la capacitación de la sociedad civil para proteger a la costa con campañas de difusión y concienciación y pertinentes sistemas de información. Y sobre todo la necesidad de planificación del litoral en su conjunto. No municipio a municipio, sino en términos supramunicipales, provinciales y de Comunidades Autónomas.

En definitiva una visión basada en la sostenibilidad que considerara el recurso no como un recurso minero y no renovable sino como una recurso que es necesario conservar, con funcionalidad, diversidad, etcétera, para las generaciones futuras, donde los empresarios y promotoresbusquen rentabilidades sostenibles y no solo pan para hoy, respetan las reglas y cumplan las leyes y donde los políticos, legislen para el 99 % de la población y sus decisiones se basen en la mejor ciencia disponible. Avanzar en otro sentido sería ir contra la sostenibilidad, hacia un modelo más caro, ineficiente, desigual y contra la propia modernidad, tendiendo hacia un escenario insostenible donde triunfará la tragedia de los comunes y no la inteligencia colectiva. España tiene todavía, en algunas zonas, costas diversas y excepcionalmente valiosas. El desarrollo de los sectores económicos y también la calidad de vida de las generaciones actuales y venideras están determinados por el alcance y los modos de esta ocupación del litoral.

En definitiva, se trata de avanzar en la defensa de lo común. Ahora que se está revisando el modelo de desarrollo, sería muy importante analizar el pasado para entender la actual crisis y planificar un futuro más seguro y sostenible. Es necesario dejar el litoral y la costa para las generaciones futuras. Se ha de valorar la costa, las playas, los humedales, los estuarios, las dunas, como los ecosistemas escasos, valiosos e insustituibles que son y que hay que gestionar de una forma prudente, sin despilfarrar y con mucha inteligencia. Si se siguen estas pautas, creemos firmemente que las generaciones futuras y la nuestra misma lo agradecerán en muy poco tiempo.

(* común: de los comunes, adj. Dicho de una cosa: Que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios. Bienes, pastos comunes)